En un rato nomás, la Legislatura de Tucumán debatirá un proyecto de ley que buscará beneficiar a una droguería a la cual Juan Manzur se encontraría ligado accionariamente.

Se trata de una iniciativa que cuenta con las firmas del gobernador tucumano y del ministro de Economía de la misma provincia, Eduardo Garvich.

Allí se propone que se exima a la firma Suizo Argentina del pago de Ingresos Brutos durante cinco años. Supuestamente a cambio de que cree unos 100 puestos de trabajo (50% directos y 50% indirectos) e invierta unos $ 400 millones en Tucumán.

Se trata de una firma que funciona en Buenos Aires, con sucursales en Chaco, San Luis, Mar del Plata, San Juan, Córdoba y… Tucumán.

Más allá de la polémica que surge de eximir del pago de impuestos a una firma que ni siquiera tiene sede central en la provincia de la cual es oriundo Manzur —en momentos de fuerte caída de la recaudación impositiva—, hay un fuerte malestar por parte de otras droguerías locales, que denuncian que el beneficio configura una competencia desleal, que afectará, no solo a las firmas de ese rubro, sino también a los supermercados y mayoristas de limpieza y perfumería. Entre otras cuestiones, por el impacto de los precios.

No obstante, en el caso de la Suizo Argentina hay un componente más polémico: Manzur tendría parte del paquete accionario de la misma firma.

Es una cuestión que se habría “cocinado” en la Asamblea General Extraordinaria del día 23 de diciembre de 2019, que se llevó a cabo en Av. Monroe 801 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí mismo, según el orden del día convocado, “se determinó del valor del paquete accionario a los efectos del artículo 19º y 20º del estatuto social”.

Como sea, ahora mismo puntuales cámaras empresarias vinculadas a droguerías tucumanas e incluso el Colegio Farmacéutico de esa provincia se han manifestado en contra de la medida que está por llevar a cabo la Legislatura local.

“No estamos en contra de que empresas foráneas vengan a invertir y a generar trabajo en nuestra Provincia, pero no nos parece justo que se les brinde a estas grandes empresas los beneficios que a las propias droguerías y farmacias de capital netamente tucumano se les niega”, comienza un comunicado emitido por esa entidad.

Allí mismo se sostiene: “Hemos manifestado en su oportunidad, lo difícil que resulta mantener abiertas las Farmacias, a raíz de la presión tributaria generada mayormente por la alícuota de Ingresos Brutos, entre otros factores perjudiciales de nuestra profesión como ser el atraso en los pagos de obras sociales”.

El mismo documento puntualiza: “Consideramos que esta situación nos deja desprotegidos y en clara desventaja con respecto a estas grandes empresas a las que directamente no se les cobrará NADA en concepto de IB. Asimismo entendemos que no es posible que el Estado Provincial legisle o sancione una Ley al sólo efecto de beneficiar a una empresa y no así al conjunto de la actividad”.

Y culmina: “Si realmente hubiera voluntad de generar inversiones y nuevas fuentes de trabajo, se debería eximir del impuesto a todos los actores que intervienen en la comercialización de productos farmacéuticos, y máxime a quienes somos tucumanos, que desde hace décadas invertimos y generamos trabajo en nuestra provincia”.

Clarísimo el planteo del Colegio Farmacéutico, pero alguien debería recordarles lo obvio. Aquella frase que está a la cabeza del decálogo de Manzur: “Negocios son negocios”.