Desde el preciso momento que asumió como Administrador Nacional de Aduanas, en el año 2004, Ricardo Echegaray fue puesto en la mira de Tribuna de periodistas, no sólo por el oscuro pasado que arrastraba como funcionario en Santa Cruz, tierra de los Kirchner, sino porque, no bien asumió su cargo, su primera orden fue la de desmantelar todos los controles aduaneros. Evidentemente, esa actitud no podía traer buenos presagios consigo.

No debió pasar demasiado tiempo para adivinar cuáles eran las verdaderas intenciones de Echegaray. Para el año 2006, las denuncias por contrabando y narcotráfico comenzaron a multiplicarse, llegando el aquelarre en el año 2008, con la importación de efedrina y la consecuente llegada de carteles de droga mexicanos al país.

Para ese entonces, este periódico ya había publicado media docena de denuncias contra Echegaray y algunos de sus adláteres por permitir tal desaguisado. Por caso, quienes escriben estas líneas hicieron una oportuna denuncia judicial y hasta se entrevistaron con una veintena de legisladores de la oposición.

Gracias al aporte de evidencia por parte de estos cronistas, diversos pedidos de informes al poder Ejecutivo fueron elaborados por diputados y senadores nacionales. En las últimas horas, por ejemplo, un grupo de legisladores inició un expediente —Nº 0982-D-2010— a efectos de pedir explicaciones en relación a un tema que desnudó Tribuna, referido a la gestión del ex funcionario aduanero José Sbatella —hoy al frente de la Unidad de Información Financiera— y su eventual “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La presentación de los legisladores aclara la cuestión: “En noviembre del 2002 llegó a la Dirección de Asuntos Legales de la Aduana, una cédula decretando el sobreseimiento definitivo del Gral. Martín Balza como imputado junto a Menem, en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia; no bien llegó esa cédula a la AFIP-ADUANA, la misma ‘desapareció’ misteriosamente en la entonces División Causas Penales de la Dirección General de Aduanas, que a esa fecha —noviembre del 2002— se encontraba ‘casualmente’ a cargo del abogado Marcelo Goldberg, ladero de Sbatella y Asesor de Ricardo Echegaray. De esta forma, al desaparecer la cédula, dicho sobreseimiento al Gral. Balza, no fue apelado por la Aduana y quedó firme”.

La trama de ese escándalo fue contada en exclusiva por este medio el día 15 de enero de 2010, de la siguiente manera: "Sbatella, junto con el entonces Director de Asuntos Legales de la Aduana, el abogado Marcelo Goldberg, es responsable de no haber apelado el sobreseimiento dictado en septiembre de 2003 en favor del Gral. Martin Balza, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa judicial por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, permitiendo de esta forma que el militar pudiera ser nombrado Embajador argentino en Colombia...".

Ese mismo artículo mereció el interés de los diputados Gerardo Milman, Horacio Alcuaz, Maria Virginia Linares, Margarita Stolbizer y Fabián Peralta, quienes decidieron convocar a los miembros del consejo asesor de la Unidad de Información Financiera ante las comisiones de Finanzas, Legislación Penal, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; a efectos de que informen sobre la situación del organismo al asumir las nuevas autoridades.

Nunca más oportuna la investigación parlamentaria, toda vez que el propio Echegaray ha sido imputado judicialmente, en las últimas horas, en el marco de un expediente que investiga el pago de subsidios “truchos” en la ONCCA. Se trata de una causa sobre desembolsos a feed lots y frigoríficos de manera irregular donde se mencionan coimas de hasta 30%.

Siendo Echegaray uno de los hombres de mayor confianza de los Kirchner, ¿significará esta debacle la caída del propio matrimonio?

Christian Sanz y Carlos Forte