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Subrepticiamente, durante la noche del viernes 20 de mayo de 2011, cerca de doscientos gendarmes intentaron entrar en la localidad de Pico Truncado con el objetivo de reprimir a trabajadores petroleros que ocupaban la empresa Oleo Sur. Lo hacían en reclamo por falta de pago de sus haberes.
La situación era infinitamente menor a la que hoy se vive en Córdoba, no obstante lo cual Cristina Kirchner decidió que la Gendarmería interviniera en ese lejano conflicto con una rapidez que sorprendió a propios y ajenos. La foto de esa ocasión inundó las redacciones periodísticas: fue el estado más puro de la represión sobre los trabajadores.
No fue la única vez que intervino esa fuerza en un conflicto “menor”. El 20 de noviembre pasado, un nutrido grupo de gendarmes —junto a uniformados de la policía bonaerense— detuvo un intento de saqueo en el hipermercado Carrefour que se encuentra ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando.
Sin embargo, en estas amargas horas de violencia social en la provincia de Córdoba, el gobierno nacional no atina a actuar de la misma manera*, aún cuando el gobernador José Manuel de la Sota clamó por auxilio oficial de toda forma posible, incluso a través de la red social Twitter.
El único que opinó en representación de la Casa Rosada fue el locuaz jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, quien anticipó que el Ejecutivo nacional no intervendrá en la cuestión. “Existen autonomías en las provincias”, aseguró el funcionario.
Por si a alguien le quedaban dudas, el ex gobernador chaqueño agregó que “la situación le compete al gobierno de la provincia de Córdoba”. ¿Cómo explicar con el mismo argumento la intervención de la Gendarmería en los conflictos arriba mencionados? Es la postal más cabal de la contradicción permanente del relato K.
Como sea, en estas horas el Ejecutivo nacional intenta aislar a De la Sota en su propio laberinto, confiado en que todo se reduce a un conflicto entre la policía cordobesa y el jefe de Estado de la misma provincia.
El dato es real, pero solo de parcialmente. Si bien el reclamo de los uniformados fue la mecha que encendió la bomba, ese “explosivo social” ya tomó autonomía propia a través de la manifestación del descontento social. ¿Cuánto demorarán en contagiarse del mismo fenómeno otros distritos del país?
La “patología” de los saqueos está siempre latente en latitudes como la provincia de Buenos Aires, especialmente en la cercanía de las fiestas de fin de año. Es una situación recurrente que aún no ha sido profundamente analizada por los sociólogos vernáculos.
El desconocimiento del fenómeno de marras conspira contra el propio gobierno, que insiste en creer que solo se circunscribe a los límites de Córdoba. ¿Acaso la penuria de sus ciudadanos no tiene vínculo con las políticas nacionales?
Cristina suele dosificar su ayuda a las provincias y privilegia a aquellas que están alineadas con sus políticas. Ello provoca desinteligencias como la que se vive en estas horas.
A fuerza de sinceridad, la presidenta debería evaluar la coyuntura desde otro lugar, no ya desde la lógica “amigo-enemigo”, sino a través de lo que más le conviene a la sociedad toda.
Hasta que ello no ocurra, situaciones como la que viven los cordobeses seguirán multiplicándose, en mayor o menor medida. Ya lo dijo alguna vez Mason Cooley: “La hipocresía es la parte externa del cinismo”.
Christian Sanz
Seguir a @CeSanz1
*El presente artículo fue escrito antes de que el gobierno decidiera enviar gendarmes a Córdoba.
