El día miércoles 2 de diciembre de 2009, recibí un llamado telefónico por parte de un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (ex SIDE). Alertado por una investigación publicada por Tribuna de periodistas acerca de cómo el kirchnerismo hackeaba cuentas de correo de diversos referentes políticos y periodistas, el espía me contactó para darme más detalles de esa operación.

“Lo que publicaste no sólo es totalmente real, sino que yo tengo en mi poder el listado oficial de los funcionarios con sus nombres de usuario y contraseñas”, aseguró el informante.

Ipso facto, le pedí una pequeña muestra de sus dichos, para poder evaluar la veracidad de sus dichos. “Ok, te voy a pasar el usuario y contraseña del senador Ernesto Sanz”, dijo el espía con elocuente fastidio.

Con el dato en mis manos, me dispuse a contactar al legislador de marras para verificar la versión. Como era de esperar, su usuario y contraseña eran los verdaderos.

Luego de la referida verificación, volví a contactar al espía para que me diera mayores detalles sobre el tema. Sus palabras me dejaron estupefacto: “esto es un escándalo, Christian, están hackeados y monitoreados todos los políticos de la oposición por parte del gobierno. Decíles que les doy todas las pruebas para que hagan lo que tengan que hacer”.

De más está decir que las pruebas están a disposición de los interesados.

Espionaje y mentiras oficiales

Como ha contado in extenso Tribuna de periodistas, en el juzgado Federal Nro. 1 de San Isidro tramita una causa judicial que investiga a una supuesta banda de hackers que se dedicaban a intervenir correos de personajes de relevancia y vender la información allí contenida.

En realidad, se trata de un expediente donde se dirime una interna entre espías de la ex SIDE y que sólo ha logrado avanzar contra media docena de perejiles. No casualmente la jueza a cargo es Sandra Arroyo Salgado, una joven mujer que no posee experiencia judicial y ha sido puesta en su cargo por funcionarios de la Secretaría de Inteligencia vernácula.

Pocos saben que en su juzgado se “persigue” criminalmente a organizaciones sociales y referentes críticos al gobierno. El desempeño de Arroyo Salgado es tan cuestionado que, hace unos días, fue apartada de la investigación de la ruta de la efedrina, en la cual había sido designada a su vez en reemplazo del eyectado Federico Faggionato Márquez (1).

¿Qué sucedió? Familiares de algunos de los detenidos injustamente en torno a la causa de la efedrina descubrieron los antecedentes de la jueza y presionaron para que fuera separada de esa investigación.

En tal sentido, Arroyo Salgado se encuentra hoy en una fuerte encrucijada, ya que jamás pudo probar nada en el expediente de los hackers y no se atreve a sobreseer a ninguno de los que ha procesado oportunamente. Ante semejante panorama, la jueza intenta en estas horas una jugada desesperada y arriesgada: cambiar la carátula del expediente.

Mientras esto sucede, en el Consejo de la Magistratura avanza lenta pero firmemente un expediente contra su persona, nutrido de pruebas que demuestran su dependencia del poder político.

Parte de esa evidencia fue aportada por este cronista.

Concluyendo

En las últimas horas, el kirchnerismo ha perdido gran parte de su poder en la Cámara de Diputados, lo cual debilitará inevitablemente sus intentos futuros de embestir contra sus enemigos.

Esto abre una gran esperanza para los periodistas que trabajan en Tribuna de periodistas, los cuales han sido hostigados en las últimas semanas más que los de ningún otro medio de comunicación. El colmo ha llegado a tal punto, que hasta Gustavo Contarelli, simple crítico de espectáculos de Tribuna de periodistas, ha sido víctima de embates oficiales contra su persona. Estos se suman a los sufridos por otros colegas del medio (2), incluido quien escribe estas líneas.

Parte del enojo kirchnerista con este periódico tiene que ver con la trama que se cuenta al principio del presente artículo, acerca del espionaje que el oficialismo lleva adelante contra puntuales “enemigos” de su gestión.

Es una trama que terminará por implosionar en el seno del gobierno y pondrá en serios problemas a media docena de funcionarios de primera y segunda línea, incluido el propio matrimonio Kirchner.

La cuenta regresiva de esa bomba ya ha comenzado a correr.

Christian Sanz

(1)   El juez que asumió la titularidad de ese expediente se llama Héctor Echave y es oriundo de la localidad de Mercedes.

(2)  A Catalina Sosa, correctora de Tribuna le violentaron su domicilio hace unos días; a Carlos Forte, editor del mismo medio, lo han increpado y amenazado en la calle; a Juan José Luis Gil le inventaron una causa judicial por supuestas amenazas por mail y lo metieron preso.