El comienzo del juicio por el triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en agosto del año 2008, ostenta una relevancia superior a lo que cualquiera pudiera estimar. Allí se conjugan algunas cuestiones que parecen estar desvinculadas entre sí, pero que no lo están: el crimen organizado en la Argentina, la adulteración de remedios y el financiamiento de algunos partidos políticos.

Para entenderlo, hay que saber que en estos días cuatro expedientes judiciales muestran asombrosas conexiones entre sí. No solo respecto a ciertos nombres, sino también a hechos puntuales que tienen que ver con lo antes descripto. Se trata del triple crimen, la mafia de los medicamentos y el blanqueo de dinero en los aportes de campaña del Frente para la Victoria del año 2007.

Ello tal vez explique el silencio oficial que reinó en los últimos años respecto a esas causas judiciales. Presumiblemente se deba al temor gubernamental de que se descubra cómo es el delgado hilo conductor que une el delito con la política. ¿Qué ocurrirá, por caso, cuando se descubra que dos de los aportantes a la campaña de Cristina Kirchner están vinculados al narcotráfico y uno de ellos hasta aparece como prófugo por el triple crimen? ¿Qué dirá el oficialismo cuando se ventile el estrecho vínculo que existe entre los autores materiales de ese hecho y el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández?

No son datos nuevos en realidad, sino que figuran en el voluminoso expediente que hoy reposa en el despacho del inquieto fiscal Juan Ignacio Bidone. Gran parte de esos elementos fueron publicados por Tribuna de Periodistas a menos de un mes de ocurridas las muertes de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, en septiembre de 2008 a través de un revelador artículo titulado Efedrina, blanqueo de dinero y silencio oficial.

A pesar de tanta evidencia, el poder judicial, más particularmente el fiscal Bidone, debió trabajar en completa soledad para instruir el expediente de marras. Peor aún, tuvo que tolerar los intentos del kirchnerismo por frenar la investigación. Una de esas oportunidades se dio cuando un camarista de Quilmes llamado Luis Gil Juliani —a quien se vincula con Aníbal Fernández— se "coló por la ventana" y liberó a tres de los cuatro acusados. La bronca de Bidone por ese hecho, aún persiste.

Otra cuestión que no le cierra al funcionario judicial es la visible imposibilidad de capturar a uno de los principales acusados del triple crimen: Ibar Esteban Pérez Corradi, a quien se sospecha como uno de los autores intelectuales del luctuoso hecho. ¿Hay vínculo entre la impunidad de este joven "empresario" y su aporte a la campaña presidencial?

Lo que pudiera decir Pérez Corradi preocupa al poder, y mucho. Según la embajada de Estados Unidos se trata del nexo entre laboratorios medicinales argentinos y narcos mexicanos. De su mano, llegaron a la Argentina una veintena de peligrosos traficantes de estupefacientes que pudieron moverse a sus anchas con envidiable impunidad, a pesar de los insistentes llamados de atención que hizo el Departamento de Estado al respecto.

¿Por qué el Gobierno, en lugar de ayudar en la indagación judicial, solo se preocupó por armar un expediente paralelo que persistió en asociar el triple asesinato con la venta de efedrina? Ese papelón, develado por TDP, le costó el cargo al entonces juez Federico Faggionato Márquez.

Lejos de lo que se intentó imponer como verdad revelada, todas las pistas conducen a los despachos oficiales de importantes funcionarios públicos. Baste observar el caso del quilmeño Martín Lanatta, ex asesor de Aníbal Fernández y ministro sin cartera del Renar.

Estos y otros datos intentarán ser escondidos por el oficialismo durante el tiempo que perdure el juicio oral. En ese sentido parecen operar las amenazas a los testigos que deben declarar a lo largo de las próximas semanas.

El fiscal Bidone y los abogados de las víctimas suman sospechas al paso de las horas. ¿Por qué es tan reducido el lugar destinado para tan relevante trámite judicial?, se preguntan.

Tampoco confían del todo en los magistrados que juzgarán a los supuestos criminales. En realidad, la desconfianza se da sobre la figura de Fernando Bustos Berrondo, autodenominado "abolicionista", una rama del derecho que reniega del sistema penal y que de alguna manera es "superadora" del cuestionado "garantismo". "(Raúl) Zaffaroni es un represor al lado de Bustos Berrondo", aseguró a TDP uno de los abogados de las víctimas para graficar su postura.

El otro juez que integra el tribunal es Marco Barski, subrogante y seguidor de los pasos de este último. Ambos, según fuentes judiciales, se encontrarían enfrentados a la tercera integrante del jury: Graciela Larroque.

"Por los antecedentes de Bustos Larroque podemos presumir que podría darse una situación que estará lejos de la aplicación de la pena de los hoy acusados. Hay preocupación en los familiares, es cierto", admitió Alejandro Sánchez Kalbermatten, abogado del clan Bina.

Podría ser solo especulación el temor que hoy reina en el aire, pero ello se esfuma cuando aparece en el escenario la sumatoria de desconfianzas, tanto por parte de Bidone como de los abogados y sus representados.

El tiempo dirá finalmente si la injusticia volvió a hacerse carne en la Argentina o si, por primera vez, podrá verse un halo de esperanza que termine con esa impunidad.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1