“Un hijo de puta compró fideos al triple de lo que valen”, disparó Juan Grabois con tanta elocuencia como enojo.

Aunque no lo mencionó, el insulto fue dirigido a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, quien quedó en medio de severas sospechas luego de que se comprobara que había avanzado en la compra de alimentos un 50% más caros que en los supermercados, tal cual reveló este lunes Tribuna de Periodistas.

Ipso facto, una legión de funcionarios del gobierno —Alberto Fernández fue uno de ellos— salió a respaldar al funcionario, asegurando que todo se había tratado de un malentendido. Aún cuando el propio Arroyo admitió los sobreprecios: "Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí pero no hubo rebaja; no obstante, decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia", confesó.

No es la primera vez que Arroyo es rozado por un escándalo de este tenor: en el año 2008 quedó en medio de una trama de corrupción que llegó a salpicar a la mismísima Alicia Kirchner, quien ostentaba el mismo cargo que él tiene ahora.

Fue después de que una fiscalía de La Plata detectara la venta de 60 mil kilos de leche en polvo destinados al Plan Vida. Pequeño detalle: llevaban la inscripción de la cartera de Desarrollo Social.

El lote pertenecía a “Granja Blanca”, una segunda marca de SanCor que había salido de la planta industrial de Sunchales con la inscripción, en cada paquete, del ministerio de marras. Obviamente, la mercadería nunca llegó a destino.

Por si fuera poco, las leches también estaban a la venta en Mercado Libre al módico precio de 9 pesos la unidad.

Según los fiscales de la UFIC número 8 de La Plata, Carlos Argüero y Esteban Lombardo, gran parte de esos cartones pertenecían a la provincia de Buenos Aires, donde Arroyo despuntaba en esos días como ministro de Desarrollo Social bonaerense. De más está aclarar que entonces era uno de los funcionarios de confianza de Alicia K.

No obstante, Arroyo se movió con eficaz precisión, ya que se adelantó a los hechos. Apenas estalló el escándalo —luego de que un noticiero de televisión revelara la trama—, el hoy ministro de Desarrollo Social se apuró a hacer una denuncia ante la fiscal Leyla Aguiar.

La causa fue transferida rápidamente a la fiscalía de Delitos complejos y se logró comprobar que se habían vendido en Paraguay —y en internet— alrededor de un millón de paquetes de leche.

En ese marco, a pesar de que Arroyo se presentó como querellante, la oposición radicó otra denuncia penal junto a un pedido de informe en la Legislatura provincial para que se realizara una investigación interna en el área de Desarrollo Social.

Como es de suponer, habiendo ocurrido la trama en la Argentina, todo quedó en la nada misma y Arroyo zafó olímpicamente, al igual que Alicia Kirchner.

Es de presumir que ocurra lo mismo ahora, en el contexto de la trama de los sobreprecios por alimentos. Se hablará por un par de días más, pero luego todo irá feneciendo. Aún cuando hay elementos de sobra para investigar, algunos de los cuales planteó el colega Matías Longoni en su cuenta de Twitter. A saber:

-Hay seis empresas que recibirán los $ 550 millones destinados por el Estado en esta compra: Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA, MH Accurso SRL. A primera instancia, solo la última es productora de alimentos. Está domiciliada en Rosario.

-Es decir que de las seis empresas hay cinco que son solo intermediarias: tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Una primera lectura es que el Estado gasta de más porque apela a intermediarios y no directamente a los productores. Pero hay más. Y es más grave.

-De las cinco empresas intermediarias, en dos se repiten socios o domicilios. Sol Ganadera SRL (que cobrará 88 millones) tiene las mismas oficinas (Corrientes 1327 4°) y el mismo director (un tal Federico José Toscano) que Alimentos Generales SA, que cobrará 49 millones.

-El segundo caso de duplicación es el de Teylem SA, que cobrará 80 palos. Tiene oficinas en San Martín 66, piso N° 4, depto 410. Al lado, en el depto 409, declaró domicilio otra adjudicataria, Forain SA, que venderá alimentos por 86 millones. Los teléfonos son los mismos.

-La única empresa que ganó en todos los rubros es Copacabana SA, que cobraría por eso $188 millones. No hay duplicación. Sus dueños se apellidan Assisa. Uno de ellos, Jorge, ha sido presidente y ahora es secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado.

A pesar de todo lo antedicho, al momento de publicar esta nota Arroyo aún permanecía en su cargo. Eso sí, Alberto Fernández decidió frenar la compra de los productos con sobreprecios.

Está claro que el presidente intenta frenar el escándalo. Pero es tarde ya, porque la justicia ha comenzado a avanzar en un oportuno expediente, impulsado por la abogada Silvina Martínez.

A su vez, empieza a asomar la cabeza el empresario Víctor Lusardi, dueño del “Grupo L”, a quien se vincula con un importante referente de la política del sur y que ya estuvo involucrado en otros hechos de presunta corrupción en el pasado.

Ya mismo, pueden ir alquilando balcones.