Hace una semana, el abogado Adrián Bastianes rompió la modorra vacacional al presentar una denuncia judicial contra el juez Ariel Lijo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “prevaricato”.
Ello en el marco de lo ocurrido con Amado Boudou y su socio José María Núñez Carmona, liberados por la Cámara Federal por inacción en el transcurso de la causa judicial que llevaba adelante el magistrado ahora denunciado.
“Denunciar a Lijo es el remedio que tenemos ante la impunidad. Porque somos distintos, porque no apretamos jueces, hacemos lo que deberían hacer los organismos de contralor. Justamente controlar el accionar y pedir su sanción si corresponde. Este es el camino”, sostuvo entonces el denunciante a Tribuna de Periodistas.
“¿Por qué cree que el juez no movió la causa?”, preguntó este portal. La respuesta de Bastianes no se hizo esperar: “El prevaricato lo hizo a propósito. Es lo que se desprende de su accionar”.
La denuncia fue publicada en exclusiva por TDP y luego replicada por otros medios de prensa.
Ahora, en el contexto referido, Bastianes hizo una presentación complementaria ante el Consejo de la Magistratura. Es una “denuncia formal por mal desempeño contra el Dr. Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, en virtud de haber tomado conocimiento de la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato”, según el escrito al que tuvo acceso este portal.
Por ello, el abogado solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación de ese organismo “que disponga la apertura del procedimiento de remoción del juez denunciado, ordene su suspensión y en su caso formule la acusación correspondiente ante el jurado de enjuiciamiento”.
Curiosamente —o no— la denuncia llega en momentos en los que hizo pública una auditoría que revela retrasos y un bajo nivel de condenas en las causas por corrupción dentro del propio Consejo.