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Reclamo de uniformados: el Gobierno optó por el camino de la conspiración

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LA PEOR DEFENSA, EL ATAQUE
LA PEOR DEFENSA, EL ATAQUE

Hay que decirlo: lo más rescatable del discurso de Juan Manuel Abal Medina fue el “sincericidio” que llegó al final de su diatriba: "La gran mayoría se verá perjud.... digo... beneficiado", admitió al hablar acerca del conflicto que mantiene en vilo a la sociedad por parte de prefectos y gendarmes. Lo que vino después, dio cumplimiento a ese lapsus: el decreto 1307 se aplicará sin más.

 

El jefe de Gabinete habló junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y dio a entender tácitamente que el Gobierno no aceptará el reclamo de un sueldo mínimo de 7 mil pesos que ambas fuerzas vienen llevando adelante en los últimos días. Lejos de atender ese pedido, ambos funcionarios repitieron el argumento de la conspiración que ya había iniciado "casualmente" en su columna dominical Horacio Verbitsky.

A través del oficialista diario Página/12, el periodista K habló de la supuesta connivencia entre abogados, jueces y "jefes de la fuerza" en torno a un gran negocio que hicieron unos pocos uniformados en detrimento del Estado. A ellos se imputó esta tarde como responsables de que prefectos y gendarmes hayan cobrado una miseria en sus últimos recibos, despojándose el Gobierno de toda responsabilidad al respecto. En ese contexto, no dudaron los funcionarios en "escrachar" a funcionarios judiciales de diversa índole utilizando nuevamente el repudiable espionaje del aparato estatal para "carpetear" contra los nuevos enemigos del modelo.

“Hubo un festival de prácticas judiciales con mandos de las fuerzas”, ya que "el 60% del personal de Prefectura y Gendarmería tenían los haberes judicializados”, coincidió Abal Medina con Verbitsky.

A su vez, con un aplomo que preocupa, Lorenzino admitió que el 78% de los sueldos de prefectos y gendarmes eran "en negro". ¿Qué hizo en estos nueve años el kirchnerismo para resolver esa situación? ¿No fue su discurso un completo muestrario de pésimo conocimiento de lo que es la administración pública?

Como sea, la increíble demora en hablar sobre este tema demuestra que el oficialismo no se interesa por la suerte de los uniformados, sino por quedar bien parado frente a la sociedad. Por caso, si los funcionarios ya sabían que el decreto 1307 se aplicaría de todas maneras, ¿para qué hicieron esperar hasta hoy a los reclamantes?

A ese respecto, es sintomático que callara Abal Mendina acerca de que fue uno de los firmantes de ese polémico documento, el cual rebajó los sueldos de los uniformados. Hablando del mismo decreto, Lorenzino mintó al decir que no se crearon suplementos no remunerativos desde 2003: allí mismo se creaban cuatro de esos instrumentos.

En fin, la conferencia que acaban de dar el Jefe de Gabinete y el titular de Economía, lejos de calmar las aguas, echará más nafta al fuego. ¿Qué persona en su sano juicio podría conformarse con semejante tomada de pelo? ¿Cómo podría interesar a uniformados que reclaman aumento salarial una explicación anacrónica del cual no se sienten parte?

Lo ocurrido explica la hermética reunión que llevó adelante el Gobierno durante el fin de semana en la Quinta de Olivos; por lo visto, lo que allí se pergeñó fue una respuesta lejana a la solución esperada. Ello da sustento, tanto al nerviosismo, como al mutismo mostrado por los funcionarios invitados en reserva.

Ese encuentro fue relatado por este portal el pasado 7 de octubre: "Por lo que pudo saber Tribuna de Periodistas, fue la Presidenta la que organizó la reunión a último momento, en la cual durante varias horas funcionarios del kirchnerismo discutieron acerca de los acontecimientos que se están dando en los últimos días respecto al incesante reclamo de prefectos y gendarmes".

Lo que viene es sumamente predecible: los reclamos se extenderán y seguramente lograrán la adhesión de otras fuerzas de seguridad. Imposible que ello no ocurra, sobre todo cuando los que protestan observan que los que les cortan el grifo son funcionarios que ostentan sueldos que superan los 30 y 40 mil pesos por mes. Estos a su vez dan cobertura a los militantes de La Cámpora, cuyos sueldos duplican a los anteriores. ¿Cómo pretender que prefectos y gendarmes vuelvan a sus casas ante este desigual panorama?

Habrá que ver si en realidad el Gobierno buscó esta tarde desactivar la protesta o llevarla a un escalón más allá. Es una inquietante duda, desde ya, pero su respuesta solamente se encuentra en la cabeza de una persona: la Presidenta de la Nación.

 

Christian Sanz

 

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