La ofensiva directa del juez federal Claudio Bonadío hacia la familia presidencial y el contragolpe polifónico del oficialismo contra el magistrado supone un conflicto de máxima seriedad institucional y agrega hostilidades al 2015 electoral.

Bonadío parece decidido a avanzar directamente sobre la Presidenta y sus familiares marcando una especie de hito: investigar a la cúspide del poder "durante" y no una vez que haya concluido su estadía en la Casa Rosada.

Es cierto que la Justicia ya había cercado también de manera inédita al vicepresidente Amado Boudou, pero la arremetida de Bonadío va dirigida contra una jefa de Estado en funciones.

El juez tomó una denuncia de la diputada opositora Margarita Stolbizer por la falta de presentación de balances de una empresa de la Presidenta ante la Inspección General de Justicia y decidió tirar de la piola, sobre un posible delito de lavado de dinero.

Bonadío no es un juez intachable. Apareció en la servilleta del ex ministro del Interior Carlos Corach como uno de los jueces permeables durante el menemismo y acumula numerosas denuncias en su contra. En el Consejo de la Magistratura se sustancian ocho causas.

El Gobierno sostiene que cada vez que una de esos expedientes se mueve, el juez responde con resoluciones o fallos contra funcionarios como Guillermo Moreno, Boudou o Cristina.

El proceder de Bonadío puede ser reprochable pero eso no determina la inocencia de nadie. El juez acaba de pedir las declaraciones juradas de todos los integrantes de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez.

Particularmente avanza sobre una denuncia periodística que trazó el siguiente circuito: los Kirchner habrían beneficiado con la adjudicación de obra pública a Báez y este hizo contrataciones ficticias —a través de la firma Valle Mitre— de habitaciones a los hoteles de la familia presidencial.

Ese hecho ya estaba siendo investigado ante la posible comisión del delito de evasión tributaria, por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart.

La irrupción de Bonadío generó que el Gobierno se defendiera contraatacando: inició una causa penal contra el juez por ser accionista de una empresa que tampoco presentó balances en la IGJ, le abrió otro sumario en el Consejo de la Magistratura y promovió denuncias contra la denunciante, Margarita Stolbizer.

El futuro de Bonadío por ahora no parece correr peligro: la oposición estaría dispuesta a sostener al juez mientras vaya contra el Gobierno y en el Consejo de la Magistratura el oficialismo no tiene los dos tercios para removerlo.

Tampoco parece tener destino exitoso la causa penal iniciada por el senador Marcelo Fuentes por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los jueces pueden desarrollar actividades comerciales si avisan a sus superiores —no se sabe si es el caso— pero el magistrado interviniente, Julián Ercolini no le prestó mucha atención a la denuncia.

Como parte del contragolpe oficial, la AFIP plasmó también una denuncia de alto impacto contra el banco HSBC y sus directivos por evasión fiscal y asociación ilícita. La autoridad fiscal acusó al banco de facilitar la apertura y ocultamiento de 4.040 cuentas de argentinos en una sucursal suiza del holding financiero por 3.000 millones de dólares.

En medio de este ambiente enrarecido entre el Gobierno y la Justicia, el oficialismo avanzó con una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal, que a juzgar por la oposición promueve la contratación de 1.500 funcionarios en nuevas fiscalías para sumar peso en la Justicia lo antes posible.

La pelea política

Difícil es saber si Bonadío se convertirá en un ariete opositor en la campaña electoral. La corrupción —o presunta— en la Argentina comienza a ser una preocupación para la sociedad cuando la economía marcha mal, por lo que habrá que estar atento a esta última variable para mensurar el impacto de la otra.

En ese contexto, Daniel Scioli se muestra por ahora más preocupado por otras cuestiones que por el derrotero judicial de Cristina. De hecho ratificó su alineamiento, cuestionando la "espectacularidad" del procedimiento encargado por el juez.

El gobernador bonaerense juega su suerte a promover mejoras en la seguridad ciudadana. Su última gran apuesta es la promoción de 10 mil nuevos agentes de la policía bonaerense que en principio estarán afectados al Operativo Sol.

"En Mar del Plata vas a pedir una sombrilla y te la va a abrir un policía", bromeó un hombre cercano al gobernador sobre la saturación policial en la Costa Atlántica durante el verano.

Scioli se mostró varias veces en los últimos días con Sergio Berni, el excéntrico secretario de Seguridad nacional quien aparece con buenos niveles de popularidad en Buenos Aires. Podría ser una opción como candidato a gobernador, teniendo en cuenta que Martín Insaurralde está a punto de abandonar su banca de diputado y parece haber reflotado su pase al massismo.

Massa e Insaurralde tomaron contacto en la fiesta de la revista Gente y en el Frente Renovador dan por seguro que van a jugar juntos en las elecciones. Es más se animaron a sugerir que su compañero de fórmula para la Gobernación bonaerense será el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Otra opción competitiva para el Frente para la Victoria es Diego Bossio, quien se va posicionando. De hecho, Florencio Randazzo espera que el director ejecutivo de la ANSeS sea un alfil para recortarle diferencias a Scioli en las primarias, pero Bossio se muestra alternadamente con ambos.

Randazzo busca socios entre quienes no quieren a Scioli. Algunos de ellos son referentes de La Cámpora, como Andrés "Cuervo" Larroque. Entre ellos, con la venia de Máximo Kirchner, analizan la posibilidad de plantarle como máximo dos rivales a Scioli en la interna: uno Randazzo y otro del interior del país para debilitar su ascendencia con los gobernadores del PJ.

Como sea, la mayoría en el oficialismo y especialmente en La Cámpora esperan señales de "la Jefa", que pese a los problemas judiciales, mantiene a la tropa bastante encolumnada (NA).