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Lázaro Báez sabía que iba a ser detenido. Tal es así, que Cristina Kirchner lo llamó anoche media docena de veces y jamás quiso atenderla. Era obvio: se sintió traicionado por la expresidenta, quien le soltó la mano.
Presumía, sí, que su detención ocurriría el jueves, luego de declarar ante el juez que hoy mandó a detenerlo, Sebastián Casanello.
Báez confirmó todas sus sospechas luego de escuchar al magistrado hablar sobre el video de “La Rosadita” donde aparece su propio hijo contando millones de dólares cash.
"Es una prueba de otro calibre. Es claramente una prueba que no teníamos y que está cambiando todo el escenario", afirmó Casanello a radio La Red. Aún eran los idus de marzo.
Acto seguido, el juez desligó a Cristina Kirchner de toda posible acusación al asegurar que “en este proceso no está involucrada”. Por las dudas, aclaró que no preveía llamarla a prestar declaración indagatoria como sospechosa.
La lectura es clara: Báez es el techo, no el piso de la investigación. El empresario lo sabe y, al igual que Ricardo Jaime, no se quedará callado. "No voy a ser el chivo expiatorio de nadie", le dijo a su propio hijo la semana pasada.
Lo que sospecha el juez
Fuentes judiciales confirmaron que la hipótesis de Casanello es muy simple: para el juez, el dinero lavado en la financiera SGI sería producto de una evasión de impuestos que realizó Báez con el uso de facturas falsas para simular la contratación de empresas en la ejecución de obra pública en Santa Cruz.
A esos efectos, hace una semana pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “un amplio informe” de las empresas Constructora Patagónica Argentina, Calvento SA, Grupo Penta SA, Terrafari SA, CVP Industria SA, M-Magna SA, Attimo Bahía Blanca SA, E&J Argentina SRL, Bahia Acoplar SA y Scarsur Bahía SA, sospechadas de haberle emitido a Báez facturas por servicios que nunca realizaron y con las que el empresario evadió impuestos.
Al mismo tiempo, según confirmó agencia Télam a mediados de marzo pasado, Casanello pidió que el Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz presente un documento que contenga todas las obras públicas que en 2012 tenían en ejecución las empresas del grupo de Báez (Austral Construcciones, Epsur S.A., Gotti SA, Kank y Costilla SA, Badial SA) “con un listado completo de todos los pagos certificados de obras que se hubieren realizado a lo largo de ese período”.
Finalmente, el magistrado solicitó información acerca de eventuales cuentas, empresas y negocios de Báez —y los otros imputados— a Panamá, Estados Unidos, Belice, Suiza y Uruguay. Por ahora, solo respondió Uruguay.
En el contexto referido, la diputada Margarita Stolbizer, a la sazón impulsora de la denuncia contra Báez, se ha anticipado a lo que vendrá y evalúa recusar a Casanello ante la eventualidad de que limite la investigación, dejando de lado a Cristina Kirchner.
Si ello ocurriera, el expediente podría pasar a manos de Claudio Bonadío, quien ya investiga a la expresidenta por supuesto lavado de dinero en sus hoteles de El Calafate.
Por lo pronto, Stolbizer tiene la convicción de que los dólares que blanqueó Báez son producto de retornos de la corrupción K. En su poder tiene dos peritajes que lo demuestran, uno de los cuales ya está en poder de Bonadío.
Como se dijo, Casanello no hará nada contra Cristina. No importa, Bonadío sí hará el "trabajo sucio", no solo contra la exmandataria, sino también contra su hijo Máximo.
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