"La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.", aseguró alguna vez Montesquieu. Esa frase calza perfectamente para analizar lo que ocurre en estos días con el descubrimiento de media docena de prostíbulos regenteados en departamentos pertenecientes al juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Zaffaroni.

A ese respecto, hay que admitir que la defensa que improvisó el magistrado, asegurando que se trata de una cuestión política “en medio de la campaña electoral”, ha sido profundamente desacertada, sobre todo cuando aún él mismo no ha dado las explicaciones que amerita la situación.

Por caso, ¿cuál es su real vínculo con Ricardo Montiveros a quien redujo al papel de mero “apoderado”? ¿No es sugestivo que este último declare el mismo domicilio —legal y fiscal— que Zaffaroni? ¿Nunca le pareció sugestivo que el valor que cobraba por el alquiler de sus inmuebles triplicaba el precio de mercado?

Y si de hacer preguntas se trata, ¿por qué el magistrado jura que ha sido estafado en su buena fe pero no ha hecho aún la denuncia judicial pertinente? Más aún: ¿Por qué se niega a presentar públicamente los contratos de alquiler de los inmuebles cuestionados?

Lejos de aclarar el asunto, Zaffaroni ha salido a través de los medios a desviar la atención y asegurar que "la prostitución no es un delito", un argumento peligrosamente similar al utilizado por el psicólogo Jorge Corsi —oportunamente preso por abuso de menores— en el marco de una entrevista con el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia. En esa ocasión, Corsi advirtió que la “pedofilia” no era un delito tipificado en el Código Penal.

¿Puede un juez de la Corte efectuar semejante aseveración? ¿Hasta dónde piensa llegar el magistrado a la hora de defenderse? ¿Insistirá con la falacia de afirmar que no sabía nada de nada, cuando existen media docena de denuncias que han llegado incluso a la Procuración General de la Nación?

La situación no solo es grave per se, sino porque se da pocos días después de que Cristina Kirchner prohibiera los avisos clasificados referidos a la prostitución, en el marco del combate de la trata de personas.

Para agregar polémica al tema, los medios de prensa oficialistas —empezando por la agencia Télam— han ayudado a encubrir la trama que hoy jaquea a Zaffaroni. Un dato incómodo: la poca prensa oficial que se anima a mencionar el escándalo de marras, lo hace solo para reproducir las palabras del juez y/o fustigar a los periodistas que lo han denunciado; nada más.

Mientras tanto, el magistrado aprovecha toda oportunidad posible para victimizarse, al igual que ha sabido hacer una y otra vez frente a denuncias similares a las que hoy lo aquejan.

Haciendo historia

Una de las cuestiones que ha sabido ocultar Zaffaroni a lo largo de los años, tiene que ver con su propio pasado y con el juramento que él mismo efectuó sobre el estatuto de la última dictadura militar para poder ser juez. Solo habló del tema cuando se puso en juego su nombramiento para integrar la Corte Suprema de la Nación, ya que ese antecedente era incompatible con su nuevo cargo.

Hay que recordar que, para poder integrar la Justicia durante el “Proceso” había que jurar conforme lo exigía el art. 5 de la ley 21.258  —acatamiento a los Objetivos Básicos fijados por la Junta Militar, Estatuto para el Proceso de Reorganización  Nacional—, lo cual es incompatible con el ingreso al fuero judicial más importante del país.

A la hora de aclarar ese punto, Zaffaroni recurrió a una defensa poco feliz: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.

Lejos de introducir un atenuante, el magistrado expuso un serio agravante. “El perjurio constitucional no es un antecedente plausible. Cuesta comprender que un hombre de derecho pueda jurar ‘por lo que venga’, sea una Constitución democrática o las reglas impuestas por tres dictaduras sucesivas”, aseguró oportunamente Rodolfo Terragno, quien intentó objetar su ingreso a la Corte.

Más allá de la evidente incompatibilidad, hay que destacar que el desempeño de Zaffaroni durante los años de plomo que impuso la dictadura militar no fue lo que podría decirse “elogiable”.

En los casos de desaparición de personas en los que debió intervenir, su desempeño fue pasivo. En 27 de esos casos, por caso, rechazó la acción y remitió las actuaciones a la Cámara del Crimen de la Capital o al Juzgado de Instrucción competente de la Provincia de Buenos Aires para que se investigase la privación ilegítima de la libertad.

Esa pasividad tal vez pueda entenderse en el hecho de que Zaffaroni inició su carrera judicial durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, autotitulada “Revolución Argentina”, que se instauró en el año 1966.

Esos datos son parte de un pasado que el magistrado intentó tapar de toda manera posible a lo largo de los años, al igual que hace hoy con el incipiente descubrimiento del regenteo de prostíbulos en departamentos de su propiedad.

No son solo datos azarosos, sino más bien parte del costado más oscuro de un jurista que, aunque desde la teoría se muestra brillante, no puede explicar las contradicciones más simples —y escandalosas— de su vida privada.