Cuando fue designado al frente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el pasado 11 de abril de 2011, VÍctor Hortel aseguró que en su gestión buscaría generar un "cambio cultural" dentro de ese mismo organismo.

De profesión abogado, procurador y escribano, hasta antes de ser designado al frente del SPF se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría homónima dependiente de la cartera conducida por el ministro de Justicia, Julio Alak.

Con 49 años de edad y más de 30 en la Justicia penal, Hortel es hoy el máximo responsable de las 45 unidades penitenciarias federales de todo el país y tiene una misión a cuestas que él mismo se ha encargado de delinear: “Llevar a las cárceles la batalla cultural que el kirchnerismo está dando afuera”.

Como puede verse, Hortel carece de objetividad ideológica y política, dato que se desprende del perfil de su cuenta de Twitter. Allí, se define como "negro de mierda. Peronista. Pincharrata. Abogado Penalista. Orgullosamente K" (en Facebook directamente se define como “Satanás” Hortel).

Tal vez ello ayude a explicar por qué impulsó la salida de presos de las cárceles para engrosar actos políticos del kirchnerismo, escándalo cuyos ecos aún resuenan en el ámbito político.

Si bien puntuales funcionarios del kirchnerismo se esforzaron por disfrazar esas actividades como parte de una suerte de “reinserción” de los reos, pronto se demostró que la movida tenía un trasfondo político, tópico admitido incluso por el polémico Vatayón Militante.

Lo ocurrido no solo provocó gestos de repudio por parte del arco opositor, sino también una denuncia penal hecha por del diputado nacional Carlos Comi (Coalición Cívica-ARI), quien puso el foco en el caso de Eduardo Vásquez, ex músico de Callejeros condenado por el asesinato de su esposa. Según el legislador, este “no cumplía con los requisitos que exige la ley para gozar de salidas transitorias”.

A pesar de todo lo dicho, Cristina Kirchner salió a respaldar este lunes al obsecuente Hortel y no dudó en asegurar que la gestión carcelaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) era ejemplar. “Es un modelo por varias muy merecidas razones (...) No tenemos superpoblación carcerlaria”, dijo entonces la mandataria.

La refutación a esas palabras no se encuentra en ningún documento de la oposición sino en el informe 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que comanda el kirchnerista Horacio Verbitsky. Allí se denuncia que “el SPF sigue manteniendo altos índices de violencia, que circula y se concentra en algunas unidades en particular”.

Para que no queden dudas al respecto, allí se asegura que, “en lo que se refiere a la agenda de protección de derechos de personas privadas de libertad, algunos indicadores, como la evolución de muertes, han mostrado un incremento muy preocupante. Mientras que en 2010 hubo 33 muertes, en 2011 hubo 39 (...) Persisten denuncias por hechos de tortura y malos tratos o deficiencias en las condiciones de detención”.

Y como frutilla del postre, en el mismo documento aparece una oportuna crítica hacia Víctor Hortel: “El nombramiento del nuevo jefe del SPF no derivó aún en reformas profundas de su gestión ni de su funcionamiento cotidiano”.

El soldado de Cristina

Pocos saben que gran parte de la carrera profesional de Víctor Hortel fue como docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Para conocer su desempeño en esa casa de estudios basta con navegar por la web: allí, los testimonios de ex estudiantes abundan. Eso sí, ninguno es favorable a su persona.

“Lamentablemente fui alumno de este personaje, un pedante, irrespetuoso, engreído, mal educado, autoritario, que trataba a sus alumnos casi miserablemente (…) Iniciaba la clase, jactándose de su trayectoria, de que nunca estudió un fin de semana”, recuerda uno de sus ex estudiantes, quien menciona una anécdota perversa por demás: “Exigió a sus alumnos que le entregaran una foto carnet en una planilla que contuviera todos nuestros datos personales, nunca supimos para qué, pero se las quedo”.

Si la anécdota suena sorprendente, debe mencionarse otra que lo es aún más. Tiene que ver con lo ocurrido en 2011 en la cárcel Ezeiza, cuando Hortel ingresó a las celdas de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad y comenzó a tomar fotos asegurando ser reportero gráfico interesado en la “suerte” de los uniformados. Días más tarde, esas fotos aparecieron en la oficialista revista Veintitrés.

Lo mismo hizo el funcionario en el penal de Campo de Mayo, donde fotografió documentación personal de algunos detenidos, incluyendo sus agendas y escritos judiciales para luego “aportar” esas imágenes al también kirchnerista diario Página/12.

Uno de sus secretos mejor guardados, tiene que ver con algo ocurrido en el año 1997, cuando era Secretario General de la Cámara de Casación Penal y fue degradado a trabajar en la biblioteca. Finalmente, debió renunciar.

Independientemente de esas anécdotas, Hortel no parece ser el funcionario ideal para ocuparse de comandar los destinos del SPF. No solo por el hecho de desconocer los complicados vericuetos de su propio cargo —llegó a asegurar que el SPF “no tiene una situación estructural de torturas"—, sino por haberse manifestado abiertamente como un “soldado” de Cristina Kirchner. ¿Cómo manejarse libremente con semejante carga pendiendo de su cabeza? ¿Qué opción tomará el funcionario cuando deba elegir entre su convicción personal y los deseos de la Presidenta?

La respuesta es sencilla: Hortel siempre hará lo que le pida la mandataria. Por caso, el envío de reclusos a actos políticos no es más que un pedido del oficialismo para impulsar y acrecentar la militancia K.

El propio funcionario lo admitió sin pelos en la lengua en una entrevista que le fuera efectuada en junio pasado en un medio de Neuquén: “(Queremos) formar políticamente a los presos”.

Allí, Hortel admitió no tener conocimiento sobre “políticas penitenciarias, solo de derechos humanos” y bregó por la “abolición de la cárcel como institución”. Para no dejar dudas, el titular del SPF aseguró: “En términos doctrinarios, hay un gran consenso sobre el fracaso de la pena privativa de libertad como método de reinserción". ¿Cuál es la solución entonces? ¿Liberar a los hoy recluidos? ¿Generalizar las salidas transitorias de quienes purgan pena?

En esa misma entrevista, Hortel dijo que estaba “dando vuelta una historia de décadas” respecto al servicio penitenciario. Si se tiene en cuenta que nunca antes se utilizaron presos para hacer actividades político partidarias, el funcionario está claramente en lo cierto.

Concluyendo

El adoctrinamiento K que Hortel busca imponer a su gestión es fácilmente observable a través de los videos que circulan por Internet y que lo tienen como orador. Allí, el funcionario hace una permanente alegoría de la gestión de Cristina y no duda en admitir sus intenciones de contagiar esa misma “impronta” política a las cárceles.

Mientras estas líneas terminan de escribirse, diario Clarín ha publicado un macabro hallazgo: al igual que Eduardo Vásquez y otros reos, el asesino de un barrabrava también participó en actos K. Se trata de Rubén “Oveja” Pintos, condenado a prisión perpetua por la muerte de Gonzalo Acro. ¿Cómo explicarán esto los funcionarios de turno? ¿A qué pueril recurso apelarán esta vez para defender lo indefendible?

Dijo hace poco Julio Alak: "Queremos que los internos tengan mayor dignidad en su calidad de vida y en su educación para que puedan reintegrarse a la sociedad".

Las intenciones no son nada desdeñables, aunque alguien debería recordarle al Ministro de Justicia que el fin no justifica los medios. Menos aún cuando se abusa de utilización de los derechos humanos como excusa para hacer política de la más baja estofa.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1