Si repasamos la historia nacional en materia macroeconómica es fácil advertir que nuestra inflación reviste carácter endémico.

Como patologías sistémicas por ejemplo, registramos tres hiperinflaciones sin contar con las tasas del orden del 4 a 5 % mensuales bastante habituales en algunos períodos empezando en 1950.

La primera hiperinflación tuvo lugar en octubre de 1975 como consecuencia del sinceramiento de los valores de las macrovariables que hizo el gobierno de turno.

En aquella oportunidad todos los servicios estaban subsidiados, y al retirarse los subsidios, necesariamente se saneaba en parte la economía, pero se incurría inexorablemente en una serie de medidas de corte netamente impopular, como por ejemplo la devaluación monetaria en un 200 %, el incremento de las tarifas de servicios públicos en más de un 100 %, la suba del combustible en el orden del 300 %, etc. Y todo esto en, prácticamente horas.

En este contexto, la CGT reclamó incrementos salariales superiores al 100 % y el gobierno accedió, lo que redundó necesariamente en un aumento del costo empresario y consiguiente traslado a los precios.

La incertidumbre por la variación del precio de los bienes de una hora para la otra provocaron una corrida de los consumidores, es decir, mayor demanda con su consecuente aumento en la velocidad de circulación de dinero, y todo esto aceleraba aun más el fenómeno inflacionario.

El segundo escenario hiperinflacionario tuvo lugar hacia fines del mandato del Presidente Alfonsín, entre 1988 y 1989, y el tercero en 1990.

En 1991, el por entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo implementa el Plan de Convertibilidad y logra estabilizar el sistema haciendo equivaler un dólar a un peso, lo que significaba que las reservas del Banco Central de la República Argentina equiparaban la base monetaria, restándole 4 ceros a la moneda e implementando una banda de flotación entre 0,99 a 1,01.

Durante la presidencia de Fernando de La Rúa, y como consecuencia de la renuncia de su vicepresidente, se produce en el país una altísima crisis institucional que necesariamente repercute en la economía.

En ese contexto, el designado nuevamente ministro Cavallo, frente a la fuga de capitales promovido por bancos y empresas, decide re-inventar el “Impuesto al cheque” o más propiamente dicho “Impuesto a los créditos y débitos bancarios”. Se trata de un tributo cuyo objeto fue el de incrementar la recaudación fiscal, por el cual, por cada cheque emitido, el titular de la cuenta debe pagar un porcentaje adicional que se le debita directamente.

Sin embargo, independientemente de la metodología que se utilice para debitar o acreditar en una cuenta corriente, el impuesto al cheque, se cobra igual.

Si bien se ha previsto la mecánica del llamado “pago a cuenta” en relación al impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta, ya desde su origen constituye un engaño. La razón de su implementación fue la “emergencia socio-económica” por la que atravesaba el país, por lo que estaba previsto suprimirlo en cuanto la situación se estabilizara.

En virtud de que las empresas y comercios en general se manejan con cheques, este impuesto reduce sistemáticamente el capital de los mismos, generando una enorme transferencia de recursos.

Si bien no es un impuesto nuevo en nuestro país ya que de una u otra forma está presente desde 1976, a partir de la “idea” de Cavallo, la presión tributaria fue consolidada de manera más eficiente.

El problema está en que el ingreso que representa para el Estado es considerable y ningún gobierno estaría tan abiertamente dispuesto a dejarlo sin efecto. Si ahora se lo quitase, la inflación escalaría mas, habría mayor aumento de precios en virtud de un cierto margen incremental (relativo) de la capacidad de ahorro, y eso seguiría perjudicando a las clases de más bajos recursos.

Ahora bien, este impuesto va descapitalizando a las empresas, y por ese motivo, sumado a la baja tasa obtenida por los plazos fijos, muchas de ellas optaron por llevar el efectivo ocioso que tienen en sus cuentas corrientes al mercado de capitales, a invertirlo en la Bolsa, en algo que se conoce con el nombre de cash management.

Este servicio genera beneficios a las empresas otorgándoles un retorno más alto que el que puede ofrecer un depósito en un banco, mediante algunos de los instrumentos bursátiles más convenientes a corto plazo, y eximiéndolas del pago del Impuesto al cheque.

En cuanto al argumento por el cual fue creado este impuesto, en rigor de verdad habría que decir que la sociedad argentina mucho no se ha beneficiado en obra pública por este impuesto y otros.

Con el objeto de ganar tiempo para refinanciar los pagos de la deuda externa, Cavallo implementó entonces el “Corralito” durante 90 días, herramienta que por otro lado siempre resultó altamente funcional al salvataje de los intereses empresariales.

Pero, retomando el tema inflacionario, como quedó expresado en otras oportunidades en notas anteriores, las causas de la inflación pueden ser distintas. Por ejemplo existe la inflación por costos que se genera de la puja entre salarios y precios o por variaciones climáticas, aumento de insumos como el petróleo por ejemplo, devaluación de procesos productivos que emplean insumos importados o la puja entre sector privado, sector público y trabajadores. Si hay puja salarial, los sectores monopólicos u oligopólicos pretenden llevarse mayor rentabilidad, entonces los precios suben.

Cuando la moneda es devaluada en un contexto de tipo de cambio fijo-flexible, la inflación se genera o bien por el precio de los bienes nacionales, el precio de los bienes finales importados, o bien porque el precio de los bienes intermedios recae sobre el costo de producción nacional.

Hay inflación inercial cuando en el marco de una inflación elevada, las personas y las empresas procuran cubrirse de la misma de diferentes formas, y hay inflación monetaria que se explica mediante la llamada Teoría Cuantitativa del Dinero donde se presume existe libre movilidad de capitales, producto estable y paridad en el poder de compra.

En el caso de la Argentina, hablamos de los importantes y persistentes déficits fiscales cubiertos con los fondos del BCRA.

También existe la inflación por aumento de la demanda que tiene lugar cuando la demanda global es superior a la oferta global. Así por ejemplo, si los sectores de menores recursos reciben mayores ingresos, tenderán a consumir más generando una mayor demanda que afectará la capacidad de producción u oferta, entonces los precios subirán.

Cuando el déficit fiscal no es tan significativo, el gasto público puede cubrirse tomando préstamos o licuando reservas, pero si persiste a lo largo del tiempo, se hará necesario emitir moneda, se incrementa entonces la oferta nominal del dinero, hay mayor consumo, la oferta de bienes y servicios se ve superada y los precios suben. Y este proceso se llama impuesto inflacionario, que permite aumentar los impuestos sin necesidad de que intervenga el Poder Legislativo.

Cuando el Presupuesto anual no se ajusta a las reglas técnicas establecidas tal como se viene haciendo en nuestro país desde hace unos años, proyectando recursos tributarios a recaudar muy por debajo de lo que realmente es esperable y a eso se lo llama “superávit fiscal” para poder disponer de esos ingresos libremente, llega un punto en que tales recurso no alcanzan y se recurre así a otras fuentes de financiamiento interna o externa. Si la economía no crece a la par, la emisión genera inflación porque el poder de compra de la población es mayor, hay mayor demanda y la oferta no alcanza a cubrirla.

Ahora bien, si además a esto le agregamos los bancos, estamos considerando el “multiplicador monetario”, esto es, los préstamos que efectúan los bancos, lo que también afecta la base monetaria, es decir que hay más dinero en circulación todavía, aumentando aún más la capacidad de la demanda, la capacidad de que la gente compre.

Este excedente se puede equilibrar o bien con crecimiento económico o con inflación, que es lo que se viene dando en los últimos años en nuestro país.

Como es evidente que el BCRA seguirá financiando al Estado, seguiremos incrementando la inflación, con el riesgo de llegar al escenario del 1991, de hiperinflación.

Cuando el gasto público se financia con déficit fiscal, se genera demanda de manera artificial, lo que presiona fuertemente la oferta y necesariamente hace subir los precios. Las empresas deciden producir menos porque su costo de producción es mayor por el precio inflado de los insumos, entonces, optan por vender lo que tienen, ya que la gente comprará de todos modos aunque esté caro, sobre todo los bienes de primera necesidad.

Como además hay y seguirá habiendo incrementos salariales esperados por presión de los sindicatos, éste será volcado al consumo y no al ahorro e inversión, y esto seguirá favoreciendo la inflación.

La sociedad ve con buenos ojos la posibilidad de consumir mas, pero cuando las condiciones reales de tal posibilidad están creadas de manera artificial y no existe coherencia en la política económica sino que se toman medidas al azar y para salir del paso, se llega inexorablemente a crisis sin retorno de consecuencias nefastas.

Por último, es importante destacar que la política macroeconómica llevada a cabo actualmente se sustenta en falacias estadísticas y de tipo cuantitativo tales como las reales reservas del BCRA, tema expuesto en detalle en “¿Cuáles son las reservas reales del BCRA?”, lo que induce a esperar consecuencias para nada positivas a corto plazo ya que la mayoría de las burbujas no pueden sostenerse demasiado tiempo. Otras sí.

Suponer que la escalada inflacionaria que padecemos obedece a una reactivación económica es desconocer los mínimos conceptos en la materia. Tampoco se da circunstancialmente sobre algunos bienes y servicios por causas estacionales, sino que se presenta de manera generalizada, que no significa en todos los bienes y servicios, ya que hay que evaluar precio real y precio nominal en cada caso.

Durante el 2007, empezó el recalentamiento de la economía. Hubo un incremento en la demanda promovido desde el gobierno. Durante 2008/2009, la inflación básicamente tuvo su epicentro en el conflicto con el campo y todas sus derivaciones, pero en 2010 la razón fundamental es el déficit fiscal. Y el exorbitante gasto público de los últimos años ha llevado al país hasta esta encerrona extremadamente peligrosa.

Nidia G. Osimani