Hace apenas unos minutos, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, envió tres cartas documento: una, al ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous; otra, al titular Federación Agraria Eduardo Buzzi; y la tercera al senador nacional Luis Juez.
En este documento legal, el ministro les pide que se rectifiquen en el plazo de 24 horas respecto de sus dichos en relación al presunto pago de retornos por parte de empresas argentinas con intereses comerciales en Venezuela.
Asimismo, en la carta documento De Vido indica que, si en este plazo no existe una rectificación por parte de los mencionados, se reserva el derecho de iniciar acciones penales y civiles.
Lo insólito del requerimiento es que utilizó los servicios del oneroso abogado Adrián Maloney, tristemente célebre por ser letrado defensor de personajes cuestionados de la talla del fallecido narcolavador Alfredo Yabrán y el sacerdote Julio César Grassi.
Maloney es conocido en los corrillos tribunalicios por ser un lobbysta eficaz a la hora de presionar a jueces y fiscales, motivo por el cual suele ser contratado por aquellos que están muy comprometidos en situaciones legales, a nivel penal.
¿Tan complicado se encuentra De Vido como para recurrir a semejante profesional?
Christian Sanz