En 2007, el director de Tribuna de Periodistas denunció en la Justicia a Cristina Kirchner por el presunto delito de usurpación de títulos y honores. Por asegurar que era abogada sin tener el diploma que lo confirmara.

Los sorprendentes detalles de esa presentación fueron publicados hace unos meses por el propio Christian Sanz.

“Presenté infinidad de prueba y testigos. Pero Bonadio ni siquiera se tomó el trabajo de llamarlos a declarar. Se trataba de testimonios calificados”, dijo este último en la nota que publicó el 4 de febrero pasado.

Y agregó quiénes eran esos testigos: “Exfuncionarios que habían trabajado con Néstor Kirchner o que lo habían tratado, como Rafael Flores, Domingo Zárate, Daniel Gatti y Eduardo Arnold. Este último supo ser vicegobernador de Santa Cruz y, al igual que todos los demás, admite que Cristina no se recibió jamás. También pedí que citaran a exdocentes de la Universidad Nacional de La Plata, donde estudió Cristina. Tres de ellos me habían confirmado que la hoy vicepresidenta nunca se había recibido. Sin embargo, Bonadio nunca avanzó en ese sentido. Jamás me requirió tampoco la prueba que le anticipé que tenía para aportar”.

Es bueno recordar el derrotero de esa causa judicial iniciada —y clausurada— en 2007 porque ha vuelto a surgir la discusión respecto de si Cristina es abogada o no en las redes sociales. Yo mismo, en mi cuenta de Twitter, estuve involucrado en varios debates —calientes la mayoría de ellos— sobre ese tema.

Por eso, he decidido recordar algunas otras irregularidades que ocurrieron en esos días, que muchos desconocen hasta el día de hoy. Las planteó en su momento Fabián Bergenfeld, el abogado que acompañó a Sanz en la aventura de denunciar a Cristina, que entonces era presidenta de la Nación.

“El magistrado cayó en dos graves irregularidades: No nos citó para ratificar la denuncia, paso inevitable en cualquier proceso legal, y sólo se basó en la supuesta constancia del libro de actas que acompaña la UNLP”, afirmó el letrado.

Y añadió que “no nos citaron porque sabían que al reafirmar íbamos a agregar documentos, pruebas y testigos importantes para la causa”.

En cuanto al rol de la Universidad de la Plata, aseguró que “sólo presentaron una constancia del libro de actas, firmado supuestamente por ella, donde surge la recepción y pago del diploma con fecha 12 de octubre de 1979, sin procurar obtener, ni el certificado analítico, ni la ficha de entrega (adulterada) original cuya copia ellos mismos presentaron”.

Además, el juez y el fiscal también rechazaron el carácter de querellante de Sanz, sin pronunciarse sobre la legitimación de la ONG “Defensa Ciudadana”, presidida por Bergenfeld, a sabiendas de que gran parte de la jurisprudencia admite su accionar bajo la figura de "amicus curiae", y que “del estatuto que acompañamos se desprende su facultad de accionar”.

Todo lo antedicho echa por tierra todas las especulaciones que se hacen sobre la posibilidad de que Cristina sea abogada. Incluso, si no fuera suficiente todo lo mencionado, en esta otra nota se muestran todos los elementos que demuestran que Cristina no es abogada. Fin de la discusión.