Para sintetizar en una sola frase cual es la percepción popular respecto a la corrupción en las instituciones de nuestro país, podría ayudarme con una muletilla que suele decir un cercano amigo mío: “todo está podrido, todos lo sabemos y no tiene arreglo”.

La tercer parte de la frase, la que sugiere la imposibilidad de cambio -al menos en el corto plazo-, parece ser mucho más que un lamento tanguero. Resulta de percibir de manera sostenida a lo largo del tiempo que la corrupción es intrínseca al desarrollo de la endeble democracia argentina y que no existen demasiadas razones para creer en la voluntad de “transparentar las cosas”. Esa misma voluntad que, siendo una mera expectativa, llevó al poder a la Alianza y hoy duerme cajoneada en escritorios que hace un año cambiaron de dueños, pero no de objetivos. Corruptus al senador. La canción sigue siendo la misma, por más que ahora intenten –sin éxito- que su melodía suene más baja.

En busca del testigo perdido

Así las cosas, en un país como la Argentina, donde nadie se entera de nada y los sobres se deslizan al amparo de maestros en el arte de hacer la vista gorda, es más que interesante remontarnos a un caso que demuestra cómo, hace casi diez años atrás, ya existía un complejo sistema de presiones, coimas, amenazas y compra de leyes entre los miembros del Poder Legislativo. La operativa que vamos a contar, guarda una forma similar a la desatada hace poco en el Senado y que concluyó con el abandono de la vicepresidencia por parte de Chacho Alvarez.

Posteriormente también señalaremos algunas diferencias entre el funcionamiento institucional durante el gobierno de Raúl Alfonsín y las dos presidencias de Carlos Menem, período -este último- que debilitó las bases del sistema democrático a medida que lo moldeaba a su gusto y necesidades, en una especie de fortalecimiento de la irregularidad.

En ese sentido, el caso de los sobornos para la Reforma Laboral (a esta altura ya nadie se atreve a hablar de “supuestos”) guarda relación con la sanción –afortunadamente trunca, ya se verá por qué- de la Ley de Correos en 1994, curioso episodio que abordaremos en esta nota.

¿Simple o certificada?

La Ley de Correos fue aprobada por el Senado en noviembre de 1994. En la Cámara Baja obtuvo un dictamen favorable de la Comisión de Comunicaciones, siendo aprobada de manera unánime por siete diputados radicales, cinco peronistas y uno del Modín que entendiendo la importancia del correo en las comunicaciones, decidieron apurar el tramite -seguramente para no privar a la comunidad de grandes beneficios-.

Esta Ley, contenía algunos elementos reprobables entre los que se destacaba especialmente su artículo quinto, el cual daba marco legal al establecimiento de ciertos “servicios monetarios secretos”, que tenían por destinatario al malogrado Alfredo Yabrán.

Cuando la ley -inédita en el mundo por ciertas características que explicaremos más adelante- había obtenido media sanción del Senado, Alberto Pierri, presidente de la Cámara de diputados, la giró solamente a la Comisión de Comunicaciones integrada exclusivamente por diputados “confiables” y que garantizaba que saliera aprobada por unanimidad. La ley saldría votada dentro de un paquete junto a otras leyes, sin disidencias ni observaciones de ningún tipo.

¿Quiénes votaron a favor de la ley? Los siguientes diputados:

-Juan M. Valcarcel, arquitecto, empleado de Pierri, ex socio de Alvarez Echague.

-Ricardo Felgueras 

-Jose S. Arrechea

-Carlos A. Lynch

-Normando Alvarez Garcia

-Enrique Benedetti  (archienemigo de Cavallo, famoso “ariete” de la mafia)

-Silvia Bonomi

-Guillermo Fernandez Gill

-Carlos Funes (autor de la frase “siganme”)

-Marcelo Muñoz

-Jorge Neder

-Victor Pelaez

-Jorge T. Perez

-Carlos Soria  (“confiable” y confiado Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el mismo que hizo un proyecto de ley para cobrarle unos honorarios a la Provincia de Neuquen. En esa ley, el Chocón pasaba a ser propiedad de Río Negro. Soria cobró sus honorarios y se olvido del Chocón).

A pesar de la velocidad de gestión de los citados legisladores, la ley no llegó a instrumentarse por la presión de algunos diputados como Eduardo Varela Cid, Patricia Bullrich, Jorge Arguello, y Miguel D’Alessandro.

El garante

  La ley de correos tenía un autor que garantizaba su cumplimiento. Se trata del ex Senador Juan Carlos Romero, actual gobernador de Salta; quien firmó como propio, un proyecto que había sido redactado en las oficinas de Yabrán. Este último, habría ofrecido treinta millones de dólares a cambio de la sanción de la ley.

El artículo quinto de esa ley, que nunca fue objeto de negociación en las distintas conversaciones que se sostenían para su trámite, otorgaba servicios monetarios secretos. Curiosamente en un país que ni siquiera tiene secreto bancario.

¿En que consistía el artículo 5? implicaba que los giros y transferencias de dinero podían ser realizados en pesos o en moneda extranjera, tanto dentro como fuera de la Argentina, prohibiendo que las autoridades monetarias fueran informadas acerca de quien mandaba dinero a quien, como también de las cantidades que se giraran.

Según la legislación actual, si se manda un cheque bancario, el banco emisor tiene la obligación de informar los detalles de la transacción. Lo cual desaparecería en caso de enviar un giro postal, ya que el correo tendría vedado proveer cualquier información al respecto.

El silencio de los inocentes

En un comienzo, el proyecto mereció observaciones por parte de los diputados Miguel Lito D´Alessandro, Patricia Bulrich, Jorge Arguello, Eduardo Varela Cid y otros catorce más.

Sin embargo, la presión sobre quienes se opusieron fue tan fuerte que en pocos días, los catorce retiraron sus firmas, pidiendo perdón en el bloque por haber firmado. Con excepción de los cuatro nombrados, el resto de los diputados retiró sus observaciones.

Mientras esto sucedía, se negociaban distintas modificaciones a la ley sin que el “grupo operativo de Yabrán” -integrado por los diputados Alberto Pierri, Jorge Matzkin, Carlos Soria, Cesar Arias, Juan Carlos Maqueda, Miguel Angel Toma, Enrique Benedetti y Leopoldo Moreau- aceptara cambiar ese artículo tan peculiar.

Evidentemente, esa ley era una habilitación al lavado de dinero. Respecto a la ley, el ex Diputado Varela Cid sostuvo más tarde desde su exilio en Miami (tras ser procesado y absuelto por la Justicia a raíz de una acusación del empresario telepostal José Ongaro que le endilgó el haberle pedido una coima para frenar la sanción): “Me opuse a la ley porque es una invitación a lavar dinero. En el mundo iba a ser conocida como: lavadores de dinero bienvenidos”.

La gravedad del tema era tal que el Financial Crimes Enforcement Network, organismo que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hizo traducir el texto en tres oportunidades. No podían creer lo que se estaba votando.

Finalmente, la Ley no llegó a ser sancionada debido a la gestión de tres personas: Duhalde, que retiro sus diputados, Cavallo a través de sus denuncias y Alfonsin que, a gritos, obligo al bloque a cambiar el voto.

En febrero de 1997, aparentemente fuera de contexto, Menem firmó un decreto que limitaba los servicios monetarios del correo a la suma de mil pesos por envío. El tremendo asesinato de José Luis Cabezas y los efectos que esto tuvo sobre Alfredo Yabrán, hicieron que, azarosamente, el país se salvara de una ley que habría tenido impredecibles consecuencias.

Al margen de los casos de quienes retiraron sus oposiciones al proyecto -mutándolas en abstenciones-, sería interesante conocer cómo se formó la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados de la cual fueron “sacados” -en diciembre de 1993- aquellos integrantes considerados no confiables.

Mucho más que un crimen

Aunque el artículo quinto de la ley de correos era el más escandaloso del proyecto de ley, no era en forma alguna el único. Cuando la ley había obtenido media sanción en el Senado, Domingo Cavallo disparó una enigmática frase que luego desmintió: "La Argentina es Estados Unidos o la Argentina es Colombia. Si es Colombia, yo me voy".

Aquel que sacara a Alfredo Yabrán de su complaciente anonimato denunciándolo en el Congreso, se indignaba porque la ley tendía a facilitar el transporte de "elementos prohibidos". Por ello, Cavallo atacó duramente el proyecto impulsado por los senadores oficialistas Eduardo Vaca (Capital Federal) y Juan Carlos Romero (Salta). En el año 1.991, ambos senadores habían coincidido en que el sistema constituído por EDCADASSA, Intercargo e Interbaires –empresas atribuídas a Yabrán y que operaban en el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque Metropolitano- era el mejor que se podía conseguir. Otra vez se repetía la velocidad de los legisladores, siempre dispuestos a evitar pérdidas de tiempo que podrían resultar fatales para la ciudadanía.

La oposición de Cavallo al proyecto de privatización del correo se vinculaba, principalmente, con las potenciales irregularidades que provocarían algunos artículos de la polémica ley, una vez que ésta fuera aprobada.

Estos son algunos ejemplos:

La Ley restringía al treinta por ciento, la participación de las firmas extranjeras en la compra de Encotesa (que perjudicaba directamente a Federal Express). Además, los vehículos afectados exclusivamente al transporte postal gozarían de los beneficios de libre tránsito y estacionamiento, y no podrían ser detenidos, demorados ni secuestrados durante su recorrido sin orden judicial.

 El primero de los artículos, al otorgarle prioridad al capital argentino y fijando límite al capital extranjero, le quitaba estimulo a operadores internacionales poco interesados en una participación minoritaria y, el segundo, facilitaba el transporte de elementos de índole dudosa, ya sea drogas, armas o dinero del narcotráfico. Obviamente, Cavallo sabía bien de que hablaba cuando comparaba a la Argentina con Colombia.

 A su vez, el marco regulatorio aprobado inhabilitaba de hecho a las entonces prestadoras de Encotesa, por exigirles un capital mínimo de doscientos mil dólares, como también una alta disponibilidad mínima de inmuebles, vehículos y dotación. Un item difícil de satisfacer.

Ya Cavallo había expuesto ante diputados la situación de irregularidad de la ley, tal y como la estaban por sancionar: "No es solo el correo, sino un sistema que tiene que ver con transporte de cosas delicadas y con la entrada y salida de mercadería del país, como documentación de seguridad. Sospecho de un intento de copamiento monopólico del correo con fines no solo económicos sino con otros fines, que incluso pueden ser aun más peligrosos que los económicos".

Cafiero: “Si no me tienen fe”

El senador justicialista Antonio Cafiero, no solo tuvo un importante rol en el reciente megaescándalo sobre la Reforma Laboral. También en 1994 jugó un rol interesante al explicar la aprobación senatorial de la mencionada Ley de Correos como un accidente. “Nos equivocamos con la ley de correo, pero no hubo mala fé”- sostuvo entonces. El legislador trató de asumir en esos días la responsabilidad que le correspondía, aunque se atajó diciendo que “no formé parte de la comisión encargada de discutir esa ley, ni fuí uno de los que más participó del debate (...).votamos conscientes de que hacíamos lo mejor...”—expresó con gran coherencia y una claridad que seguramente excedió su voluntad.

El Padrino

La historia de la Ley de Correos se vuelve más interesante cuando se tiene en cuenta que su autor fue Juan Carlos Romero, hijo del fallecido Roberto Romero, ex gobernador de Salta y que había sido señalado en distintas publicaciones como narcotraficante y sospechado por la DEA de haber sido la vinculación más poderosa de Argentina con la mafia ítalo-norteamericana.

También es interesante hacer notar, a la hora de repartir responsabilidades, que el actual presidente fue un notorio senador nacional, por lo cual cabe preguntarse si podría afirmar con alguna racionalidad que desconoce los aceitados manejos que rodean el trámite de las leyes.

No por nada, en declaraciones efectuadas posteriormente a su renuncia, Chacho Alvarez sostuvo que había que investigar el trámite que tuvieron varias leyes, entre ellas la ley de correos.

Alvarez siempre sospechó de los vínculos entre De La Rúa y Yabrán y así lo hizo saber a sus colaboradores más estrechos en varias oportunidades.

Entre esas sospechas, figura una licitación en la que el gobierno porteño –conducido entonces por el actual Presidente– benefició notoriamente a OCA, una empresa de Alfredo Yabrán.

Era algo muy extraño: OCA, a pesar de haber ofrecido un precio muy superior al de Correo Argentino, se quedó con el contrato (y muchos, con las sospechas de que algo turbio había pasado).

Por otro lado, el estudio jurídico de De La Rúa defendió, en su momento, a una de las empresas del grupo Yabrán.

Tampoco a nadie se le escapa que, pocos días después de haber asumido en la Casa Rosada, el presidente De la Rúa recibió en su despacho a Héctor Colella, el famoso “H.C.” al que Yabrán, antes de morir, ungió como jefe de su organización.

De todos modos y, más allá de lo dicho, el hecho de que el Presidente supiera o no acerca de los sobornos, es una pregunta demasiado inquietante, siquiera tal vez para ensayar una repuesta que no presenta demasiadas opciones al sentido común.

Como se puede apreciar, esta trama de ribetes novelescos contiene una corrupción y una desidia en el ejercicio de la función pública que, atemporal, se cierne sobre la Argentina, más firme que nunca. Es una incógnita si la próxima renovación total del Senado podrá contribuir en algo a sanear un sistema que ya no tiene con mecanismos de autoprotección, en el que los organismos de control y auditoría se han transformado en muchos casos, en unidades ejecutoras de negociados y leyes hechas “a medida”.

Para terminar, habría que ver como fue evolucionando el Poder Legislativo desde la recuperación democrática de 1983 a la fecha. Seguramente el lector, ayudado por esta breve explicación, podrá concluir en que no hay demasiado de lo que sorprenderse.

Christian Sanz

Anexo: Subjetividades y tiempos de ruptura

¿Cómo podemos entender esta realidad en la que las leyes “se compran”?

En primer lugar es ingenuo pretender que una democracia tan joven (e inconstante) como la Argentina, pudiera haberse liberado de ciertos vicios y prácticas en los que tradicional (y exquisitamente) se ha combinado el apriete con la coima, el soborno abierto con las presiones de los diferentes factores de poder. No vale la pena entrar en detalles, pero la democracia que recupera la presidencia de Raúl Alfonsín está embebida de los vicios y mecanismos de presión corporativas más habituales a las dictaduras que a una democracia. Y no hablamos del lobbying blanqueado, pautado y regulado legalmente como sucede en Estados Unidos (y cuya ley se pretende trasladar con variantes a estas pampas). Me refiero a la existencia de numerosos condicionamientos que trababan el libre funcionamiento legislativo desde sus comienzos. Un claro ejemplo de esto fueron los llamados “enlaces” militares que hacían lobby para sus fuerzas en el congreso. Leyes como la llamada de Punto Final y la de Obediencia Debida no son ajenas en modo alguno a estas presiones.

Con todo, la democracia joven que recibió Alfonsín tenía un cierto vigor, casi autónomo que le permitía salir adelante y generar propuestas. De aquella época quedan registros de debates acalorados tanto en el senado como en la cámara de diputados. Se veían esbozos de un desarrollo político que lejos de consolidarse en los años venideros tendería a ceder en pro de la aprobación a libro cerrado.

Por supuesto que también en aquellas épocas, se hablaba de negociados, coimas, etc. No puede dejarse de lado el fenecido Concejo Deliberante que funcionó como un esquema intrínsecamente corrupto (clonado más tarde a la legislatura). Pero a pesar de reprochar ciertos privilegios excesivos para los legisladores, todavía había un hilo, una conexión entre los ciudadanos y sus representantes.

Con la partida precipitada de Raúl Alfonsín del gobierno, la democracia representativa entra en un nuevo proceso en el cual comienza a consolidarse un pragmatismo que había sido ajeno al líder radical.

Carlos Menem llegó para cumplir entre otras cosas, con la privatización de empresas públicas contemplada (reclamada) por el llamado Consenso de Washington, esa dudosa receta para los países latinoamericanos.

La sombra de Alfonsín, que llegó a la Casa Rosada recitando el preámbulo de la constitución y debió irse en medio de un caos de gobernabilidad en el que cayó por su propia torpeza (en gran parte) y donde tampoco faltaron algunos empujones interesados, fue reemplazada rápidamente por la “audacia” de Carlos Menem que venía a imponer otro estilo a la política.

En líneas generales, fue durante las dos presidencias que la relación entre política y negocios, dejó de actuar como un vaso comunicante. Directamente se produjo una absorción de la política por parte de los negocios. Política como un apéndice de los negocios.

En este párrafo, creo, radica la clave que permite entender como casi se llega a la sanción de una Ley de Correos a la medida de un individuo con intereses más que claros. ¿Es necesario decir algo más?

Fuentes:

 -Libro “La larga sombra de Yabrán" (Christian Sanz - F. Caviglia) – Ed. Sudamericana – 1998.

-Diarios de sesiones varios - Congreso Nacional.

-Entrevistas varias con fuentes gubernamentales y no gubernamentales.

-Archivo de diarios y revistas.