Mientras la sociedad no termina de desayunarse respecto de la evaporación de los hermanos Cristian y Martín Lanatta, nuevos detalles se van conociendo respecto de su “escape” y se suman a la ya refrendada cadena de desconfianza ciudadana.

¿Se escaparon por su cuenta o alguien más los ayudó? ¿Quién está detrás de lo sucedido? ¿Por qué decidieron evaporarse ahora?

Independientemente de las respuestas a esas preguntas, hay un dato que los medios omiten mencionar y que es fundamental para tratar de entender lo sucedido.

Tiene que ver con un expediente judicial que reposa en el despacho de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y que investiga las responsabilidades políticas del triple crimen de General Rodríguez.

Los Lanatta, que cumplían prisión por ser los autores materiales de ese hecho, debían declarar en esta “nueva” causa, que se inició luego de que se conocieran las condenas impulsadas por el fiscal Juan Ignacio Bidone en el juicio que se desarrolló en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Allí, Aníbal Fernández zafó por poco: nadie se animó a decir que él era la persona que todos identificaban como el “Morsa” y que planificó el triple asesinato de 2008.

Sin embargo, en este nuevo expediente, que encuentra al kirchnerismo alejado del poder, aquellos que temían por sus vidas, han decidido revelar toda la verdad: que Fernández mandó a ejecutar a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina porque temía que le arrebataran el negocio del tráfico de efedrina.

El primero de los arrepentidos pudo verse ante las cámaras de Periodismo para Todos, se trató del mismísimo Martín Lanatta, quien en agosto pasado apuntó directamente contra el exjefe de Gabinete de ministros de la Nación.

Y allí aparece la novedad, lo que pocos saben: el hoy prófugo debía declarar dentro de unos días ante Servini de Cubría.

Lo que pudiera revelar Lanatta va más allá del triple crimen, también roza el manejo del narcotráfico desde la cúpula del poder kirchenrista y hasta los aportes de campaña de Cristina Kirchner del año 2007.

Es que, en la nómina de aportantes, aparecen varios personajes vinculados con el tráfico de estupefacientes. Entre ellos, está Ibar Esteban Pérez Corradi, sindicado por la embajada de Estados Unidos como el nexo entre carteles de droga mexicanos y laboratorios medicinales argentinos.

Se trata de otro de los prófugos del asesinato de Forza, Ferrón y Bina: de hecho, pocos saben que es el nexo clave entre Aníbal Fernández y los ejecutores del triple crimen. Es decir, los dos pares de hermanos, los Lanatta y los Schillaci.

Pero hay más: Pérez Corradi fue socio de Forza, quien a su vez también aportó dinero a la campaña de Cristina a través de su droguería Seacamp.

Si a lo antedicho se suma que Servini de Cubría tiene en su poder un peritaje que demuestra que se lavó dinero en la campaña del Frente para la Victoria de 2007, todo empieza a cerrar.

Se trata de un estudio inobjetable, hecho por los prestigiosos peritos de la Corte Suprema de la Nación.

En el contexto mencionado, comienza a entenderse el temor que circunda a los kirchneristas que abandonaron el poder hace apenas unas semanas, principalmente Aníbal y Cristina.

Una misma jueza tiene en su poder dos expedientes que complican sus deseos de impunidad.

A su vez, como se explicó, ambas causas están conectadas entre sí. Ergo, lo que sigue es solo cuestión de tiempo.

Servini de Cubría, que responde a los intereses del herido peronismo tradicional, ha decidido avanzar de manera implacable. Los elementos para hacerlo, ya los tiene.

Lo único que podría hacer peligrar su estrategia es que desaparezcan los testigos que ha llamado a declarar. Suspicazmente, eso es lo que parece que ha empezado a ocurrir.