La movida ya empezó a pergeñarse a puertas cerradas hace tiempo y solo la conocen los integrantes del círculo íntimo del gobierno: la idea es instalar que la muerte de Alberto Nisman fue llevada adelante por el tándem Diego Lagomarsino-Antonio Stiuso.

El “capitán” de la estrategia es el poderoso secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, y se hará sobre la base de tres personas de su total confianza: José Antonio Iglesias, Marcelo Saín e Iván Germán Velázquez.

Eventualmente, aparece la figura de Sergio Burstein, miembro activo de la agrupación Amigos y Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA. Pero primero a lo primero.

El secretario de la Presidencia tiene un vínculo oculto con tres personas que han cobrado inesperada relevancia pública durante la semana que pasó.

Uno es el abogado Iglesias, padre de una de las víctimas del incendio en República Cromañón, quien supo estrechar ocultos vínculos con Fernández cuando este era ministro del Interior. Ambos hicieron en esos días un polémico pacto: los familiares de los muertos en 2004 limitarían sus reclamos hasta el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, sin mencionar al kirchnerismo.

A cambio, el gobierno le pagaría jugosos honorarios al letrado para representar a la mayoría de los padres de las víctimas. A partir de entonces, Iglesias —otrora abogado del condenado Rubén Beraja y hoy "ñoqui" del Senado— y Fernández jamás dejaron de dialogar.

Su nombre cobra relevancia porque fue quien aseguró esta semana que Lagomarsino se le había intentado infiltrar bajo pretexto de hacer un trabajo sobre la lucha de los sobrevivientes y familiares de Cromañón. "Nos espiaba, pero no sé para quién", dijo Iglesias.

“El abogado no recuerda con qué nombre se presentó el presunto fotógrafo; sí dónde y cuándo: fue en enero de 2005”, según referenció diario La Nación.

Lo curioso es que ningún otro familiar de las víctimas del incendio de 2004 recuerda la presencia de Lagomarsino, ni tampoco que Iglesias haya hecho públicas sus sospechas en esos días.

Por otro lado, genera suspicacia que su testimonio apareciera justo al mismo tiempo que el gobierno decidió ponerle a Lagomarsino la camiseta de “culpable”.

Aclaro que el que aparece en el video de la marcha de Cromañón no es Lagomarsino. Soy yo.

— Pablo Plotkin (@pabloplotkin) febrero 1, 2015

Para sumar más dudas, entró en escena estos mismos días el segundo actor de esta trama: Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El actual diputado por el partido Nuevo Encuentro, cercano también a Aníbal Fernández, aseguró que hace diez años Lagomarsino se había ofrecido como informante de la PSA, aduciendo tener capacidad de entregar "organizaciones narcos".

Pocas horas más tarde, la seguridad de Saín se esfumó por completo al reconocer que no estaba convencido de que se tratara de la misma persona.

No obstante, avanzó en reclamar: "No entiendo como la jueza no lo investiga como posible homicida (a Lagomarsino), cuando en realidad debería sospecharse de mucha gente, y más aún con la última persona que lo vio con vida (…) ¿Por qué ni siquiera lo llamó a declarar a él, o a Antonio Stiuso?".

Si alguien duda de la obviedad de la movida, solo debe tener presente que los dichos de Saín fueron efectuados a agencia Télam.

Dicho esto, debe mencionarse la tercera pata de la mesa, conformada por el otrora agente de la ex SIDE, Iván Velázquez, hoy prófugo en Uruguay por haber comandado una organización dedicada a espiar correos electrónicos e intentar vender la información allí conseguida.

Sus vínculos con Aníbal son históricos, lo mismo que su enfrentamiento con Stiuso.

"Se infiere que Montero (Osvaldo, general de brigada) utiliza los servicios de Iván Velázquez con el objeto de operar a favor de que el actual ministro del Interior Aníbal Fernández ocupe la cartera de Defensa en el próximo período presidencial", asegura uno de los tramos de la causa judicial que lo complica y que —vaya coincidencia— lleva adelante la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, jueza de San Isidro.

En el mismo expediente, constan las gestiones de Velázquez ante los secretarios privados del propio Fernández a efectos de agilizar la obtención de su pasaporte y el de su socio, Pablo Carpintero.

Como sea, Velázquez es otro que “casualmente” decidió romper el silencio, solo para asegurar que "la persona que traicionó a Nisman fue el mismo Jaime Stiuso". ¡Bingo!

La operación se refrendó a través del portal de Perfil, en el marco de una entrevista donde Velázquez se despachó a gusto contra Stiuso y de paso aprovechó para elogiar a Cristina Kirchner por su idea de avanzar sobre la Secretaría de Inteligencia.

Luego de recopilar las declaraciones de los tres nuevos “testigos” —Iglesias, Saín y Velázquez—, abogados vinculados al gobierno acordaron trabajar en una presentación judicial durante el fin de semana que será refrendada durante la semana que viene.

En el escrito, los profesionales pedirán a la Justicia que se cite a declarar como imputados a Lagomarsino y a Stiuso, sobre la base de las “espontáneas” declaraciones efectuadas en los últimos días.

La estrategia oficial es la misma que anticipó hace una semana el diario Mendoza Post —con firma de este periodista— y que Cristina finalmente dejó entrever por cadena nacional: se planteará que Nisman era algo más que el jefe de Lagomarsino. Asimismo, en caso de probarse la existencia de un homicidio —dificultoso con los elementos dados a conocer hasta ahora—, se dirá que este habría sido cometido por órdenes de Stiuso.

El dato fue confirmado por un alto funcionario que trabaja en la Secretaría General de la Presidencia: es quien anticipó que el gobierno plantearía la fuerte “cercanía” entre Nisman y Lagomarsino.

El gobierno se mueve con desesperación y de manera improvisada. Es lo peor que alguien puede hacer en situaciones de caos como la que se vive en estos días.

A esta altura, alguien tendría que acercarle a Cristina alguno de los consejos de Carl Von Clausewitz para momentos de guerra. Cualquiera de ellos.