Ayer nomás, Cristina Kirchner fue procesada por el juez Claudio Bonadío en el marco del expediente por compraventa de dólar futuro.

Se trata de una causa judicial que tiene más de efectismo que otra cosa, aunque no deja de ser impactante que una expresidenta de la Nación haya sido complicada a tal nivel en la Justicia.

En ese contexto, existe otra denuncia en su contra que pasó desapercibida por completo y que tiene que ver con su supuesto título de abogada.

Fue presentada esta semana por el abogado Ernesto Edmundo Reggi. No se trata de cualquier profesional, sino de quien supo ser ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes.

La presentación es por dos delitos: usurpación de títulos y honores (art. 247, segundo párrafo Código Penal), y estafa (art. 174, inc. 5º, mismo código), en concurso real.

Allí, Reggi asegura que, “como es de público conocimiento, la Sra. expresidente se atribuyó el título profesional de abogada, supuestamente obtenido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la ciudad de la Plata, habiendo incluso manifestado (en comentada declaración en una universidad de los Estados Unidos de América) que su cuantioso patrimonio lo forjó en base a haber sido lo que autodenominó ‘una abogada exitosa’ (…) Tal título profesional nunca ha sido exhibido públicamente”. 

Para el abogado, “interesa a la ciudadanía en general dilucidar esta cuestión, es decir si la Sra. expresidente es o no abogada con título otorgado por institución habilitada para ello. No solamente por la simple razón de clarificar y obtener la verdad sino porque ello trae aparejadas consecuencias de grave índole”.

Entre otras cosas, Reggi explica que “la denunciada ha percibido el correspondiente suplemento por título que le corresponde al funcionario público durante todo el tiempo que ejerció el cargo de Presidente de la Nación Argentina, por lo que su conducta podría hallarse incursa –en caso de carecer de título- en el art. 174, inc. 5º del Código Penal”.

Comete este delito, “quien omite dolosamente en su declaración jurada consignar su estado civil actual, lo que, para el denunciante, le permitió a Cristina "seguir gozando de una pensión indebida (CNCC, Sala I, 'Escalante, O', 4/3/04, DJ, 2004/2/733) o, como en el caso de autos, quien (la denunciada) mediante el ardid de ostentar un título inexistente debió percibir un suplemento de sueldo como funcionario de la administración pública nacional en perjuicio de ella”, siempre según el escrito de marras.

Por ello, el abogado solicita en su escrito una serie de medidas de prueba, entre las cuales aparece un pedido a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la ciudad de la Plata, “a fin de que se sirva remitir todos los antecedentes que obren en la misma sobre la carrera desarrollada por la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, materias cursadas, especificándose concretamente si finalizó la misma y se le otorgó el correspondiente título profesional”.

El expediente, cuyo número es el 27885/2016, reposa en estas horas en el despacho de una de las juezas que más preocupa a Cristina: María Romilda Servini de Cubría, a cuyas manos llegó luego de que recalara por un pequeño juzgado de Curuzú Cuatiá.

“¿Por qué decidió denunciar a Cristina?”, preguntó este cronista al denunciante. El abogado respondió que, al invocar un título inexistente, la expresidenta cometió un delito penal, “pero peor aún ha sido la defraudación al Estado, es porque todo funcionario público cobra una bonificación por título, y ella cobró por años en el Senado y en la Presidencia”.

-Está claro que no es abogada, ¿cómo gravitaría esto respecto del eventual delito de defraudación?

-Es un delito mucho más grave que el de usurpación de título. Al haber defraudación, Cristina quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida.

-¿Y qué ocurre con todo ese dinero que cobró de más?

-Tiene que devolver todo lo percibido durante tantos años.

Antecedentes

Quien escribe estas líneas investigó durante más de diez años la supuesta titulación de Cristina. En ese marco, comprobó que la expresidenta jamás terminó de cursar la carrera de derecho.

No solo jamás se matriculó en ningún colegio público de abogados del país —condición indispensable para ejercer el derecho—, sino que además nadie recuerda cliente alguno que haya sido defendido por ella como letrada.

Ello, sin mencionar que ostenta un desconocimiento de la abogacía que supera todo lo imaginable, tal cual suele recordar el constitucionalista Daniel Sabsay.

Para poner pimienta a la cuestión, este periodista impulsa un desafío desde haya 9 años: ofrece U$S 10 mil a cualquiera que exhiba una foto de graduación de Cristina. Baste mencionar que nadie jamás logró llevarse esa suma.

Lo único que ha aparecido a lo largo de los últimos años es un documento adulterado: la ficha de entrega de título de la exmandataria. En realidad, pertenece a un hombre llamado Valentín Olmos, pero su nombre ha sido borroneado para poner los datos de Cristina. Un papelón.

A ello debe sumarse el testimonio de media docena de docentes de la Universidad de La Plata que aseguran que jamás la exjefa de Estado se presentó a dar los finales de rigor de sus materias, ello en los años 70. Ergo, jamás podría haberse recibido.

Mucho más podría contarse, pero no es necesario. Basta observar lo que miles de personas dicen en las redes sociales sobre Cristina: nadie cree que sea abogada.

Es imposible saber qué ocurrirá finalmente a nivel judicial con la expresidenta, pero algo está claro: la condena social a veces es peor que la propia cárcel.

(*) Especial para Mendoza Post