A 20 días de que lleguen las elecciones legislativas de noviembre, el Frente de Todos no logra dar pie con bola. La cuestión Mapuche, con acciones y pronunciamientos que configuran verdaderos “disparos a los pies”, se suma a los desaciertos que los K vienen acopiando con una eficacia pocas veces vista.

Tal es el nivel de escándalos sucesivos, que la cuestión de la fiesta VIP de Olivos ya parece lejana y poco relevante.

Sin querer, el oficialismo ha revelado de manera cabal lo peor del clientelismo político. Punteros impresentables, regalo de electrodomésticos, dádiva de dinero en efectivo, etc. Todo lo que los manuales de ciencias políticas aconsejan no exponer jamás.

Es decir, los expertos no dicen que no haya que hacerlo, solo aconsejan ejecutarlo con cautela y de manera discreta. De lo contrario, lograrán el efecto contrario al deseado.

Para colmo, ha vuelto a la agenda política uno de los tópicos que más preocupa al kirchnerismo: el escándalo de las valijas de Antonini Wilson, que parecía sepultado en el tiempo.

Ello gracias a las declaraciones del exjefe de Inteligencia de Hugo Chávez, Hugo Armando Carvajal, quien reveló que Venezuela aportó 21 millones de dólares para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

Las preguntas que surgen al respecto son obvias: ¿De dónde salió ese dinero? ¿En qué se utilizó una vez llegado al país? ¿A cambio de qué lo aportó el entonces presidente venezolano?

Las respuestas podrían ser inquietantes: según investigó oportunamente quien escribe estas líneas, una parte de los fondos salió de la petrolera PDVSA. La otra fue aportada por el narcotráfico chavista.

El rastro se puede seguir a través del entonces teniente coronel de la Guardia Nacional venezolana Julio César Avilán Díaz, quien acompañó “de incógnito” a los tres funcionarios argentinos —y los cinco venezolanos— que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class el 4 de agosto de 2007 a las 2.30 de la madrugada.

Se trata del avión donde venían las valijas de Guido Antonini Wilson, conteniendo los casi 800 mil dólares que fueron retenidos en el Aeroparque Metropolitano gracias a la inesperada pericia de la agente María Luján Telpuk.

Respecto de Avilán Díaz, es aquel al que todos sindican —incluso a nivel judicial— como el “manager” de lo que fueron los negocios narcos en el gobierno de Chávez.

Lo otro: ¿Qué pactó el gobierno argentino a cambio de ese dinero? Ello quedó de manifiesto gracias a las revelaciones del entonces embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous. Negocios y negociados por doquier. Que se fueron destapando al paso de los años.

En algunos casos fueron escandalosos, con sobreprecios desorbitantes y retornos que recalaron en los bolsillos de funcionarios venezolanos y argentinos. Julio De Vido fue uno de ellos.

También hubo negociados que ni siquiera lograron trascender, como el de la empresa Medix ICSA, que logró hacerse de contratos de compraventa de incubadoras que nunca llegaron a Venezuela. Sin embargo, ello no impidió que se girara el pertinente pago dinerario.

Si tal revelación le interesara a algún fiscal de turno, solo debe convocar al director comercial de esa empresa, Osvaldo Aso, quien estuvo presente junto a Antonini Wilson en la Casa Rosada, observando aquel acto donde confluyeron Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Dos días después de que arribaran las erráticas valijas, el 6 de agosto de 2007.

En esos días, Aníbal Fernández supo negar la concurrencia de Antonini a Casa de Gobierno, pero un video de la TV Pública refutó sus pretensiones. Allí se podía ver al valijero aplaudiendo a rabiar a Kirchner y a Chávez.

Fue el comienza de una trama maldita, que mezcló política, lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado, y que culminó con el triple asesinato de General Rodríguez, en agosto de 2008. Fueron los días en los cuales Argentina estuvo por convertirse en México.

Juntos, pero no mezclados

Juntos por el Cambio viene surfeando la campaña con cuidada precisión. Tratando de evitar todo tipo de contradicción interna, o al menos exponerla. Facundo Manes es el más temido a ese respecto, por las feroces críticas que hace en privado y, a veces, en público.

Divide a la oposición el expediente que investiga el espionaje efectuado a los familiares del ARA San Juan, donde Mauricio Macri ha quedado severamente involucrado, a punto de ser procesado, luego de la oportuna indagatoria.

Si bien la mayoría de los referentes de ese espacio han respaldado al expresidente, hubo voces que se mostraron en contra de cómo este ha manejado la cuestión, esquivando las sucesivas citaciones judiciales. Dos de los que lo criticaron fuerte fueron el propio Manes y Luis Juez, ambos con amplia difusión mediática.

En el fondo, aunque no lo dicen en voz alta, todos se preguntan lo mismo: ¿Sabía o no sabía Macri que se estaba espiando a los familiares de aquel submarino?

Este cronista ya ha hablado in extenso al respecto, porque Macri siempre aparece involucrado en cuestiones de intrusión ilegal: ergo, es difícil que no supiera lo que ocurría. Sin embargo, ello no significa que haya sido quien ordenó avanzar en esa deleznable maniobra.

No le quita responsabilidad, porque la complicidad se configura por acción u omisión. Y no fueron pocas las veces que Elisa Carrió le advirtió que la AFI estaba espiando a propios y ajenos. De hecho, la venían espiando a ella.

Solamente en el año 2017, Lilita se lo dijo en tres oportunidades a Macri, que era entonces presidente de la Nación. Y este no hizo nada de nada.

Quien escribe estas líneas fue uno de los que sufrió los embates del espionaje macrista, justo después de revelar que el exmandatario tenía una firma off shore “no declarada” llamada Kagemusha.

Es curioso, porque 10 años antes fue la SIDE kirchnerista la que siguió los pasos de este cronista. Y una década anterior, en 1998, hizo lo propio el espionaje del menemismo. Luego de publicar el libro “La larga sombra de Yabrán”, que documentaba los vínculos de Carlos Menem con aquel empresario narco.

Digresiones aparte, un escándalo de proporciones se configura en estas horas en la Anses, ya que Fernanda Raverta viene repartiendo “categorías” en el sector de Prestaciones, área manejada con discrecionalidad por Juan Manuel Tignanelli, hermano del diputado provincial Facundo ídem y “espada” de Máximo Kirchner.

Se trata del ingreso a planta permanente de unos mil “pasantes” de La Cámpora que llegan a aquel organismo con el aval de Juan Modarelli, candidato a legislador por la CABA por el Frente de Todos... y camporista, detalle no menor.

Lo inquietante es que los gremios conocen tal situación y callan al respecto. UPCN, ATE y APOPS han recibido detalladas denuncias por esta situación, pero han preferido hacer mutis por el foro.

En el caso de UPCN la explicación es bien sencilla: afiliados a aquel sindicato han ingresado a la Anses con títulos secundarios “truchos”, con el pertinente aval de Berenice Vampa, directora de Recursos Humanos del organismo de marras.

Otro escándalo que sigue escalando es el que involucra a Sergio Massa respecto del club Canottieri Italiani de Tigre, revelado oportunamente por Tribuna de Periodistas. A aquel lugar se desvían fondos de la firma AySA para hacer “refacciones”, beneficiando a puntuales empresas, una de ellas C&E Construcciones, cuyo titular ha sido bautizado “el Lázaro Báez de Massa”.

Lo que pocos saben es que el Canottieri es el “búnker” del hoy titular de la Cámara de Diputados y su esposa, Malena Galmarini. De allí surgen algunos de los funcionarios que luego recalan en el gobierno.

Por caso, en su momento Massa hizo nombrar a Eduardo “Toto” Feijoo, Nicolás Vecchi y Fernando Canumil en la Secretaría de Seguridad de Tigre.

No son los únicos: los que manejan hoy la seguridad de los trenes son todos del riñón del presidente de la Cámara baja. Con el consiguiente negocio que ello representa, bien voluminoso.

Entretanto, el terruño de Massa, Tigre, sigue a la vera de Dios, con un crecimiento de la inseguridad que preocupa a los vecinos de esa misma localidad.

Todo parece tironeado por cuestiones políticas, como suele ocurrir. La especialista María Eugenia Ferrari, quien conoce el fenómeno y parece saber cómo avanzar contra la inseguridad, fue relegada al área de Tránsito.

En su lugar fue puesta Ximena Guzmán, una completa inexperta, cuyo única experiencia fue manejar la Subsecretaría de Tránsito en la época que se volvieron célebres las compras de “licencias truchas”.

En realidad, su mérito es ser hija de un histórico peronista de Tigre, ya fallecido: Fito Guzmán. Pero nadie quiere decirlo.


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