Este domingo, el colega Hugo Alconada Mon reveló en diario La Nación que “el Gobierno negocia una tregua con jueces y fiscales federales hasta diciembre”.

En ese contexto, el periodista aseguró que el objetivo del kirchenrismo es “sellar una tregua con todos los magistrados que sea posible y por un plazo determinado: el 10 de diciembre próximo, día en que expirará el mandato de la presidenta Cristina Kirchner”.

El dato es curioso, ya que, al tiempo que intenta calmar a algunos jueces díscolos, el oficialismo de turno sigue de cerca un expediente judicial que interesa, y mucho, a la presidenta de la Nación.

Se trata de la causa que investiga a espías y periodistas acusados de hackear correos electrónicos de personas relevantes de la política, el periodismo y otros ámbitos de poder. Allí, se encuentran procesados el extitular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre, los periodistas Carlos Pagni, Edgar Walter Mainhard y Roberto García; el director del portal Seprin, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario Néstor Carlos Ick, y los exagentes de Inteligencia Iván Velázquez y Pablo Alfredo Carpintero.

Lo interesante del caso es que la indagación sobre todos ellos corre por cuenta de la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Alberto Nisman, muerto en circunstancias aún no esclarecidas.

La magistrada argumenta que habría existido una asociación ilícita dedicada a espiar correos electrónicos de funcionarios del gobierno nacional entre 2006 y 2008 a través de una red de captura integrada por los antes mencionados.

Sin embargo, los argumentos sobre los cuales se basó para procesar a todos ellos, son claramente endebles. Más aún: para poder lograr que la investigación recayera en su jurisdicción —San Isidro— debió forzar el procesamiento de uno de los hoy imputados, que vivía… en San Isidro.

¿Qué hubiera ocurrido si esa misma denuncia hubiera caído en un juez independiente? ¿Hubiera llegado tan lejos? Probablemente, ya hubiera sido archivada hace tiempo.

Mal que le pese a más de uno, Arroyo Salgado es una jueza dependiente del Poder Ejecutivo, puesta en su cargo por personeros de la exSIDE. Ello explica, no solo que haya condenado a piqueteros y dirigentes anti K, sino además que este expediente haya llegado tan lejos.

En realidad, el malestar más elocuente del kirchnerismo tiene que ver con la figura de Carlos Pagni, real “motor” de la trama y quien motivó que el Ejecutivo armara toda la farsa, siempre sobre la base de algunos pocos datos certeros. Una digresión: ¿Por qué allí sigue sin mencionarse la participación de Aníbal Fernández?

En ese contexto, avanza el expediente ad hoc, donde la fiscal Gabriela Baigún pidió en las últimas horas que queden firmes los procesamientos contra todos los acusados. Lo hizo al pedir desestimar las apelaciones, según contó a este medio el periodista Sergio Farella.

“Baigún dictaminó para que sean rechazadas las apelaciones en Casación, que directamente ni sean tratadas”, dijo el colega a quien escribe estas líneas.

Al tiempo que esto ocurre, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió a Arroyo Salgado que eleve la misma causa a juicio oral.

Como puede verse, el año 2015 será de definiciones respecto de este expediente. Los hoy procesados están en riesgo probable de ser condenados —salvo un par de ellos que intentan negociar su “inocencia” a cambio de favores al oficialismo— y habrá una imprevista “ampliación” que alcanzará a nuevos acusados. Un dato a ese respecto: el nombre de un conocido periodista está en la mira de Arroyo Salgado, siempre a pedido de Balcarce 50.

El caso Nisman opaca la agenda de la realidad misma, pero siguen pasando cosas allende ese conmocionante hecho. Esta es una de ellas.