Finalmente, se hizo justicia… si es que así puede llamarse el fallo del tribunal que instruyó el juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once.
En ese contexto, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Schiavi y Jaime a 8 años y 6 años de prisión, y a 9 años al ex dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio Claudio Cirigliano por la tragedia de Once, que se produjo el 22 de febrero de 2012 y provocó la muerte de 51 personas, mientras más de 700 resultaron heridas.
Horas antes del fallo, Jaime insistió en lo mismo que viene diciendo hace años: "No siento que tenga responsabilidad sobre el accidente".
Ciertamente, si se lo toma como un hecho lineal y directo, es cierto que Jaime no tiene potestad sobre lo ocurrido en Once, ya que desde el año 2009 estaba despegado del Gobierno nacional.
Sin embargo, lo ocurrido en el contexto de la tragedia de Once es la resultante final de una cadena de desaciertos que comenzaron con su gestión y que tuvieron que ver con un aceitado sistema de corrupción del cual no estuvo desvinculado el propio Néstor Kirchner. Y Cristina, obviamente.
A través de ese mecanismo, el Estado otorgó a las empresas de transporte millonarios subsidios que en un 50% regresaban a los bolsillos de puntuales funcionarios del gobierno nacional. Para lograr escapar al rastreo de los sabuesos, Jaime pergeñó una original picardía: exigía el cobro de los retornos a través pagos en efectivo por parte de las firmas beneficiadas.
No son pocos los funcionarios que recuerdan al ex secretario de Transporte cruzando por Plaza de Mayo hacia casa de Gobierno, portando una valija desvencijada con dinero contante y sonante. Cuando alguien le preguntaba adónde se dirigía, Jaime no dudaba: "Voy a ver a Néstor".
A lo largo de los años, ese subsidio fue creciendo exponencialmente y los retornos lo hicieron en consecuencia.
Baste mencionar que, solo entre 2006 y 2010, esos fondos crecieron en un 146%. A su vez, entre 2003 y 2009, el subsidio por pasajero aumentó en un 483%. ¿Cómo explicar entonces que, a pesar de semejante masa de dinero, los trenes funcionen cómo funcionan? Un dato para agregar más espanto al asunto: entre 2003 y 2010, el Estado le dio a TBA casi 1.925 millones de pesos.
Como se dijo, el problema no tiene que ver con la masa de dinero aportada sistemáticamente a esa empresa —y otras del ramo—, sino con la falta de inversiones, producto de los millonarios “retornos” dinerarios.
Para descubrir esos desvíos, la Justicia solo debe investigar a la firma Favicor SA, división financiera del grupo Plaza-Cirigliano. Esa empresa es la que supo recibir todos los meses los millonarios subsidios en la cuenta Nro. 52001-20, directamente provenientes del Banco de la Nación Argentina. Otro dato escandaloso: la Secretaría de Transporte es la que otorgó todos los permisos para que esto ocurra.
Cabe preguntarse, finalmente: ¿Qué relación hay entre el descripto descontrol y el desinterés que supo ostentar el kirchnerismo ante los diversos informes de la Sindicatura General de la Nación? ¿Cómo explicar la falta de atención a los concluyentes documentos presentados por ese organismo, previendo lo que terminó sucediendo?
Las preguntas siguen acumulándose y, a pesar de las condenas, persisten en no ser respondidas. Es un debate al que gusta escapar a los exfuncionarios de Néstor y Cristina. Presumiblemente porque quedaría comprobado que las culpabilidades no se agotan en Jaime y Schiavi, sino que llegan a lo más alto del poder kirchnerista.