Sandra Arroyo Salgado cobró inesperada relevancia por los hechos que rodearon la muerte de su exmarido, Alberto Nisman.

Repentinamente, lo que le ocurrió al fiscal especial del caso AMIA la envolvió con un halo de pureza. Es una condición de la cual carecía justo antes de que apareciera el cuerpo sin vida de su exesposo.

Para la gran mayoría de la ciudadanía, su nombre era desconocido antes de que ocurriera lo que sucedió el pasado 18 de enero. Sin embargo, en los ámbitos judiciales supo destacarse casi inmediatamente después de haber sido designada jueza Federal de San Isidro.

Ciertamente, ello pasó, no porque hiciera un trabajo independiente y/o honesto, sino más bien por todo lo contrario. En su juzgado se concentran decenas de causas contra piqueteros, docentes, trabajadores de la carne, de la leche y ferroviarios —entre otros—, procesados sólo por protestar contra la política del kirchnerismo. No es una casualidad: Arroyo Salgado siempre respondió al gobierno de Néstor y Cristina.

Ello explica por qué en estas horas no se escucha de su boca la más mínima crítica contra la presidenta o sus funcionarios más cercanos. ¿Por qué acaso no dice una sola palabra acerca de los desaciertos que cada mañana pronuncia Aníbal Fernández sobre el caso Nisman? ¿Por qué nada aseveró respecto del viraje de la presidenta en torno a las causas que motivaron el deceso de su exmarido?

Como se dijo, Arroyo Salgado tiene un alineamiento con el gobierno que va allende sus propios intereses.

Así se entiende por qué se atrevió a avanzar en batallas que nadie jamás hubiera admitido por cuestiones éticas. ¿Alguien olvidó ya que se trata de la misma jueza que obligó a los hijos de Ernestina Herrera de Noble a hacerse una extracción compulsiva de sangre a pedido del kirchnerismo?

A su vez, es la misma magistrada que lleva adelante un expediente que mantiene procesados a una serie de periodistas, militares y agentes de inteligencia. También a pedido del gobierno.

Es la causa judicial que investiga a un grupo de “hackers” que metían sus narices en correos electrónicos de personas relevantes de la política, el periodismo y otros ámbitos de poder.

Allí, se encuentran procesados el extitular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre, los periodistas Carlos Pagni, Edgar Walter Mainhard y Roberto García; el director del portal Seprin, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario Néstor Carlos Ick, y los exagentes de Inteligencia Iván Velázquez y Pablo Alfredo Carpintero.

La realidad indica que el nombramiento de Arroyo Salgado como jueza, en el año 2006, fue impulsado específicamente para que avanzara en esta “investigación”, enfocada a embestir contra ciertos colegas que generaban molestia al gobierno y, al mismo tiempo, saldar ciertas facturas entre agentes de la exSIDE. 

Ello explica por qué el expediente sigue en pie a pesar de no contar con prueba sustancial, desde el año 2006 a la fecha. ¿Acaso a nadie le llama la atención esta irregular situación? ¿Por qué los medios casi no hablan de lo que ocurre en esa causa judicial?

Hay muchos motivos para callar respecto de esa investigación, principalmente el temor que tienen los propios periodistas de encontrarse con un inquietante espejo, que refleje su propia realidad cotidiana.

Ese miedo, que los aleja del cotejo de ese expediente, no les permite ver con claridad y objetividad lo que allí se cocina. Si se animaran a otear lo que allí acaece, descubrirían que solo hay humo y más humo, generado sobre la base de ínfima evidencia.

Sea como fuere, Arroyo Salgado está a punto de definir cómo será la última batalla de la guerra de espías que se libra en esta causa.

Venganza perseguirás

La última novedad en el expediente de los hackers se dio en diciembre de 2014, cuando el fiscal Fernando Domínguez pidió la elevación a juicio oral. Luego, como reveló Tribuna de Periodistas el 8 de marzo pasado, apareció un pedido similar por parte de la fiscal Gabriela Baigún, quien requirió que queden firmes los procesamientos contra todos los acusados.

Lo hizo al mismo tiempo que solicitó la desestimación de las apelaciones que todos ellos presentaron.

Al hacerlo, la funcionaria judicial no se percató de que la propia Arroyo Salgado está a punto de tomarse de uno de esos pedidos, el de Yofre, para cobrarse una oportuna venganza y desvincular del expediente a varios de los acusados.

La trama arranca el 30 de enero de este año, cuando el ex Secretario de Inteligencia solicitó que la jueza de San Isidro declarase nula la investigación que ella misma dirigió. Es un documento que este portal adquirió en exclusiva por parte de fuentes judiciales.

Como sea, el 3 de marzo, Arroyo Salgado sorprendió a propios y ajenos: la exesposa de Nisman entendió que el planteo de Yofre era “novedoso” y dispuso formar un “incidente de nulidad”, a cuya resolución queda subordinada toda la causa.

Lo novedoso es que, si la jueza accediera finalmente, todo ese expediente podría ser anulado, ya que debería aplicarse la doctrina del fruto del árbol envenenado que busca resguardar la legalidad de los procedimientos judiciales.

A fojas 8087 del expediente de marras, Yofre cuestiona que la prueba contra su persona se haya obtenido de manera ilegal, a través de la actuación de dos agentes encubiertos, Ariel Hernando Di Fillipo y Joaquín Conrado Pereyra.

Para el exjefe de la Secretaría de Inteligencia, ambos actuaron “sin que hubiera mediado previsión legal que avalara su designación, ni orden, autorización y control judicial alguno en forma previa y concomitante a la utilización de esta medida de injerencia por parte de la SIDE en ámbitos de reserva constitucional”.

En el mismo sentido, la defensa de Yofre refiere que Di Fillipo y Pereyra fueron quienes “suministraron la información a la Secretaría de Inteligencia a partir de la cual se advirtieron e investigaron los hechos objeto de al presente causa”. Finalmente, el escrito cuestiona que ambos actuaron como agentes encubiertos e introduce a una tercera persona, una mujer de la cual no da el nombre.

“La utilización del agente encubierto (en los supuestos en que la figura se encuentra expresamente regulada normativamente por cierto) constituye una medida de injerencia de derechos constitucionales del imputado, en particular, los derechos a la intimidad, privacidad, inviolabilidad del domicilio y protección contra la autoincriminación”, dice el mismo escrito.

Lo curioso, lo que no menciona el escrito, es a quiénes respondían las personas que aparecen como agentes encubiertos al momento de explotar la denuncia: la misteriosa mujer reportaba al director de Reunión Interior, Fernando Pocino; Di Fillipo al titular de la policía de la provincia de Buenos Aires, Hugo Matzkin; y Pereyra al poderoso jefe del Ejército, César Milani.

Los nombres de los mencionados permite entender, no solo la magnitud de la operación que se llevó a cabo, sino también qué sectores están disputando esta batalla entre sí. Dicho sea de paso: ¿Qué tienen que hacer el jefe del Ejército y la policía de Buenos Aires en una investigación de este tenor? Aún nadie lo ha explicado claramente.

Lo más revelador llega justo en el siguiente párrafo del escrito ad hoc: “Al prestar declaración testimonial los agentes expresaron que fueron convocados por la Secretaría de Inteligencia para realizar tareas de Inteligencia encubiertas sobre los imputados”.

¿Cómo se entiende que los capitostes de la exSIDE se metieran “de prepo” en un expediente judicial que no les atañe? ¿Por qué Arroyo Salgado lo permitió? Ciertamente, parecen no quedar dudas de que la exesposa de Nisman está bajo las órdenes de la Secretaría de Inteligencia.

Prosigue el escrito: “Ambos (los agentes) expresaron que se infiltraron en el entorno del coimputado Iván Velázquez y Pablo Carpintero, pudiendo a partir de allí conocer información luego volcada al expediente sobre su actividad, personas relacionadas, abonados telefónicos, domicilios, etc”.

Si a alguien le queda alguna duda sobre lo antedicho, solo debe ir a fojas 1128 del mismo expediente, donde Di Fillipo admitió que era agente de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “y que a principios de 2007 fue convocado por la Secretaría de Inteligencia para obtener información sobre la persona de Iván Velázquez”.

Pereyra fue quien confirmó el dato y dio el nombre que todos esperaban: “Que Pocino le pidió que reúna información sobre los nombrados”.

Se insiste: ¿Con qué potestad un funcionario de la exSIDE interviene en un expediente judicial por motu proprio?

Queda claro que, cuando termine todo este escándalo, Arroyo Salgado tendrá mucho que explicar. Lo mismo ocurrirá con el agente Pocino —hoy el preferido de Cristina—, Matzkin y Milani. También deberán dar las explicaciones del caso el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández —uno de los principales cabecillas de la supuesta banda de hackers— y el mismísimo Stiuso.

Todos los mencionados —todos— han librado una batalla que dejó demasiados heridos en el camino y que aún no ostenta claros ganadores y perdedores. No todavía.

Finalmente

Como se dijo, Arroyo Salgado se encamina a dar relevancia al pedido de Yofre, lo cual haría que el expediente pase a la Cámara de Casación. Allí se decidirá eventualmente qué pasará con esta intrincada causa.

¿Por qué motivo la jueza cambió radicalmente de estrategia? Es imposible saberlo, aunque el periodista Horacio Verbitsky, siempre alineado al gobierno, suele esbozar una interesante explicación:

“La premura con que la jueza resolvió la extemporánea solicitud de Yofre sugiere que hay una negociación en curso, que acaso involucre al Capospione Antonio Horacio Stiuso que se acogió a la jubilación anticipada luego de rechazar el ofrecimiento de dos destinos internacionales, a elección: Sudáfrica o Egipto”.

¿Cuáles serían los alcances de esa negociación? Por ahora, no hay datos para poder precisarlo. No obstante, una cosa es clara: la decisión de Arroyo Salgado expondrá una realidad que incomodará a más de uno, principalmente a los actuales inquilinos de la Casa Rosada y la flamante Agencia Federal de Inteligencia.