Hace unos días, Periódico Tribuna anticipó que se venía "una interna feroz entre la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del secuestro de 750 kilos de cocaína por parte estos últimos en un galpón de San Miguel" (1). Al mismo tiempo, los medios de comunicación vernáculos aseguraban que se había tratado de un "allanamiento conjunto" entre las dos fuerzas.

    Hoy, la realidad le ha dado la razón a este medio. De acuerdo a lo publicado en el día de la fecha por diario Clarín, "investigan a tres policías por un confuso operativo antidrogas. Son de la Bonaerense. La Federal los encontró en un galpón de San Miguel junto a dos narcos mexicanos que escondían 750 kilos de cocaína. Aseguraron que estaban ahí por una pista de la ruta de la efedrina, pero la Justicia tiene dudas" (2).

    La primicia de este medio fueron mérito de una muy confiable fuente de información que estuvo presente al momento del allanamiento y que aseguró que la Policía Federal había querido "mexicanear" algunos ladrillos de cocaína, algo que la bonaerense no había permitido.

    La tirantez llegó a tal extremo, que el comisario Alberto Molina, uno de los que encabezaron el operativo por parte de la Policía Bonaerense, fue esposado y amenazado con ser llevado preso.


La pista General Rodríguez

    El temor crece a cada momento en General Rodríguez, frente a lo que pudiera declarar el titular de calle de la comisaría primera de esa localidad, Darío Atrio, detenido en el marco de la investigación por el triple crimen. Por caso, en las últimas horas, el policía —protegido del intendente Marcelo Coronel— recibió un sugestivo mensaje en su celular: "El silencio es salud".

    No sólo hay temor por lo que este pudiera contar referido al expediente judicial de marras, sino en lo relacionado a diversas irregularidades que involucran a la policía y la política más granada de esa zona. Atrio es un personaje fundamental, ya que ha manejado —y sigue manejando— las más importantes "cobranzas" a pedido de ciertos funcionarios de General Rodríguez, provenientes de ilícitos de todo tipo.

    En sentido similar, no es casual que el secretario de Producción de la Municipalidad de General Rodríguez, Armando Borches, fuera llamado a declarar y enviado nuevamente a su casa, siendo uno de los responsables directos del área municipal en cuestión. ¿Qué dijo en su declaración? ¿Por qué no se habló de este episodio?

    Casualidad o no, Borches vive en la zona de "Las Malvinas" y tiene con su esposa una veterinaria a cuatro cuadras de la Comisaría donde José Luis Salerno —otro de los mayores sospechosos— se desempeñaba.

    Como si todo esto fuera poco, hace dos días, asaltaron en General Rodríguez la casa del hermano del comisario Julio Barragán, quien pidió oportuna y reiteradamente el traslado de Atrio por su errática conducta. ¿Fue un mensaje? ¿Por qué nunca dieron bolilla a sus pedidos? ¿Por qué la gente respalda a Barragán, pero no así sus propios jefes?

    La clave está en la secretaria de Seguridad de esa localidad, Marta Baldo, fuertemente relacionada a Atrio y al tristemente célebre Manuel Poggi. Aunque su nombre ya fue deslizado en el expediente, aún no fue llamada a declarar.

    Otro de los temas que debería investigarse en profundidad es la muerte de un personaje conocido como el Paton Hirsfeld, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 15 de octubre de 2007. Si bien el caso fue caratulado como "averiguación de causa de muerte", nadie en General Rodríguez cree que se halla suicidado (3).

    Hirsfeld estaba con libertad condicional, en una causa judicial sobre "piratas del asfalto" en la que se encontraba como principal imputado y que iba a comenzar a ventilarse el 25 de octubre siguiente en los tribunales de Mercedes.

    Según publicó oportunamente un medio llamado Matarte y revivirte, "dos versiones recorren la calle a esta altura, una que indica que fue un ajuste de cuentas por el faltante de un dinero y otra que debido a las implicancias que podían tener sus declaraciones para varios personajes muy conocidos de la ciudad, fue ajusticiado. Es sabido que durante su larga estadía en la cárcel de Mercedes, no fueron pocos los 'amigos' poderosos y destacados que se 'borraron'. En declaraciones periodísticas, los recordó, sin nombrarlos."

    Para cerrar el círculo, el juez debería llamar a declarar a quien manejó la maquina que borró las huellas del lugar del crimen. Si lo hace, logrará acreditar que, quien dio la orden de "limpiar" el sitio, ha sido Pablo Escaglia. Si a este le preguntan a su vez quién le dio la orden de hacerlo, va a mencionar al intendente, Marcelo Coronel.    

    El secretario de Obras Públicas de General Rodríguez, José Luis Chimenti, podría ser llamado a declarar para testimoniar, no sobre este hecho, ya que él se encontraba en La Plata cuando se borraron las evidencias, pero sí sobre la responsabilidad de Escaglia y Coronel. Eso sí, antes tendría que explicar por qué se ha mostrado tan atemorizado en los últimos días.


Concluyendo

    Más allá de lo que trascienda en las próximas horas, hay una realidad imposible de ocultar: Leopoldo Bina, Hernán de Carli, Darío Atrio, Armando Borches y Manuel Poggi se conocen. Si se cruzan los teléfonos de todos ellos, esto se podrá demostrar fácilmente.

    El cruzamiento de líneas también dejaría al descubierto la participación en esta trama de Adelma Arguissain, esposa del intendente Coronel, uno de los personajes estelares del culebrón.

    Aunque el poder político intente desviar la investigación forzando la participación de supuestos testigos protegidos en el expediente y metiendo tras las rejas a perejiles que no tienen nada que ver con el tema —especialmente aquellos que ostentan nacionalidad mexicana—, la causa avanza de manera inexorable hacia la realidad de lo sucedido.

    Como ya se mencionara desde esta misma columna, basta que uno solo de los implicados se quiebre, para que se descorra totalmente el velo de la impunidad.

Christian Sanz

(1) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=4581

(2) Ver http://www.clarin.com/diario/2008/11/19/um/m-01805609.htm

(3) También habría que indagar sobre el asesinato del Negro Navarro, otro personaje marginal que podría haber puesto en aprietos a más de un funcionario rodriguense.