El miércoles 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró formalmente la pandemia de COVID-19. Tuvieron que transcurrir más de catorce meses para que los medios periodísticos, se hicieran eco del aumento de enfermos y muertos, y del estado de abandono de las Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales.

La crisis sanitaria es evidente y los mecanismos que deberían funcionar para atender a los trabajadores fracasaron, pero no sólo por la falta de vacunas sino también por la escasez de centros médicos, recursos y profesionales especializados, y fundamentalmente por la ineptitud de las cúpulas policiales y las maniobras fraudulentas de las Obras Sociales.

¿Qué ciudadano medianamente informado podría desconocer, que las prestadoras de salud representan cajas negras y nichos de corrupción multimillonarios administrados por sindicatos, funcionarios políticos y jerarcas de uniforme, cuyo único objetivo es lucrar con las prestaciones y el bienestar de los pacientes?

La vulneración del derecho a la salud de la familia policial, -entendido el concepto de forma amplia-, no radica únicamente en los bajísimos porcentajes de trabajadores inoculados (en comparación con los sectores de Salud y Educación), sino también en la falta de Tratamientos Preventivos para el SARS-CoV-2, la rigidez de endebles procedimientos estandarizados, el desabastecimiento de materiales de protección y equipos de bioseguridad, y la vigencia de viejas prácticas y metodologías institucionales que obligan al personal a trabajar en condiciones infrahumanas, ambientes sin higiene, sin profilaxis ni protocolos, e incluso presentando síntomas.

La desidia y falta de previsión en la cual incurrieron las autoridades argentinas desde incluso antes de la detección del “Caso Cero” el 3 de marzo de 2020, cuando el ministro de salud de la nación, Ginés González García, aseveró que estábamos “lejos de un contagio por coronavirus en la Argentina”, estuvieron y están presentes en cada medida y aspecto de la gestión de la pandemia.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires no es la única fuerza afectada por el virus pero si la que registra mayor cantidad de infectados y muertos. Los contagios en esta institución pretendieron ser disimulados en tanto crecía el número de denuncias contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), y la aseguradora de riesgos de trabajo Provincia ART. No obstante, el ocultamiento de casos, la falta de transparencia y atención médica, fueron una constante en distintas provincias e instituciones.

Desde la Asociación de Esposas y Familiares de Fuerzas de Seguridad de Mendoza y la Unión de Trabajadores de Fuerzas de Seguridad de la misma provincia, también cuestionaron duramente a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), dado que se comprobó en reiteradas oportunidades que la entidad evadió responsabilidades al momento brindar atención médica, testear a policías y penitenciarios, emitir diagnósticos e informes, y de efectuar seguimientos de los aislamientos domiciliarios. Además la aseguradora de riesgos de trabajo Prevención ART operó de manera irregular junto al área de Asistencia al Policía del Ministerio de Seguridad de Mendoza, contradiciendo los diagnósticos y las prescripciones de los médicos tratantes con el único fin de forzar al personal “que continuaba con síntomas y secuelas manifiestas”, para que retomen sus funciones.

A los policías y penitenciarios santafecinos no les fue mejor. Según informes de la Asociación Profesional de Policías de Santa Fe (APROPOL), se estima que más del 60% de los funcionarios no habrían recibido la vacuna, 15 personas se hallan internadas de gravedad, 12 fallecieron, y más de 300 están aisladas por contagio o contacto estrecho.

En el sur, según la joven organización Servidores Policiales y Penitenciarios Unidos de Tierra del Fuego, aproximadamente un 30% de la policía y un 60% del servicio penitenciario habrían recibido sólo la primera dosis que inmunizaría contra el coronavirus, y las condiciones de labor no serían las óptimas.

El espacioAzules por Siempre que nuclea a servidores de la Policía Federal Argentina y de la Ciudad, expuso que el Hospital Médico Policial Churruca Visca, con delegaciones en todo el país, también fue objeto de reclamos por cobertura y servicios médicos, prácticas auxiliares y descuentos farmacéuticos. En cuanto a la Policía de la Ciudad la inscripción para el plan de vacunación, se habilitó recién del 18 al 23 de mayo de 2021 inclusive.

Las denuncias por el recorte de prestaciones a lo largo y ancho del país del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) son de larga data. El IOSFA es el instituto que maneja una caja de 60 mil millones de pesos anuales y cuenta con más de 600 mil afiliados. A partir de su creación en el año 2013 por el decreto 637, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner y en plena gestión de Agustín Rossi como ministro de defensa, el gobierno nacional fusionó la cobertura para el Ejército y Gendarmería, que estaban a cargo del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE); la Marina y Prefectura bajo la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA); y la aeronáutica por la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA).

Desde la conformación del IOSFA primó una política sostenida de vaciamiento, privatización y precarización, la cual llego al límite y se hizo público con el cambio del gobierno y gestión en 2019. No obstante que los diferentes partidos pretendieron endilgarse responsabilidad mutuamente, queda a la vista que las distintas gestiones priorizaron negocios particulares por sobre las reales necesidades de los afiliados y los trabajadores.

En el mes de abril de 2021 y dado el malestar insostenible de los beneficiarios, el gobierno nacional en cabeza de la ministra de seguridad, Sabina Frederic, dio a conocer las negociaciones con el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, para traspasar los afiliados de Gendarmería y Prefectura. De concretarse esta iniciativa tildada por algunos sectores como un “negociado multimillonario”, UPCN incorporaría 19.000 afiliados su Obra Social Unión Personal, a la cual ya se encuentra adherido desde el año 2005 el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los sistemas sanitarios de la Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales se hallan en crisis pero no por la Pandemia de COVID-19, sino por el vínculo fraudulento de la clase política y otros actores con las prestadoras. Por otra parte las instituciones policiales lejos de velar por la salud y la vida de sus servidores públicos únicamente han procurado evitar deserciones. Las aseguradoras de riesgos de trabajo lejos de aliviar y facilitar la recuperación de los agentes, complicaron más el panorama colocando obstáculos.

Prestaciones deficitarias, controles endebles, largas esperas, bonos y copagos, falta de insumos, desabastecimiento de equipos de protección, violencia laboral, son sólo algunos de los problemas.

¿Son pocos los vacunados? La cantidad es sólo una parte del problema.


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