"Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy tan seguro". Albert Einstein.

La desesperación tiene muchas veces los rostros más impredecibles. Uno de ellos es la estupidez. Es lógico: cuando no se sabe cómo actuar, se apela al célebre e inmanejable manotazo de ahogado, que puede llevar a las sendas más desconocidas y peligrosas.

Es lo que ocurre en estas horas, luego de que el Gobierno manifestara su elocuente falta de reflejos frente a la marcha que se prepara para el próximo 8 de noviembre. Es que, en su desesperación por desactivar esa mega manifestación, el oficialismo ha cometido todos los errores posibles.

Si es que existe un manual de desaciertos, este ha sido puntillosamente estudiado y llevado a cabo desde la mismísima Casa de Gobierno. Veamos por qué.

Primer error: es contradictorio sostener que no existe preocupación alguna por el 8N por parte del kirchnerismo, al tiempo que se instruye a blogueros y periodistas K —dinero mediante— para que manchen el espíritu de la movilización. ¿Cómo se entiende que se movilice a toda una tropa oficial si en teoría no hay inquietud por lo que va a ocurrir?

Segundo error: apelar a la mentira para ensuciar la marcha, asegurando que hay motivaciones concretas detrás de esta. Es posible que pequeños grupos con intereses personales se inmiscuyan en la movida, pero no tienen nada que ver con el real espíritu de la misma. Lo único que logra el Gobierno con esta afirmación, es que muchos de los que hasta ahora no se mostraban convencidos de concurrir, terminen de hacerlo.

Tercer error: buscar organizadores interesados en torno al armado de la manifestación. La acusación es tan ridícula que cae por propio peso. ¿Quién tendría poder de convocatoria como para agrupar a millones de personas en todo el país? ¿Realmente nos quieren hacer creer que a través de inocentes redes sociales se puede liderar una protesta de tal magnitud?

Si así fuera, ¿por qué las páginas de Facebook que arman los rentados cyber militantes tienen tan poca adhesión?

Cuarto error: victimizarse hablando de un intento de desestabilización contra el Gobierno. Si existe semejante movida, ¿por qué el kirchnerismo no hace la correspondiente denuncia ante la Justicia? En lugar de ello, el ministro Julio Alak ha impulsado un expediente judicial contra periodistas de este medio por incitación a escraches y cacerolazos, el cual increíblemente permanece bajo secreto de sumario desde hace meses.

De más está decir que, como decisión editorial, Tribuna de Periodistas ha optado desde un primer momento por no opinar sobre las manifestaciones y cacerolazos. Debe decirse que, si se hubiera optado por lo contrario, no configuraría esto delito alguno.

Quinto error: utilizar el aparato de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) para atacar a los "enemigos del modelo". Al usar los recursos del Estado en contra de sus propios financistas —es decir, los ciudadanos— se deja abierta la puerta a una denuncia por malversación de fondos públicos.

Otra cuestión: el inaudito escrache se lleva a cabo a través de la tergiversación de datos en medios alineados al kirchnerismo como los diarios Tiempo Argentino y Página/12, paradójicamente vinculados al espionaje local. Los periodistas de TDP están curados de espanto a ese respecto: en esos medios los han acusado de golpistas, antisemitas, desestabilizadores, menemistas, duhaldistas, clarinistas, etc, etc. Tal rosario de acusaciones termina siendo contradictorio en sí mismo y poco creíble. Esa conducta hace que los medios referidos sean cada vez menos consumidos.

Sexto error: subestimar a la ciudadanía. Quienes salen a las calles a protestar lo hacen por su hartazgo ante tanta corrupción y cercenamiento de sus libertades. Si estos buscaran en verdad derrocar al gobierno, ¿por qué esperaron nueve años y medio para hacerlo?

De todas las acusaciones oficiales mencionadas, esta última es la más disparatada. Los ciudadanos no saldrían a las calles si obtuvieran respuestas concretas por parte del Gobierno. Sin embargo, ante el persistente silencio oficial no parece haber alternativa. ¿Qué debería hacer la sociedad? ¿Reclamar ante jueces que claramente están alineados al oficialismo?

Le será muy difícil al kirchnerismo explicar la enorme convocatoria del próximo 8 de noviembre sin caer en supuestas conspiraciones. Aún cuando intente desestimar la protesta diciendo que los manifestantes son en realidad “ingratos ciudadanos de clase media”, ¿cómo minimizar el impacto de tamaña muestra de fuerza popular? ¿Es acaso delito protestar si no se pertenece a la clase más pobre de la Argentina?

El nerviosismo del Gobierno por lo que ocurrirá el próximo jueves es evidente, eso está claro. Lo más doloroso para sus funcionarios parece ser el hecho de no poder hacer nada al respecto. Todas las opciones que oportunamente se evaluaron fueron inmediatamente descartadas por su predecible ineficacia, principalmente la idea de Luis D’Elía de hacer una contramarcha. ¿Quién apoyaría una movida llevada adelante por un enriquecido “piquetero”, cuyos hijos cobran sueldos desorbitantes en la Anses?

Lamentablemente para los K, la fiesta parece haberse acabado y las inquietudes oficiales se empiezan a hacer cada vez más notorias. Es muy similar a lo vivido en los últimos años del menemismo, cuando las divisiones internas se empezaron a hacer evidentes.

Antes de insistir con su obcecación, Cristina debería mirar a otros dos espejos de la historia que peligrosamente se parecen a lo que se vive en estos días: uno es el reflejo de lo sucedido en 2001, cuando Fernando De La Rúa terminó fuera del poder luego de mostrarse desinteresado en movilizaciones sociales similares a las de ahora. 

El segundo es el que le tocó vivir a Raúl Alfonsín en 1989, luego de intentar tapar los problemas de la economía con las mismas herramientas discursivas que hoy utiliza el kirchnerismo.

En ambos casos, el final de la historia ha sido casi calcado. ¿Debe presumirse entonces que es eso lo que busca Cristina?

Christian Sanz
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