Mientras continúa la polémica por las salidas de presos a actos proselitistas de la mano del kirchnerismo y, al tiempo que el ministro de Justicia, Julio Alak, afirma que solo se trata de “salidas debidamente autorizadas por el juez” —que “se realizan para asistir a actividades culturales”—, el diputado de Coalición Cívica Carlos Comi avanzo en una dura denuncia penal contra el jefe del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel, y anticipó que pedirá la interpelación del propio Alak.
Sin embargo, no son los únicos inconvenientes que se avecinan al ya nublado futuro del titular del SPF: según dos artículos de la ley 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, no estaría en condiciones de estar al frente de esa dependencia.
En el artículo 202, por caso, se aclara que “la conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y la jefatura de sus principales áreas así como la dirección de los establecimientos deberán estar a cargo de personal penitenciario con título universitario de carrera afín a la función.”
Hortel es abogado, procurador y escribano, pero no tiene ninguna formación vinculada al tema penitenciario o a alguna fuerza de seguridad. Él mismo lo dijo hace unos días, al confesar no tener conocimiento sobre “políticas penitenciarias, solo de derechos humanos”.
No es la única traba: el artículo 203 de la misma norma asegura que es requisito para estar al frente del SPF avanzar a través de un “concurso interno”. Debe recordarse a ese respecto que Hortel fue puesto en su cargo por el dedo discrecional de Julio Alak.
Alguien bien podría argumentar que tal vez no había ningún otro postulante interesado en competir para ese cargo o que la compulsa se declaró “desierta”. Ese punto también está previsto por la ley: “Cuando por dos veces consecutivas un concurso interno se declarase desierto, se llamará a concurso abierto de antecedentes y oposición”. De más está decir que esto último jamás ocurrió.
Como puede verse, Hortel no es la persona adecuada para comandar los destinos del SPF, no ya por su obsecuencia hacia el kirchnerismo o su incesante permisividad a la salida de reos, sino por los límites que le impone la propia ley.
No obstante, ello no ha sido impedimento para que el oficialismo lo ponga en tan delicado lugar. Por lo visto, lo que se ha valorado en él es su alineamiento político por sobre su conocimiento profesional.
Así la menos lo ha confesado el propio ministro de Justicia el mismo día que lo designó, en junio de 2011: “No es fácil elegir una persona que dirija un área tan sensible como la penitenciaria. Necesitamos compromiso de gestión".
Como dice un conocido dicho del ámbito judicial, “a confesión de parte, relevo de pruebas”.
Christian Sanz
Twitter: @cesanz1