La expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin S.A.I.C. avanza a paso rápido y firme, de hecho, este viernes se enviaría el proyecto a la Cámara de Senadores donde, dicho sea de paso, el Frente de Todos ostentará los 37 votos necesarios para avanzar de esta manera hacia una ardua negociación en la Cámara baja.

La vicepresidenta Cristina Fernández sabe que no hay tiempo que perder. Las protestas en Reconquista y Avellaneda –dos localidades del norte de la Provincia de Santa Fe- que se llevaron a cabo la semana pasada dan cuenta de ello.

La pólvora está encendida y camino hacia una inminente explosión social, por eso desde el Gobierno se intenta ser hábil, veloz y tajante a la hora de defender esta tan polémica medida.

No es simplemente polémica por el hecho de que el Gobierno quiere que una de las empresas cuyo rubro es uno de los que más divisas frescas genera, sino además porque las deudas por las que tendrá que hacerse cargo el Estado –es decir, todo contribuyente- supera ampliamente lo que debe pagarse a los acreedores.

¿Cómo hará el ministro de Economía Martín Guzmán para demostrarle a aquellos a quienes el Estado les debe dinero que no poseen el suficiente para abonarlo si se quiere, a fuerza de la voluntad social, ponerse a cuestas una empresa cuyas deudas casi triplican el valor? Una pregunta que incomoda sobremanera al Gobierno.

Más allá de ello, es necesario preguntarse: ¿Hace falta expropiar la empresa mencionada para subsanar sus problemas económicos? ¿Necesita la Argentina de Vicentin para alcanzar la soberanía alimentaria? ¿Realmente es necesario seguir ensanchando los ya inusitados gastos del Estado? ¿Por qué los representantes del pueblo hacen oídos sordos ante las peticiones del mismo y avanzan testarudamente en dirección contraria?

Para responder a la primera de las incógnitas aquí planteadas es necesario comprender que en este momento la agroexportadora se encuentra en concurso de acreedores, por tanto, aún no precisa de la intervención de un tercero –como lo es el Estado- para lograr acomodar los desmanes económicos.

Incluso, el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial por el frente Consenso Federal, Roberto Lavagna, demostró que existen otros instrumentos –los cuales están al alcance de la actual administración gubernamental- para poder ayudar a la empresa a ponerse en pie.

Tampoco resultó ser cordial el aviso que se le brindó a la empresa, ya que, tal cual aseguró Sergio Nardelli, Ceo de Vicentin, se enteraron de la iniciativa a través de la conferencia brindada por el presidente Alberto Fernández. Jamás tuvieron un adelanto.

Pero, viéndolo desde otro punto de vista, una de las aristas que se debate, es la posibilidad de alcanzar la “soberanía alimentaria”, pretexto sin sentido teniendo en cuenta que no sólo el alimento producido en el país alcanza para alimentar a la población –en todo caso el problema es la distribución de los mismos- sino que además la mayor parte se exporta, ergo, la excusa suena sobradamente infantil.

De la misma manera sucede cuando se anuncia que se intenta evitar la “extranjerización”, suena algo ilógico siendo que el responsable de que ello pueda suceder es el propio Estado.

En otras palabras, si la Argentina tuviese la capacidad de ahorrar, la economía se “pesificaría” automáticamente ya que la moneda nacional sostendría un valor por sí misma.

Y de aquí se puede desprender la contestación a la tercera pregunta y la respuesta es obvia, un rotundo no. El Estado argentino no precisa seguir aumentando el déficit fiscal sobre la base del mayor gasto.

De esta manera se continuaría profundizando en la extranjerización de la economía local resultando, por caso, una total y absoluta contradicción a lo que el propio Gobierno evoca.

Todo indica que la medida adoptada por el Gobierno es absolutamente política, y no deja de ir a contracorriente de lo que se podría haber esperado.

El ciudadano de a pie no quiere que se expropie, sobre todo el santafesino; dicha iniciativa llevaría a seguir profundizando el déficit al menos en el primer tiempo, no serviría entonces para evitar la extranjerización, no soluciona el problema que no tenemos referido a la inexistente falta de la “soberanía alimentaria” y, para colmo de males, sería un lugar más para seguir acomodando funcionarios públicos.

Si de malas ideas se puede hablar, ésta es de las peores que podría haber tenido el Gobierno.