Si hay algo que debe reconocerse al kirchnerismo, es su capacidad para convencer a las masas a través del discurso, más allá de sus actos reales y concretos de gobierno. A nadie importa que el oficialismo de turno haya robado los fondos de Santa Cruz: todos parecen conformarse con escuchar a Cristina Kirchner en sus persistentes alocuciones arengando a favor de la construcción del "ser nacional". Eso es suficiente como para olvidar quién es Ricardo Jaime, qué es Skanska, qué ocurre en el Indec o por qué levantó campamento con apuro la narcoaerolínea Southern Winds.

En ese marco de doble discurso, aparece uno de los fraudes más elocuentes que ha cometido el kirchnerismo, tiene que ver con la falta de título por parte de Cristina Kirchner, quien asegura haberse recibido en la Universidad Nacional de La Plata, a pesar de que todas las pruebas indican que jamás terminó esa carrera.

No hace falta recordar que este periodista denunció oportunamente a la primera mandataria por el delito de Usurpación de Títulos y Honores, aportando la toda documentación ad hoc. A eso debe sumarse la brillante campaña organizada por el colega José Benegas donde se ha ofrecído un oportuno premio a quien pudiera mostrar una foto de graduación aportada por Cristina, lo cual jamás ha ocurrido.

En realidad, no hacen falta demasiados documentos ni fuentes de información para detectar que la Presidenta no tiene real conocimiento de lo que es el Derecho. Sus propios discursos muestran su paupérrimo conocimiento ad hoc. Cristina ha llegado a ruborizar a propios y ajenos cuando llegó al extremo de confundir el término "sindicación" con "sindicalización". Lo hizo en media docena de oportunidades, en el marco de la trunca denuncia contra Papel Prensa por cadena nacional.

Por ese y otros motivos, ante la imposibilidad de mostrar título o certificado analítico alguno, la hoy Presidenta optó por refrendar el decreto 2810/09A, que permite a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a poner su firma sin que a esta anteceda su calificación profesional.

Teniendo en cuenta que oportunamente se ha descalificado a Juan Carlos Blumberg por haber ostentado un título de ingeniero que en realidad no poseía y que algo similar se hizo con la figura de Jorge Telerman, Cristina debería sufrir el mismo escarnio público que estos debieron tolerar en su momento.

Sin embargo, ello no ocurre; no solo porque la Justicia no se atreve a avanzar contra ningún funcionario relevante del poder de turno, sino porque ningún referente de la oposición se ha animado a embanderarse en esa empresa, que develaría la más grande de las estafas al pueblo argentino.

Por caso, en las últimas semanas, este cronista ofreció toda la evidencia de este escándalo a Elisa Carrió, a través de algunos de sus referentes más cercanos; pero la líder de Coalición Cívica consideró que el tema no tenía relevancia tal como para prestarle su atención.

Cristina y su plan B

A falta de un título genuino, Cristina planifica en estas horas conseguir un título "honoris causa" en la universidad más antigua del planeta, la de Bologna. Así al menos lo ha referido diario La Nación el pasado sábado 21 de mayo, al asegurar que "el Gobierno ha ido a pedir un doctorado honoris causa para su jefa".

El autor de la movida sería Julio De Vido, "quien buscó el auxilio de Telecom Italia, propietaria de Telecom Argentina", según consigna el matutino.

Son interesantes los motivos que enumera La Nación a la hora de explicar semejante decisión oficial: "Los esfuerzos de Cristina Kirchner por envolver su gestión en una aureola intelectual son conocidos. Sus discursos siempre tienen una pretensión teórica, y ella misma, rodeada de 'cuadros técnicos universitarios', se define hegeliana.

Con la campaña, llegó la hora de conseguir un reconocimiento a ese aporte conceptual."

Elocuencia aparte.

Concluyendo

En cualquier otro lugar del mundo, una trama como la relatada habría generado un escándalo de tal magnitud que hubiera puesto en jaque a cualquier gobernante de turno. En la Argentina, como siempre, ocurre todo lo contrario. Ni la sociedad, ni la política, ni la Justicia, parecen interesados en develar cuestiones de esta índole y gravedad.

Eso habla de la idiosincracia del argentino medio, pero sobre todo explica el por qué de la decadencia del país, donde ciertos ilícitos son bien vistos y permitidos en el marco de lo que se denomina "viveza criolla".

Dentro de esa denominación, se suele encuadrar como "picardías" a diversos actos ilícitos, muchos de los cuales no solo están reñidos con la ética y la moral,sino que se encuentran debidamente configurados en el Código Penal vernáculo.

¿Está bien hacer apología de lo ilegal, con el nombre que a ello se quiera denominar? ¿Es un buen ejemplo para las generaciones venideras?

Es una inevitable contradicción aplaudir esos cuestionables actos y al mismo tiempo protestar por la corrupción que corroe a la Argentina. En realidad, es lo que explica esa misma corrupción. Mal que le pese a quien le pese. 

Christian Sanz
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