Este jueves, propios y ajenos quedaron perplejos por un ataque a balazos al diputado nacional Héctor Olivares, quien resultó gravemente herido (ver video al pie).
El legislador fue atacado a tiros en inmediaciones del Congreso Nacional, ante lo cual correligionarios de la UCR advirtieron que se trataría de "un atentado".
Con él iba Miguel Marcelo Yadon, un catamarqueño que se desempeñaba como coordinador de Obras del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal de La Rioja, quien falleció por el ataque.
El ataque, cuyas circunstancias intentaban determinarse, se produjo a las 6:51 en la intersección de Rivadavia y Rodríguez Peña, a escasos metros del palacio legislativo y frente al Instituto Patria.
En estas horas, hay pocas certezas: la primera, es que no se trató de un hecho de inseguridad, sino de algo direccionado. Hay testigos incluso que aseguran que el auto desde el cual le dispararon a Olivares lo estaba esperando en el lugar.
Y ahí aparece el primer interrogante, incómodo: ¿Se trató de sicarios? Si es así, ¿quién los envió? Y una digresión: ¿usaron balas con punta hueca? Ciertamente, todo parece enfocado a una cuestión personal, nada de mafias ni mensajes políticos.
Las sospechas nacen por el hecho de que las personas que cometieron el hecho tomaron un riesgo enorme: el lugar desde donde dispararon es híper transitado. No solo eso: está plagado de cámaras de seguridad.
A su vez, gatillaron en 13 oportunidades, impactando uno de los balazos en el legislador. ¿Dispararon a matar o fue un mensaje?
Se habla en estas horas del aporte de Olivares a la ley contra los barrabravas. También sobre su participación en la Comisión de Transporte en Diputados. Sin embargo, nada hay en concreto que vincule lo ocurrido con el derrotero que vive en estas horas. Como se dijo, todo parece un tema personal.
En ese contexto, asoma una pista, tibia por ahora, pero la más firme, que llegó a Tribuna de Periodistas de la mano de fuentes calificadas de La Rioja. Se trata de una deuda millonaria que el diputado mantenía en el marco de la administración de una finca familiar de 11 hectáreas en la zona de Villa Mazán, al norte de La Rioja. Un apellido asoma allí: Brizuela.
Quienes conocen la trama hablan de “personas poderosas” y refieren temor al hablar del tema. Aportan, sí, el nombre de dos empresas: Olivicola Agroindustrial y Olivares Don Salin. “Hay que investigar las actividades de esas compañías”, puntualizan.
Olivares tiene la mayoría de las acciones en esas firmas, junto a dos sobrinos que, al momento de adquirir su participación eran estudiantes de 19 años, sin ingresos registrados. Por lo cual no podían acreditar la compra de la participación.
Como se dijo, por ahora es una pista incipiente, pero la más firme de todas las que se han manejado hasta ahora. Hay quienes inclusive sostienen que el ataque pudo haber estado direccionado hacia la persona que acompañaba a Olivares, Yadón, por una cuestión de "polleras".
Todo es posible, incluso la posibilidad —improbable, se insiste— de que se trate de una cuestión política. Sea como fuere, no deja de tener superlativa gravedad, ya que se trata de un hecho del que no se tenía cuenta desde los días de la última dictadura militar.