El informe es viejo, tiene más de 20 años. De hecho, fue publicado por quien escribe estas líneas en su libro “AMIA, la gran mentira oficial” (El Cid Editor, 2007).
Se trata de un documento impulsado por el siempre incombustible Miguel Ángel Toma, otrora titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (exSIDE), armado para poder acusar a Irán por el atentado a la AMIA.
Se trata de un mamotreto interesante, fantástico, pero que carece de evidencia alguna, sólo traza un relato previamente armado que fuerza vínculos entre puntuales terroristas. Detrás de su confección hubo reputados funcionarios de EEUU e Israel, siempre interesados en apuntar contra Irán y desvincular a Siria. A pesar de las pruebas que hay en el expediente.
Allí, como suele decir este cronista, aparece incluso la factura de la bomba que explotó en la sede de la AMIA, a nombre de un ciudadano sirio llamado Nassif Haddad. A su vez, el volquete donde reposó el explosivo estuvo “estacionado” en un baldío que pertenece a otro personaje sirio, llamado Alberto Kanoore Edul.
Más aún: la sede de la mutual judía fue “limpiada” por una empresa que pertenece a otro sirio, acaso más célebre, Alfredo Yabrán. Pero nada de esto aparece en el “informe Toma”.
A pesar de ello, Clarín e Infobae publicaron los detalles del mismo en las últimas horas como si fuera toda una novedad. Y nada que ver. Como se dijo, es una verdad interesada.
Toma, extitular de la AFI en tiempos de Eduardo Duhalde, ha sido el factótum de aquella mentira, tanto en esos días como ahora. No es algo que deba sorprender, porque es un tipo que carece de escrúpulos. Pero sí asombra que los medios insistan en la mentira que él inventó.
O no, porque quien firma la falacia en Clarín es el siempre mandadero Daniel Santoro, célebre por sus operaciones de prensa en el gran diario argentino.
Quien escribe estas líneas intentó en más de una oportunidad demostrarle que estaba equivocado en su hipótesis sobre el atentado a la AMIA, pero fue en vano. Como se sabe, billetera mata periodismo.
Dicho sea de paso, hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que el Estado argentino es responsable por violar los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la mutual judía.
El tribunal internacional añadió a la condena las violaciones al “derecho colectivo a la verdad” y dispuso puso que el Estado argentino “debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación”.
Para más claridad, basta echar algo de agua. Como puede verse, lo único que falta para esclarecer la luctuosa trama es algo de voluntad política.