Una de las peores decisiones que tomó Cristina Kirchner en su vida es la de haber declarado este viernes en el juicio por la denominada causa Vialidad. Allí no solo dejó sin responder las principales acusaciones en su contra, sino que además demostró que desconoce cuestiones básicas del derecho argentino. Ergo, si alguno aún creía que era abogada, se terminó de convencer de lo contrario.

Es curioso, porque en las redes sociales hubo quienes argumentaron que sí tenía diploma profesional por el hecho de haber podido alegar a su favor. Pero ello es un error: la vicepresidenta basó su justificación en el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite a cualquier ciudadano, sea letrado o no, argumentar en beneficio propio. 

“El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”, sostiene la norma de marras.

Fuera de ese detalle técnico, es llamativo que Cristina, quien juró que refutaría toda la prueba en su contra, no haya dicho una sola palabra sobre los chats que reveló el fiscal Diego Luciani y que la involucran, no solo a ella, sino también a su hijo Máximo. 

Tampoco mencionó los aceitados vínculos económicos de su familia con el empresario K Lázaro Báez, quien le desembolsó 40 millones en concepto de "alquileres" de sus hoteles, le ofició millonarias construcciones y fue su eficaz socio en otros emprendimientos.

En lugar de ello, Cristina se dedicó a hacer un alegato político, donde dijo cosas absurdas, que llegaron al punto de asegurar que ella no podía integrar una asociación ilícita porque había sido elegida por el pueblo. De abogada, nada de nada. 

Pero no fue lo único que denotó su ignorancia: intentó comparar el juicio que la complica con la causa judicial que se impulsó en su momento contra Fernando De la Rúa, por los estragos ocurridos a fines de 2001. Hechos diferentes, que fueron juzgados por jueces y fiscales diferentes. Más pruebas de su desconocimiento.

Es probable que la desesperación por zafar termine por conspirar contra la propia vicepresidenta, quien parece haber perdido su pericia discursiva de antaño. Ciertamente, su preocupación no refiere solo a su propia situación personal, sino también a la de sus hijos. Tan o más complicadas que ella.

De todos modos, una condena firme contra su persona demorará algunos años más. En unos meses será condenada, pero se presume que apele ante la Cámara de Casación. Ello llevará un extenso tiempo de revisión. 

Luego, cuando ese cuerpo confirme la condena, Cristina volverá a hacer lo propio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se tomará un par de años más. Una digresión al respecto: ¿Será por eso que la otrora presidenta intenta avanzar sobre ese cuerpo en el Congreso Nacional? 

La discusión parlamentaria bordea lo absurdo, porque el principal argumento K refiere a lo mal que funciona la Justicia para los ciudadanos. Y el dato es real, pero no tiene nada que ver con la Corte, sino con los juzgados civiles, comerciales, laborales y previsionales. 

Allí es donde falla el sistema judicial. Y respecto de esos fueros, el kirchnerismo no impulsa ningún intento de reforma. Es obvio que el real objetivo del kirchnerismo es la impunidad total. 

Entretanto, Cristina tiene mucho de qué preocuparse: aun falta que comiencen otros juicios que la complican, como el del “cuaderno de las coimas”. Allí hay más prueba irrefutable en su contra, principalmente el testimonio de varias docenas de empresarios y ex funcionarios que ya reconocieron los delitos por los cuales se los acusa. Millones y millones de dólares que aterrizaron en su recoleta vivienda de calle Juncal y Uruguay. 

En ese contexto, la vicepresidenta sabe que carece del poder que solía ostentar en el pasado. Ello puede verse en las decrecientes manifestaciones de apoyo que ha recibido en los últimos meses. Incluso las redes sociales parecen haberla abandonado a su suerte. 

Y la frutilla del postre son las encuestas, que la muestran con un nivel de adhesión increíblemente bajo. Por caso, la última medición de Giacobbe & Asociados muestra que Cristina cuenta con una imagen positiva de tan sólo 20,1% y una imagen negativa del 74,5%. 

Acaso ello explique, al menos en parte, la quita de apoyo por parte de históricos sectores del peronismo, que sueñan con depurar el partido luego de 20 años de kirchnerismo irredento. Sería la culminación de un ciclo iniciado hace dos décadas, en 2003. Originado al calor del “Que se vayan todos” del luctuoso 2001.

Para Cristina será una verdadera tragedia, porque así como se revelaron los principales desaguisados de su gestión y la de su marido, su retirada permitirá conocer aún más detalles de la corrupción K. Como ocurrió en su momento con el menemismo. 

En el caso del kirchnerismo, el problema no es tanto la corrupción, sino otros delitos más graves como el narcotráfico y el crimen organizado. Aparecerán allí denuncias cruzadas, todos contra todos. La pelea más feroz es la que libran personeros de La Cámpora contra Aníbal Fernández. Ambos bandos se detestan, porque compiten por los mismos negocios, algunos de ellos ilícitos.

Pero aún falta bastante para conocer novedades en ese sentido. Habrá que tener severa paciencia. La misma templanza que parece ameritar el expediente judicial que investiga a Sergio Massa por enriquecimiento ilícito y otros delitos, luego de la compra de un haras en 8 millones de dólares.

La presentación, efectuada en la Justicia por este cronista, derivó en la incompetencia del magistrado Julián Ercolini y la inexplicable demora de su par Marcelo Martínez de Giorgi, quien aún no decide si avanzará en la imputación del ministro de Economía.

Se sabe que Massa es un hombre intocable, igual o más que Horacio Rodríguez Larreta, también denunciado por quien escribe estas líneas en 2010 por negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación se hizo ante el Juzgado de Instrucción 16 y la causa es la N.º 21.024/10.

Está claro que cuando el kirchnerismo asegura que la Justicia no funciona, no se equivoca: solo que el problema no es la Corte Suprema de Justicia. Ni por asomo.


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