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Lo ocurrido esta mañana —en realidad, comenzó anoche— respecto al taponamiento de la salida y entrada de camiones en las plantas de los diarios de mayor circulación en la Argentina, es la postal más cruel de cómo el kirchnerismo concibe a la libertad de prensa: a los amigos, todo; a los enemigos, nada.
¿Hubiera callado el Gobierno como lo hace en estas horas si ese bloqueo se hubiera dado contra algún medio oficialista? Jamás. Es duro decirlo, pero es así.
Hay una vara inequívoca para medirlo, la de la publicidad oficial. Allí, queda demostrado que los medios obsecuentes al kirchnerismo tienen un trato preferencial por sobre los que no lo son. Como si el periodismo debiera nutrirse solo de buenas noticias oficiales para ser exitoso.
Basta leer las crónicas de medios foráneos para avergonzarse de la idiosincrasia gubernamental. En la prensa de otros países no solo se destaca la falta de libertad para trabajar en la Argentina a nivel periodístico, sino también la recurrente desobediencia del oficialismo a la hora de hacer cumplir un fallo judicial que prohíbe cercenar la circulación de medios impresos.
Frente a semejante panorama, ¿cómo alguien puede asombrarse de que al presidente Hugo Chávez le sea entregado el premio Rodolfo Walsh por parte de la oficialista Universidad de La Plata? Lamentablemente, la Argentina parece caminar por la misma cornisa que el mandatario venezolano imprimió en su país.
¿Hace falta recordar la creciente cantidad de casos de censura a la prensa por parte del kirchnerismo, desde 2003 a la fecha, para entenderlo? Si bien solo ha trascendido lo ocurrido a periodistas más conocidos, como Pepe Eliaschev y Nelson Castro, hay denuncias de varias docenas de colegas que trabajaban en medios como Radio Nacional, Télam, Radio Cooperativa —y otros de signo oficialistas—, que vieron cercenada su labor por haberse atrevido a mencionar temas prohibidos en la agenda oficial.
¿De qué no puede hablarse? De una enorme variedad de temas, entre los que se destacan: los evaporados fondos de Santa Cruz, las valijas de Antonini Wilson, las coimas de Skanska, los negociados con Venezuela, la manipulación del Indec, los sobreprecios en la obra pública y la cocaína enviada a España a través de Southern Winds. Esos son solo algunos de los tantos tópicos que no pueden ni deben mencionarse.
Tampoco está permitido mencionar ciertos nombres que suponen un ataque al centro del poder oficial: Lázaro Báez, Cristóbal López, Juan Carlos Relats y Rudy Ulloa Igor. No casualmente, a todos ellos, se los presume testaferros de los Kirchner.
Esa censura no solamente es denunciada por quienes han sido eyectados de medios obsecuentes, sino también por muchos de los que permanecen allí. Son colegas que callan porque no se quieren perder sus puestos de trabajo, pero que admiten que no pueden hablar con la libertad que quisieran.
Para entender la gravedad del bloqueo a Clarín y La Nación, hay que tener en cuenta todo lo aquí mencionado. Todo ello ha confluido para que Moyano —que es solo una anécdota a esta altura— se atreviera a avanzar contra la prensa.
El guiño oficial ha sido permanente, solo faltaba que alguien se animara a avanzar por su cuenta.
Christian Sanz
