Luego de la captura de “El Chapo” Guzmán Loera durante el fin de semana, volvió a ponerse sobre el tapete el incómodo tema de los aportes de dinero a la campaña del Frente para la Victoria del año 2007, que llevó a Cristina Kirchner y Julio Cobos a aterrizar en Casa de Gobierno.

En estas horas, hay quienes temen que cobre reimpulso el expediente que investiga posible lavado de dinero durante la recaudación de esos fondos y que duerme en el escritorio de la jueza Federal María Romilda Servini de Cubría.

Se trata de una causa judicial que demuestra que, más de la mitad de los fondos aportados, fueron canalizados a través de firmas relacionadas con la industria farmacéutica que a su vez están sospechadas de graves delitos. ¿Cómo puede explicar el kirchnerismo el hecho de haber aceptado esos fondos? El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, admitió en su momento que la droguería de Sebastián Forza —una de las firmas que puso dinero— tenía una docena de causas por adulteración de fármacos.

La verdadera trama se encuentra, no en las empresas aportantes, sino en los personajes que se encuentran detrás de ellas. Las caras visibles, una docena de jóvenes de entre 25 y 30 años, nada tienen que ver con los negocios que se cocinan en las más altas esferas. ¿De qué negocios hablamos? de cuestiones de diversa índole: adulteración de medicamentos, sobreprecios en negocios con el Estado y hasta lavado de dinero del narcotráfico.

Por caso, presume la embajada de Estados Unidos que el dinero para la campaña de Cristina provino de las FARC de Colombia, vía gestión de Hugo Chávez —el ingreso de la valija de Guido Antonini Wilson estaría en esa línea— y dos cárteles de la droga de México, uno de ellos sería el de Sinaloa, dirigido por “El Chapo”.

En tal sentido, en la mira de los investigadores aparece el nombre de un narco llamado Ibar Esteban Pérez Corradi. "Este tipo en 2007 ofició de nexo entre las FARC, los narcos mexicanos y el gobierno de Kirchner para hacer llegar colaboraciones para la campaña (de Cristina) y para protección. Traían dólares de la droga y luego canalizaban la plata a través de donaciones de perejiles", aseguró a ese respecto uno de los investigadores del caso a quien escribe estas líneas.

Pacto con el diablo

Desde el mismo momento en que asumió la primera magistratura, Néstor Kirchner demostró una política en favor del crecimiento del narcotráfico en la Argentina. No sólo por el hecho de haber puesto en cargos de gran relevancia a personajes relacionados al tráfico de estupefacientes, sino por respaldar disparatadas medidas que sólo han ayudado a ingresar drogas ilícitas a nuestro país. Esto ha vuelto a la Argentina un territorio fértil para que se asienten diversos personajes relacionados con la mafia y el narcotráfico.

Por caso, en los últimos meses del año 2009 han ingresado al país siete "capos" de la droga colombiana sin que la Dirección Nacional de Migraciones se hubiera percatado de ello. ¿Cómo es esto posible, cuando la embajada de Estados Unidos ha advertido —y viene advirtiendo— acerca de este tipo de ingresos?

En el mismo sentido, aún nadie entiende cómo es posible que no se termine de reglamentar la ley de precursores químicos que fue sancionada en el año 2005 y que supo frenar Aníbal Fernández. En una puja que este venía sosteniendo con el ex titular de la Secretaría de Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico (Sedronar), José Granero, por el manejo de los precursores, finalmente el kirchnerismo decidió torcer el brazo a favor del primero, al dejarlo en manos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

¿Cuál es el interés del hoy senador respecto al manejo de los precursores químicos? Es una pregunta que intriga incluso al ex embajador norteamericano Earl Antony Wayne, quien no dudó en planteárselo a Fernández en persona a mediados del año 2009.

"Si se limitara la venta de precursores, especialmente la efedrina, ya no habría interés en venir a nuestro país por parte de los narcos foráneos. Como podrás ver, lograr detener el ingreso de estas mafias es más fácil de lo que parece", admitió una fuente del Sedronar a quien escribe estas líneas.

Ese es justamente el quid de la cuestión: ¿cuál es el interés en que no se reglamente la mencionada ley?

Es una pregunta que debería responder el kirchnerismo a pleno.

Hablando de aportes a la campaña

En el marco de la tarea de recaudación para la campaña de Cristina Kirchner a fines de 2007, el nombre que aparece con insistencia feroz es el de Héctor Capaccioli, megasospechado ex superintendente de Servicios de Salud y hombre del riñón del auto-renunciado Alberto Fernández.

Capaccioli ha sido la misma persona que Sebastián Forza mencionó como "intermediario necesario" respecto a cualquier ilícito vinculado a la venta de medicamentos o adulteración de fármacos. Sospechosamente también es la persona que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, suele omitir a la hora de denunciar ciertos negociados a través del PAMI o IOMA.

Es Capaccioli la persona que, sin parangón en la historia política argentina, se encargó de recaudar dinero para la campaña de Cristina Kirchner. ¿Qué significa esto? históricamente, jamás un superintendente de ninguna área se hizo cargo de tarea semejante.

Casualmente, merced a su gestión, la mayor cantidad de aportantes a "la causa" fueron laboratorios medicinales y/o personas vinculadas a estos. Existe una denuncia puntual impulsada por legisladores de Coalición Cívica que traerá grandes dolores de cabeza, a Capaccioli en particular y el kirchnerismo en general, sobre todo cuando se termine de comprobar que varios de los aportantes jamás podrían haber puesto dinero por no tener patrimonio suficiente que lo justifique.

El primero de ellos ha sido Gabriel Brito, titular de la firma Global Pharmacy, quien aportó a este diario profusa y comprometedora documentación que demuestra a las claras el ilícito mencionado en estas líneas.

Mal que le pese al oficialismo, Brito es solo uno de tantos arrepentidos que han comenzado a contactarse con los medios.