El pasado 24 de mayo del corriente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno, intimó a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), para que le entregue, en un plazo no mayor a 30 días, un informe detallado acerca de la cantidad de reclamos administrativos sobre cálculo de haberes y movilidad de beneficiarios que tiene pendientes de resolución.

Asimismo, le solicitó datos acerca de las causas judiciales por reajuste que hay en trámite y con sentencia firme a las que ese organismo aún no dio curso, causas en las que se ha verificado si corresponde o no movilidad, cantidad de beneficiarios del sistema especificando montos y conceptos, etc.

Por último, la CSJN pidió información acerca de qué porción del presupuesto se destina al pago de sentencias en el presente ejercicio, entre otros tantos conceptos que integran la lista.

Las demandas presentadas por el sector pasivo contra la Anses ascienden a 465 mil casos (casi 26 mil en los últimos 90 días), y la cantidad de acciones judiciales se ha incrementado superando las 100 mil por año, es decir, unas 10 mil por mes.

A pesar de que el Gobierno Nacional venía pagando apenas unas 20 mil anualmente, en los últimos meses, se ha detectado por parte del mismo una marcada reticencia a sostener ese magro nivel de cumplimiento, por lo que se calcula que la cancelación total de las pendientes insumiría algo así como unos 20 años.

Sumando mayor nivel de desprolijidad al proceso, y en el marco de la política llevada adelante por el régimen kirchnerista, se sigue dando curso favorable a nuevos beneficios previsionales ignorando en su asignación todo lo establecido en las sentencias judiciales.

Este último dato resulta alarmante, ya que indica claramente el ingreso de nuevas demandas contra el Estado en concepto de intereses y retroactividad de haberes.

A lo antedicho, hay que agregarle que la Anses, a las sentencias que les ha dado curso, las ha liquidado mal, generando así nuevas demandas judiciales por la diferencia, intereses y otros conceptos.

Cabe recordar, que fueron varias las veces en las que la Justicia ordenó a la Anses dar cumplimiento a lo dispuesto en las sentencias. Inclusive, hasta estableció sanciones de tipo económico y el inicio de causas penales al director del organismo si los fallos eran ignorados.

El Gobierno fue denunciado por distintos organismos de derechos humanos y abogados particulares ante la OEA (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en virtud de lo cual dejó de apelar los fallos acerca de los cuales se hubiera pronunciado la CSJN. Sin embargo, nunca cumplió, ni eso ni el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.

El mencionado dictamen, ordena a los organismos públicos evitar acciones que obliguen a la gente a iniciar juicios contra el Estado en los casos en que se verifique la existencia de jurisprudencia favorable a los distintos reclamos.

Como se sabe, el dinero que administra el Gobierno con destino a los beneficios previsionales, es utilizado mayoritariamente para otros fines que nada tienen que ver con la naturaleza de su recaudación. No hace falta siquiera mencionar lo que tantas veces se ha expuesto en detalle sobre el real uso de esos fondos.

Pero lo verdaderamente preocupante, quizás no sean tanto este tipo de maniobras, considerando que sabemos muy bien de quienes proceden, sino que la justicia, “siempre parece que”, pero nunca concreta nada.

Si hubo fallos en los que por ejemplo, se determinaron sanciones económicas y de tipo penal a la máxima autoridad de la Anses en caso de incumplimiento, ¿por qué no se ejecutaron?

¿Habrá que suponer que otra vez falló el único mecanismo que nos quedaría para tener un mínimo de dignidad como Nación?

Nidia G. Osimani