Como un ejemplo más del nerviosismo oficial que por estar horas vive el kirchnerismo frente a la proximidad del 8 de noviembre, la diputada de Unión Por Todos, Patricia Bullrich, denunció este lunes la contratación de una importante consultora de marketing por parte del Gobierno para desactivar la protesta.
Mediante la presentación de un proyecto de resolución, Bullrich le solicitó al Poder Ejecutivo que informe qué ente estatal contrató a dicha agencia —experta en cuestiones comunicacionales informáticas— para destrabar la manifestación prevista para este jueves, así también como los montos de los servicios prestados y detalles del objetivo de la contratación.
Se trata de la agencia S+C+W (Schussheim, Cosin, Weinsteiner) Estrategias en Marketing Político, experta en acciones comunicativas implementadas en las redes sociales, “para promover las acciones gobierno y centrarse específicamente en desbaratar las movilizaciones organizadas desde la sociedad civil en general”, según expresó la diputada, y de donde habría salido la consigna “8N yo no voy”.
La semana pasada, diario Perfil se comunicó con Jorge Schussheim —quien supo ser socio de Fernando Braga Menéndez entre 1979 y 1989, según pudo saber Tribuna de Periodistas— y Marcelo Cosin, de S+C+W, quienes desestimaron la información y aseguraron que crearon esos grupos como un espacio de difusión de ideas, pero no para desbaratar los cacerolazos. Además, rechazaron de pleno la existencia de la agencia, aunque reconocieron que hace tres años la lanzaron, pero que nunca funcionó formalmente. Sin embargo, Cosin, en su página de Internet, asegura ser socio de S+C+W en la actualidad.
Hay que recordar que si bien es lícita la comunicación de grupos políticos acerca de apoyos o rechazos a la gestión, la diputada advierte que no lo es el hecho de que “estas acciones comunicacionales sean contratadas por el gobierno, en alguno de sus estamentos y pagas por los ciudadanos por medio de los impuestos de todos para promover las ideas oficialistas y desarticular manifestaciones de libre expresión de la ciudadanía”.
María Luisa Torres