Al paso de los años, más allá de los gobiernos y los partidos políticos, los legisladores nacionales se otorgan a sí mismos un suculento sobresueldo libre de impuestos sobre sus ya abultados salarios. Se trata del canje de pasajes aéreos que les es otorgado cada año, un negocio millonario y de dudosa ética.
El tema ha explotado en los últimos días, por el abuso que algunos diputados y senadores hacen del beneficio de marras.
En ese contexto, el abogado Adrián Bastianes hizo una presentación judicial este martes, donde denuncia “la presunta comisión del delito de Defraudación contra la Administración Pública y evasión impositiva contra los integrantes de la Cámara de Diputados, Senadores, legisladores y toda aquella persona que resulte imputada en base a los hechos que aquí se detallan”.
Para el letrado, “todos los nombrados reciben mensualmente cierta cantidad de pasajes aéreos y terrestres, los cuales se encuentran dentro de la dieta mensual según su cargo”.
Bastianes asegura en su presentación que se trata de “una práctica habitual el cambio de estos pasajes por dinero en efectivo, que hasta aquí no configura delito alguno, siempre que los pasajes se utilicen para cumplir con sus funciones y los gastos realizados como viáticos que justifiquen con las correspondientes facturas”.
Por ello, el abogado solicita a la justicia “que solicite a la AFIP las declaraciones juradas de todos los integrantes de las distintas cámaras a los fines de que informen si el producto de la venta de esos pasajes han sido tributados y se encuentran registrados y declarados como parte de su patrimonio”.
Finalmente, Bastianes advierte que, “desde el momento en que estos pasajes son canjeados dejan de cumplir la función para la cual les fue entregado y pasan a ser simplemente dinero en efectivo que debe figurar inexcusablemente en sus declaraciones juradas como parte de su patrimonio”.
En comunicación con Tribuna de Periodistas, el denunciante confirmó que “entre los dos delitos 8 años e inhabilitación para ejercer cargo público por el tiempo que estime el juez”.
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