¿Cuál es el juego que juega el juez Federico Faggionato Márquez? ¿Quién está digitando toda la investigación por el triple crimen de General Rodríguez? ¿Por qué se está avanzando contra "perejiles", mientras los verdaderos responsables permanecen sueltos y tranquilos?

    A pesar de lo que los medios reflejan a diario, producto de fuentes interesadas —relacionadas directamente al propio Faggionato Márquez—, hay una trama siniestra detrás de los actos del magistrado, el cual busca desinvestigar y desviar la atención respecto a los verdaderos responsables, no sólo del tráfico de efedrina y la adulteración de medicamentos, sino también del triple crimen de General Rodríguez.

    Oportunamente, se publicó que Faggionato Márquez posee cinco pedidos de juicio político que penden sobre su cabeza y que, merced a esa virtual espada de Damocles, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional lo presionaban para que dirigiera su investigación hacia una "zona muerta". Hasta ahora, lo hizo de manera más que eficiente.

    Primero, procesando a nueve mexicanos que de narcotraficantes no tenían nada de nada —por caso, vivían esclavizados en la quinta donde los detuvieron—; luego, con el procesamiento con prisión preventiva que decretó contra otro ciudadano mexicano, Rodrigo Pozas Iturbe. Este último ha sido confundido con Rodrigo Rodríguez —¿voluntaria o involuntariamente?— uno de los que se reunió oportunamente con los fallecidos, Damián Ferrón, Sebastián Forza y Leopoldo Bina.

    Ahora es el turno de Jesús Martínez Espinoza (1), otro mexicano que tuvo la mala suerte de alquilarle una vivienda a uno de los verdaderos narcotraficantes de la trama, el mexicano Marco Aurelio Lailson Rizzo (2), a quien extrañamente Faggionato Márquez no ha rastreado jamás y pudo salir del país con total tranquilidad.

    Lailson Rizzo no sólo es quien alquiló la vivienda de Martínez Espinoza, sino también el que trajo al país a los nueve mexicanos —engañados— a la quinta de Ingeniero Maschwitz donde fueron detenidos.


Los verdaderos responsables

    La trama por la muerte de los tres "empresarios" es mucho más compleja de lo que muestran los medios y tiene concretas connotaciones políticas. Veamos.

    Por un lado, hay un vínculo inevitable entre los asesinados en General Rodríguez y los aportes a la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007. Sebastián Forza, por caso, admitió que aportó cheques sin fondos a efectos de permitir blanquear dinero de dudosa procedencia.

    En segundo lugar, hay un vínculo directo entre Forza y Claudio Uberti, jefe no oficial de recaudación de campaña del Frente para la Victoria. No sólo hay una docena de comunicaciones entre Uberti y Forza, sino que han existido reuniones "sociales" en casa de la secretaria del funcionario, Victoria Bereziuk, a las cuales Forza asistió oportunamente con su esposa Solange Bellone. Esto ha sido admitido hasta por la propia viuda.

    En tercer término, se ha comprobado que existe una fuerte relación entre ciertas droguerías y la compra de grandes cantidades de precursores químicos en países de oriente para su exportación a México y Colombia. Esas droguerías pertenecerían a importantes políticos que pondrían al frente a jóvenes testaferros.

    Por lo antedicho, es imposible que el juez realmente se digne a avanzar en el camino de la verdad y la Justicia. De hacerlo, sus días estarían puntualmente contados.

    No hay que engañarse, la causa en realidad ya está resuelta. Los nombres de algunos de los responsables se encuentran ya en el expediente judicial (3), pero hay una elocuente presión gubernamental para que no se avance en ese sentido.

    Cabe preguntarse, si no ¿qué pasó con Ibar Pérez Corradi? ¿Por qué se le decretó falta de mérito a José Luis Salerno? ¿Por qué nunca se interrogó a Marcelo Abasto, uno de los que violentamente amenazó de muerte a Forza?

Y una pregunta aún más importante: ¿por qué ya no se habla del tema de los medicamentos adulterados? 

    La realidad es que hoy la causa judicial está siendo totalmente manejada por dos testigos de identidad reservada, introducidos por el kirchnerismo a la fuerza. Uno es un mitómano llamado Daniel José Díaz, alias Chuck Norris y el otro es un ciudadano de Entre Ríos al que le han dado letra para poder justificar una serie de medidas que sólo servirán para alejarse de la verdad.

    Para comenzar a trabajar en serio hay que investigar los acuerdos existentes a partir del año 2005 entre el kirchnerismo y ciertos grupos de narcotraficantes mexicanos y colombianos, con fuertes lazos con ciertas droguerías y farmacias vernáculas. A través de estos acuerdos se aportó dinero sucio a la campaña del Frente para la Victoria.

    A cambio, se permitió ingresar al país a una veintena de personajes con profusos prontuarios delictivos —la DEA advirtió sobre esto mucho antes de que aparecieran los tres "empresarios" muertos—, se desmantelaron los radares en casi todo el país, se frenó la sanción de la ley de precursores químicos y se está destruyendo lo que queda del Sistema Informático María merced a la directora Nacional de Aduanas, María Silvina Tirabassi (4).

    Cabe una gran responsabilidad a dos importantes ministros de la Nación —uno de ellos mantiene contacto directo con verdaderos narcos mexicanos— y Fabio Trossero, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), quien ha hecho un gran negocio con la permisividad en la venta de efedrina.

    Debería indagarse asimismo sobre una cooperativa llamado Concred, a través de la cual Sebastián Forza solía cambiar cheques de terceros.

    Finalmente, debería investigarse a la droguería Josué, la que más efedrina ha exportado —muy por sobre todas las demás— y la única que jamás ha estado en la mira de Faggionato Márquez a la hora de avanzar judicialmente.

Concluyendo

    Mientras Faggionato Márquez sigue desviando la atención y los medios lo acompañan en sus erráticas medidas, en la localidad de General Rodríguez ha comenzado a correr un elocuente frío por la espalda de ciertos funcionarios. La honesta investigación de la fiscalía de Mercedes —enfrentada al juzgado de Campana luego de haber encabezado sin avisar el operativo realizado hace unos días en Gral. Rodríguez—, va apuntando inexorablemente hacia el secretario de Producción de la Municipalidad de General Rodríguez, Armando el Palomo Borches, quien aseguró oportunamente "si yo caigo, caen todos". El mensaje estuvo dirigido, no sólo a funcionarios de General Rodríguez (5), sino también a lo más granado del Poder Ejecutivo Nacional.

    Es dable mencionar a esta altura lo que Periódico Tribuna publicó el 6 de septiembre de 2008, cuando la investigación aún no estaba centrada en esa localidad del conurbano: "En este punto se encuentra la primera desinformación surgida del juzgado de Campana, ya que, a pesar de lo que se dijo oficialmente, en sus días de prófugo, (Manuel) Poggi jamás salió de General Rodríguez, sino que estuvo escondido en la quinta de Flavio Mastellone, director de compra de materia prima de La Serenísima. La estrategia se definió merced a Armando Borches —no casualmente de la localidad de Pilar—, el jefe de calle Darío Atrio y otros funcionarios de la misma zona geográfica. Aunque se quiera cerrar el círculo en su persona, la cuestión roza a funcionarios más importantes".

    La participación de la familia Mastellone —dueños de La Serenísima— en esta historia es algo digno de investigar. Pocos saben que Flavio Mastellone maneja la barrabrava del club Alem y que es dueño de la estación de GNC donde se reunieron en un par de oportunidades los "empresarios" asesinados con un grupo de narcos.

    Casualidad o no, en el día de ayer la policía llevó a declarar por la fuerza en el más estricto secreto a una ex empleada de esa estación de servicio. No se trató de cualquier persona, sino de la esposa del secretario de Salud y Acción Social de General Rodríguez.

    El temor crece a medida que pasan las horas y la desconfianza se va apoderando de cada uno de los implicados en la trama. Mientras, el kirchnerimo tiembla: sabe que la primera persona que se quiebre, provocará un efecto dominó imposible de detener.

Christian Sanz

(1) Parte de la entrevista hecha por este medio a Jesús Martínez Espinoza:
https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=4511

(2) Sobre la improbidad de Faggionato Márquez y sus contactos con Marco Lailson:
https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=4321

(3) Los nombres que no se quieren investigar:
https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=4425

(4) Destrucción del Sistema Informático María, anticipado antes que ningún otro medio:
https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=4208

(5) Uno de los más nerviosos en estos días es Juan José Rapetti, secretario de Economía de General Rodríguez.