Como suele suceder en política, y sobre todo cuando se trata de decisiones de gobierno, largamente más relevantes que las declaraciones de ocasión e incluso que las promesas de campaña son las acciones de los dirigentes: qué hacen, en lugar de qué dicen.

El presidente Alberto Fernández llegó al poder en diciembre pasado planteando entre los -supuestos- objetivos de su gestión la necesidad de terminar con la "grieta" en el país y si bien en algún momento supo tender puentes de diálogo con la oposición, en los últimos días no ha hecho más que tensar esa relación.

Es más, en el caso específico de la ciudad de Buenos Aires, el mandatario dinamitó el vínculo de camaradería que había logrado construir con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la pandemia de coronavirus, al quitarle de un plumazo un punto de la coparticipación que recibe la Capital Federal.

Fernández utilizó como excusa la revuelta policial de la Bonaerense de cuatro días de duración: un alboroto que el Gobierno se vio forzado a "nacionalizar" luego de que el jefe de Estado acudiera en auxilio de Axel Kicillof después de que el problema le estallara entre las manos al gobernador provincial.

En este sentido, claramente Kicillof adoleció de falta de muñeca política para evitar una preocupante escalada del reclamo policial, que terminó mostrando ribetes anárquicos e incluso extorsivos, más allá de la demanda justa de los efectivos debido a los magros salarios que vienen percibiendo.

Incluso está por verse si la protesta de los uniformados no genera un efecto dominó en la provincia de Buenos Aires y desencadena conflictos con otros profesionales del sector público, como docentes y personal sanitario, en momentos en los que avanza la epidemia de Covid-19 en el distrito.

Si bien la enfermedad se está propagando en forma peligrosa en el interior el país, la Ciudad y la Provincia continúan como el epicentro del brote de coronavirus en Argentina. Justamente por ese motivo hace cinco meses, en abril pasado, legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) reclamaban por ejemplo a Rodríguez Larreta medidas sanitarias específicas para quienes residen en los 57 barrios populares capitalinos.

Porque si bien Fernández -viviendo en Puerto Madero hasta que asumió como presidente- dice que le "duele" la desigualdad y lo "llena de culpa" la presunta "opulencia" de la ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que la Capital Federal aún debe resolver el problema habitacional de unas 73.000 familias que, según el propio FdT, viven en condiciones de precariedad.

Con el respaldo de sectores progresistas, pero también de esos vecinos que residen en zonas postergadas de la Ciudad, los ediles del kirchnerismo se ganaron una banca en la Legislatura porteña, aunque en las últimas horas, en línea con sus jefes políticos nacionales, brindaron su apoyo a la quita de recursos de la Capital Federal para asistir a la Provincia.

De espaldas a los intereses de sus votantes

También el senador nacional por la Ciudad y ex candidato a jefe de Gobierno porteño Mariano Recalde salió en defensa de la medida de la Casa Rosada, que mientras tensa su relación con la oposición da la sensación de que relega sus aspiraciones electorales en la Capital Federal, con una decisión que se basa más en una disputa política que en un argumento de gestión.

"Todos los distritos necesitan recursos, pero de todo el país la que menos necesita es la ciudad de Buenos Aires", dijo Recalde. ¿Qué pensarán ahora los que confiaron su voto en él en 2015 y los que respaldaron en las urnas a los actuales legisladores del FdT en las últimas elecciones?.

Desde hace meses que referentes del kirchnerismo, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y el gobernador Kicillof, además del propio presidente, vienen arrojando dardos envenenados contra la Ciudad y también hacia la gestión de Rodríguez Larreta.

Finalmente, tras haberlo calificado como su "amigo", Fernández le quitó ingresos equivalentes a unos 35.000 millones de pesos anuales y obligó al alcalde porteño a salir de su zona de confort, después de ver cómo Rodríguez Larreta escalaba en las encuestas de ponderación de gestión e imagen.

Con ese tijeretazo, el Gobierno forzó una reacción de Rodríguez Larreta, que respondió con un tono considerablemente menos edulcorado que el utiliza de manera habitual, y casi que lo subió al "ring" de una eventual contienda electoral en 2023, tomando en cuenta las aspiraciones presidenciales del jefe comunal.

Como mínimo, la decisión de la Casa Rosada empoderó al alcalde porteño en medio de la reestructuración interna por la que aún transita la ex coalición de Gobierno, con un Mauricio Macri todavía retirado de la escena, mientras pende un signo de interrogación sobre el perfil del vínculo que mantendrán a partir de ahora Fernández y Rodríguez Larreta.

De cualquier manera, han sido días agitados los de las últimas semanas para la Argentina. En este marco, sería aconsejable en medio de la pandemia de coronavirus que la dirigencia política doméstica desista de transferir, como viene sucediendo, niveles tan altos de tensión y confrontación a la sociedad.

Desde la salida del empresario Lázaro Báez de la cárcel de Ezeiza hasta los reclamos en contra de la cuarentena, pasando por las tomas de tierras, la protesta policial y las respuestas del Gobierno ante esos problemas: toda discusión parece fértil para politizarse en el país, para ideologizarse.

Si efectivamente en algún momento se trató de un objetivo para el Gobierno en general y para Fernández en particular, la misión de intentar cerrar la "grieta" en la Argentina parece cada vez más lejos de poder cumplirse en este contexto.