El problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires no es un tema nuevo ni mucho menos novedoso. Hace décadas que, sobre todo en el Conurbano, esta problemática viene en crecimiento sin solución de continuidad.

A eso se le suma la falta de recursos para que la Policía Bonaerense funcione como corresponde: salarios que han quedado muy por detrás de la inflación, un grave faltante en inversión en patrulleros, incluso los propios uniformados advierten que no se les brinda el entrenamiento constante necesario.

Ello quedó expuesto luego de que cientos de policías de distintos distritos del Conurbano Bonaerense salieran a pedir por una docena de cambios dentro de las fuerzas y que deslizaron el “abandono” que vienen padeciendo.

¿Cuál es la solución del Gobierno tanto de Axel Kicillof como del de Alberto Fernández? Sumar 10 mil nuevos uniformados a esa fuerza –lo que tardaría, si es que todo sale de acuerdo a lo esperado, unos dos años- y mandar otros 4 mil agentes de fuerzas federales.

De más está decir que sin el equipamiento y trato necesario poco ayudará aumentar el recurso humano de las fuerzas de seguridad.

A esto se suma la liberación de 4500 presos que tuvo lugar al inicio de la cuarentena, nuevamente, se dispone de forma inmediata enviar 4 mil efectivos federales cuando con anterioridad se libraron una cantidad superior de reos.

En materia de seguridad son irrisorios los discursos cruzados, sobre todo los del ministro bonaerense y la ministra nacional, Sergio Berni y Sabina Frederic respectivamente, y sobre todo en lo tendiente a la toma de terrenos.

Mientras el primero asegura que quienes tomen tierras en la provincia irán presos, la segunda insiste y ratifica que, si bien es un acto ilegal, no tiene nada que ver con la seguridad y se lo termina endilgando a Desarrollo Social por el déficit habitacional.

El problema es que este tipo de delitos ya empezó a distribuirse por todo el país, en zonas como La Patagonia y la provincia de Mendoza.

Es que es sencillo ¿Por qué los usurpadores de terrenos no avanzarían si resultan estar protegidos por el Ministerio de Seguridad nacional y por la justicia abolicionista y el garantismo zaffaroniano?

¿Cómo evitar que la delincuencia incremente a niveles inusitados si los tipos más corruptos salen de la cárcel luego de haberse robado todo lo que tenían a mano?

Lo acontecido el pasado lunes con Lázaro Báez es lo suficientemente elocuente. Los vecinos del country Ayres del Pilar lograron que por la noche, y tras 4 intentos de ingreso frustrados, Báez vuelva al lugar al que pertenece: El penal de Ezeiza.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Perseguir a los vecinos cansados de la impunidad sólo por rechazar tener a un tipo como Báez de vecino.

Por caso, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, ya adelantó que por los daños producidos sobre el móvil que trasladaba al dueño de Austral Construcciones, se hará “la denuncia correspondiente”.

Pregunta: ¿Alguien se acercó a los vecinos de dicho country a preguntarles si estarían dispuestos a tener a Lázaro de vecino, sobre todo teniendo en cuenta que nunca vivió allí? Nadie. Les quisieron meter a un delincuente “por la ventana”.

¿No suena parecido al accionar de las tomas de terrenos? Nuevamente, delincuentes que, con el acompañamiento de algunos punteros políticos y organizaciones sociales, se meten “por la ventana” a usurpar un espacio que no les corresponde.

Por obvias razones el delincuente “común” comprende que hay un apoyo explícito por parte de las más altas esferas del poder. Ni siquiera el “superministro Berni” puede detener toda esta locura en su zona de acción, ya que está demasiado entretenido intentando construir un espacio propio para lograr ostentar la gobernación bonaerense e incluso, quizá, la Casa Rosada en 2023.

En todo este atolladero, el presidente Alberto Fernández sale a hacer declaraciones desatinadas: “Muchas veces el que delinque lo hace porque no encuentra una alternativa mejor” mencionó el pasado viernes en el medio del lanzamiento de un plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo es posible que los más relevantes dirigentes políticos realicen aseveraciones tan rimbombantes desde la ignorancia y el desconocimiento?

Siguiendo la misma línea de pensamiento, y teniendo en cuenta que el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INCEC), que dirige Marco Lavagna, auguró que a fin de año un 52% de la población se encontrará bajo la línea de pobreza: ¿La mitad de la población va a estar conformada por delincuentes? Claramente la observación que hace el presidente no resiste el más mínimo análisis.

En fin, el país está a punto de estallar en varios frentes, y la inseguridad no es ajena. La ciudadanía necesita respuestas elocuentes ante esta problemática porque en definitiva son aquellos que sufren diariamente la catástrofe que existe en la mencionada materia.

En el mientras tanto, el Gobierno sigue avanzando sin pausa en la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández y un sinnúmero de funcionarios, ex funcionarios, empresarios y personajes realmente cercanos a ésta.

La sociedad no se va a quedar quieta, ni callada. La resistencia llegará hasta donde tenga que llegar para que desde el oficialismo en general escuchen la demanda social. Y si se sigue desoyendo, el desenlace promete ser realmente pernicioso para la actual conducción gubernamental.

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