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Algunos detalles sueltos del revelador informe se conocieron esta misma semana. Se trata del documento de la Auditoría General de la Nación (AGN) que evaluó "la gestión de la administración de los recursos afectados al apoyo financiero de los Agentes del Seguro de Salud, y a los planes y programas de salud destinados a los beneficiarios del Sistema, conforme a la Ley Nº 23.661".
Como publicó Tribuna de Periodistas esta misma semana, el paper no revela nada novedoso, sino la impune continuidad de lo que en la Justicia Federal se investiga como la “mafia de los medicamentos”. Allí, el titular de la AGN, Leandro Despouy —junto a la unanimidad de los miembros de la AGN— hace hincapié en la existencia de "troqueles falsos" de remedios por los cuales se otorgaban subsidios a obras sociales sindicales, además de prestaciones de usuarios ya asistidos o fallecidos. ¿Algo que no se haya mencionado antes a nivel judicial?
Para nada, incluso el documento resalta la "reticencia y dilación en la entrega de información y documentación" por parte de la APE, lo que "motivó la demora en la finalización de la auditoría" y para lo que se requirió "la intervención de la Justicia penal". Todo ello, hay que decirlo, ya existe en sendos expedientes que llevan adelante los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío.
Sin embargo, hay un dato que escapa a los medios, y es el que tiene que ver con el impulso oficial al informe de marras. Si bien es cierto que los siete auditores de la AGN refrendaron el documento, han sido los cuatro miembros del oficialismo los que “introdujeron” —e impulsaron— la repentina discusión del tema. No ha sido casual.
El nombre que se encuentra detrás de ese envión gubernamental es el de Hugo Moyano. Baste ver cómo se detallan las irregularidades vinculadas al gremio de Camioneros para entender la embestida que vendrá contra el titular de la CGT. Se puede hacer desde este link.
