El derecho es, ante todo, sentido común. Se supone que, desde la lógica, deberíamos poder aproximarnos a ciertas nociones de cómo se debería proceder en algunos casos.

Eso es así desde la concepción del derecho romano hasta la propia teoría pura del derecho de Hans Kelsen.

Resulta que un par de tipos brillantes, alguna vez, pensaron que cada contravención, realizada por cada persona, debía ser analizada exhaustivamente y, tomando en cuenta sus atenuantes y agravantes, proceder de acuerdo a lo que cada sanción merece. Como idea... brillante.

Hete aquí que algo ha sucedido en el camino del derecho antiguo hasta nuestros días y se ve que las cosas se han complicado un poco.

Uno, que cada mañana lee los diarios, suele observar que muchas veces el derecho no es tan derecho y, ciertos fallos, son vergonzosamente injustos.

Más allá de lo antedicho, que puede deberse a las sentencias lógicamente subjetivas de algunos jueces, hay que admitir que muchos delitos vinculados a temas de salud (pavada de tema) tienen penas bastante leves.

No es posible, por ejemplo, que un delito como el de “ejercicio ilegal de la medicina” (art. 208 del Cód. Penal), tenga penas tan livianas como las que tiene: 15 días a 1 año de prisión, lo cual hace que —por definición—, sea un delito excarcelable.

En la taxativa lista, también podemos nombrar delitos tales como estafas (art. 173-inc.3), daños a la salud (Art. 94), abuso de necesidades (art. 174-inc.2), defraudación (art 172), etc.

No se hasta qué punto estará bien opinar sobre algo que ya fue acordado alguna vez —por decirlo de alguna manera— por un grupo de “notables” cuando se escribió lo que es hoy el Código Penal.

Lo que sí nos parece es que, una persona que perjudica a otra en temas de salud merece una pena superior a la que se aplica hoy en día a través de lo estipulado en el derecho formal.

Nuestros legisladores, que van amoldando —como debe ser— algunas leyes a la realidad actual, deberían darse cuenta de que los citados delitos han pasado a ser inexorablemente anacrónicos.

-¿Cuánta gente más deberá ser estafada por los mismos chantas antes de que se den cuenta de esta inexpugnable verdad?

-¿Cuántas personas más deben morir o quedar con secuelas crónicas en su salud antes de que nuestros —supuestos— representantes se hagan cargo de este espinoso tema?

El tema es bien difícil. Hay muchos intereses de por medio. Y mucho dinero...

No me consta que legislador alguno haya sido comprado para que no se agravaran las citadas penas. Pero tengo todo el derecho de mundo a sospecharlo desde el mismo momento en que no progresan los poquísimos proyectos de ley que han querido avanzar en ese sentido. Uno de ellos es el de la diputada Dora Martina, que hace años viene peleando para poner coto a la actividad delictiva de todos estos chantas que estafan, no sólo en temas de salud, sino también en cuestiones de abuso de la credulidad en general.

Nuestra pelea es muy dura. Sabemos lo complicado que es poner tras las rejas a cada uno de estos delincuentes. Y encima, cuando podríamos lograrlo, debemos aguantar que su estadía tras las rejas sea inexplicablemente fugaz. Un gran despropósito.

Nuestra labor debe estar complementada por concretas leyes que obliguen a todos estos "chantas" a pensar la cuestión dos veces antes de jorobar a los demás.

Mientras tanto, los forajidos de siempre estarán bailando en una pata al mismo tiempo que estropean la salud de gente que está desesperada y que, lo único que busca, es una concreta solución que alivie su interminable dolor.

Es indignante. Y, para peor, es la realidad de cada día.