Tal cual reveló Tribuna de Periodistas, la titular del INADI, Victoria Donda, designó a su abogado como director de Asuntos Jurídicos del mismo organismo, lo que le valió una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por parte de la Fundación Ápolo.

En tal contexto, este portal se comunicó con José Lucas Magioncalda, quien comanda el Equipo de Activismo Judicial de la fundación, con el propósito de entender los pormenores de esta presentación.

Al ser consultado sobre qué infringe esta designación, respondió que “varias normas del Código de Ética de la Función Pública que exigen un principio básico que es el de prudencia de tus actos, es decir que además de ser honesto tenés que parecer honesto”.

“Lo que cuida la normativa de la Ética Pública es la credibilidad de las instituciones. Probablemente este colega sea idóneo profesionalmente, pero mientras estaba llevando una causa iniciada por Donda a título personal de cuando era diputada contra el protocolo de uso de armas establecido por Patricia Bullrich… él asume el 11 de diciembre y seguía ejerciendo como abogado de Donda”, explica el abogado.

En tal sentido, se preguntó: “¿Le pagó Donda a su abogado o estamos frente a una contratación a manera de compensación por una función cumplida?”.

Además menciona que “se plantea otra cuestión, estamos hablando del cargo de director de Asuntos Jurídicos que por definición es un cargo técnico. Si la designación fue solamente por cercanía se violó el principio de no discriminar”.

Al ser consultado sobre por qué la denuncia se hizo ante la Oficina Anticorrupción y no en sede judicial, contestó que “nosotros estuvimos evaluando. La realidad es que el caso anterior que sí denunciamos era algo más contundente, porque era la admisión que estaba ingresando gente en virtud de la cercanía”.

Respecto de la denuncia aquí referida, considera que “seguramente vaya directa con la de la trabajadora doméstica de Donda”.

Y explicó además que no fueron a la Justicia porque “en sí mismo, nosotros no vemos que haya delito, sí una violación de normas éticas cuya autoridad de aplicación es la Oficina Anticorrupción, por lo que le pedimos que investigue”.

Asimismo, resaltó que “el mismo artículo que se ocupa del principio de prudencia, habla de poner en riesgo del patrimonio del Estado y de la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones”.

Respecto de la causa de la empleada que tenía Donda para ocuparse de los quehaceres de la casa, mencionó que “en la causa de la empleada doméstica que la abrió el abogado de la empleada, ella (Donda) ya fue imputada, el fiscal decidió impulsarla. Estamos a la espera que nuestra causa avance y pedir que se investigue cuánta gente designó y poder detectar si hubo llamados y ver qué clase de relación existe entre Donda y la gente que designó”.

Al ser preguntado sobre si considera que Donda debería renunciar, manifestó que “si. En realidad para mí jamás debió estar en ese cargo. Una cosa muy sencilla: Donda es una persona que es víctima del terrorismo de Estado y hay que respetarlo, pero no te da ningún tipo de cualidades morales para ejercer la función pública”.

“Yo siempre cuento una anécdota: yo estuve en una cena con Donda en la época en la que Macri no se animaba a ir de presidente y para esa cena se había ido del kirchnerismo y se sumaba a otra alternativa, y le pregunté por la Republica y me contestó a la defensiva. Me dijo ‘qué quiere decir Republica, porque Republica había en Grecia y las mujeres no votaban’. Fijate cómo se tuvo que ir en el tiempo para mostrar que no sirve la Republica. Es gente antisistema”, relató.

Y culminó opinando que “si, claramente debe renunciar. No por esto. No debería estar en el cargo. Si hablamos de idoneidad moral, no es idónea. Si habanos de idoneidad profesional, es una abogada que puede estar a la altura. Pero no es un problema de conocimiento, sino un problema de pensamiento que no coincide con nuestro sistema republicano”.