La política vive un inusual enero, con escándalos que superan cualquier pretensión de realismo mágico de Gabriel García Márquez. De ambos lados de la grieta.

Persiste el misterio por los chats de Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono celular reveló incómodas conversaciones con Silvio Robles, todopoderoso secretario privado del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El ministro de Seguridad porteño tomó una inesperada licencia ante el escándalo y prometió demostrar que todo se trató finalmente de una “mascarada” armada por el kirchnerismo. Hasta ahora no lo ha hecho. 

Es probable que la Justicia tampoco lo haga, porque difícilmente exista algún juez en Comodoro Py que se anime a avanzar en una investigación que surgió de la más pura ilegalidad. 

Sería legitimar un ilícito, que daría pie a todo tipo de nulidades, básicamente por vicio de origen. Sobre la base de la denominada “teoría del fruto del árbol envenenado”, una doctrina que reza que cualquier prueba que directamente o indirectamente y por cualquier nexo se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula. 

Otra de las incógnitas que nadie ha respondido aún es quién habría sido autor del hackeo de marras. ¿Se trató de una intrusión pergeñada por el kirchnerismo o es parte de la interna feroz de Juntos por el Cambio?

Por lo pronto, sorprendió que D’Alessandro recibiera tan pocos mensajes de adhesión y apoyo por parte de su propia fuerza. Los que decidieron inmolarse por él se cuentan con los dedos de una mano. Allí aparecen Horacio Rodríguez Larreta y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel. No muchos más.

Dicho sea de paso: ¿Fue genuino el apoyo del alcalde porteño o solo un “reflejo de defensa propia” ante lo que contienen los chats, conversaciones que lo complicarían, a las cuales se sumarían nuevas revelaciones? Aparece en aquellos diálogos de D’Alessandro un tal “Horacio”, en medio de una trama de corrupción por el sistema de acarreo en la CABA, un negocio multimillonario.

Volviendo a la cuestión del hackeo, se sabe que provino de algún lugar de la provincia de Misiones, más específicamente la periferia de la cárcel de El Dorado. Al menos es lo que dice el primer peritaje que se hizo al respecto. 

Empieza a hacerse visible en la trama el otrora director de Contrainteligencia de la AFI y hoy diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, quien quedó en evidencia al anticipar el hackeo al ministro de Seguridad porteño antes de que sucediera. ¿Cómo lo sabía? ¿Alguien se lo dijo o él fue parte del armado? Quien intenta responder el interrogante en estas horas es el fiscal Carlos Stornelli.

Lo que sí pudieron determinar los investigadores es el por qué de la intrusión al celular de funcionario de Larreta: desde su teléfono se enviaron puntuales mensajes a los involucrados en el ataque contra Cristina Kirchner, los denominados “copitos”.

La intención fue tan clara como obvia: se buscó forzar un vínculo que hasta ahora no existe entre el atentado contra la vicepresidenta y Juntos por el Cambio. Un escándalo por donde se lo mire.

Detrás de la movida aparece el siempre temible César Milani, junto a un grupo de “talibanes” del espionaje militar, de la mano del primo de Agustín Rossi, Sergio, quien reporta al Ministerio de Defensa. Los detalles fueron publicados en exclusiva por Tribuna de Periodistas el jueves pasado. Con pelos y señales.

Con el consiguiente reparo: ¿Para qué se armó semejante estructura? ¿Fue solo para esta operación específica o se vienen nuevos hackeos y revelaciones incómodas? Conociendo al kirchnerismo, la respuesta es obvia.

En otro orden de cosas, avanza un escándalo que ya fue anticipado por este medio en el seno de la empresa Trenes Argentinos: allí, Sergio Massa utiliza recursos públicos para avanzar en el armado de su propia estructura, de cara a las elecciones de este año.

Quien permite que ello ocurra es Martín Marinucci, presidente de la firma estatal, junto al subgerente de Recursos Humanos de la Línea Roca, Matías Bide. Un militante puesto en su cargo por Nicolás Russo, hombre de confianza de Massa dentro del Frente Renovador.

A fines de agosto de 2022, TDP ya contó gran parte de la trama, la cual involucra al gerente de Seguridad de Trenes Argentinos, Eduardo Feijoo, uno de los presuntos “prestanombres” del ministro de Economía. 

Como reveló este portal, Feijoo suele hacerles ganar licitaciones amañadas a empresas de seguridad entre las cuales se destaca la suspicaz Murata. Les cobra coimas millonarias, que asegura repartir con su “jefe”. Allí aparecen involucrados casi todos los subgerentes de la misma firma estatal.

Todo tiene que ver con todo: Florencia Colman, directora Suplente de Trenes Argentinos y amiga personal de Malena Galmarini, es pareja del representante del Frente Renovador de Tigre, Lázaro Flores, una de las “manos derechas” de Massa. 

Todos ellos ostentan alta gravitación en AySA, la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires que preside la esposa del ministro de Economía. 

Los curros que se dan allí ameritan una denuncia aparte, aún más escandalosa que la que realizó este periodista contra el ministro de Economía. Asoma en aquella trama una empresa llamada C&E Construcciones, creada por Gustavo Castillo, quien fue procesado en 2018 por su involucramiento en una obra con el municipio de Zárate. 

Otro de los personajes cuya silueta se deja apreciar es el hoy vicepresidente de Trenes Argentinos, Pablo Mirolo, quien supo ser intendente de La Banda, Santiago del Estero, y carga con una elocuente denuncia por enriquecimiento ilícito. 

Su esposa es la encargada de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dentro de la empresa ferroviaria y, junto a su marido, trabajan en el armado del Frente Renovador. 

Todo tiene que ver con todo, como puede verse. Entretanto, Massa persiste en su usual impunidad, que le regalan los medios y la Justicia. 


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