No mintió: Martín Sabbatella dijo hace semanas que transferiría “de oficio” las licencias del grupo Clarín, en el marco de la siempre polémica Ley de Medios. Esta mañana el titular de la Afsca cumplió su palabra y se apersonó en el edificio del holding al tiempo que notificó a sus abogados justamente eso: que a partir de hoy comenzará el gobierno a “adecuar de facto” esos permisos.

¿Se animará Sabbatella a avanzar aún cuando existe una apelación presentada ante la Justicia por parte de Clarín? ¿Desoirá las advertencias de aquellos que le auguran un fracaso tan o más grande que la “nacionalización” de YPF?

Existe una diferencia sustancial entre la expropiación que se llevó adelante en contra de Repsol y lo que aparentemente sucederá con Clarín: la primera siempre supo ser una empresa española de pésima reputación que se ocupó de vaciar YPF. La segunda es una firma nacional, a cargo de imprimir el diario más vendido de la Argentina y con las señales informativas de mayor penetración en el país.

Por otro lado, los tiempos entre una situación y la otra son claramente diferentes. Cuando ocurrió lo de YPF la economía aún no había explotado y existía cierta confianza en la institucionalidad del Gobierno. Hoy ello no ocurre: la sociedad ya ha mostrado su hartazgo ante el avasallamiento de esas mismas instituciones por parte del kirchnerismo y ha tomado a Clarín como postal del avasallamiento a la libertad de prensa. ¿Cuánto demorará la sociedad en salir a las calles al ver que se avanza contra esa empresa?

Hablando de Repsol: ¿Cuánto le costará a la ciudadanía el chiste de Sabbatella de quitar licencias a Clarín en medio de un proceso judicial que carece de pronunciamiento firme? Por lo visto, el caso YPF, que culminó en los aciagos tribunales del CIADI —demanda millonaria mediante— parece no haber sido suficiente lección para el kirchnerismo.

Está claro que el titular de la Afsca actúa por pedido —y capricho— de Cristina Kirchner. Por caso, la incomodidad con la que lleva adelante su tarea puede verse claramente en sus gestos y hasta en su rostro. Esa es parte de otra fotografía cruel del kirchnerismo, la que exhibe el verticalismo con la que se mueven los funcionarios del Gobierno. Nada se discute, todo debe obedecerse cual si fuera una agrupación castrense. ¿Y si la Presidenta se equivoca en sus decisiones? No importa, nadie jamás se animará a decírselo ni a mencionarlo en voz alta.

Esto último explica por qué tantas erráticas decisiones oficiales se han acumulado a lo largo de los últimos meses. Lo grave es que la mayoría de ellas ostentan un claro sesgo anticonstitucional.

No mienten aquellos que aseguran que Clarín merecía una medida como la que hoy tomó el Gobierno, solo que llegó tarde y mal. Esto mismo debió haber ocurrido entre 2003 y 2008, cuando el multimedios mentía descaradamente para defender al kirchnerismo o en momentos en los que se negociaban oscuros acuerdos bajo mesa entre Néstor K. y Héctor Magnetto.

Es muy bonito que se diga que se quieren pluralizar las voces de los medios, pero la verdad acaba de ser revelada con total crudeza: molesta que se desnude la corrupción y las contradicciones del “modelo”. Ello da fundamento de ser a la suspicaz Ley de Medios.

Ello también explica que hoy se ataque a Clarín por hacer lo que siempre debió hacer: informar.