En los últimos días, han sucedido dos hechos de gran relevancia relacionados al Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, organismo seguido muy de cerca por este periódico por diversos hechos de corrupción.
Por un lado, frente al total desconocimiento de los medios de información —y de la sociedad toda—, hace unos días fue designado en el novísimo cargo de subinterventor de Lotería, el ex Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la provincia de Buenos Aires, Néstor Cotignola.
¿El motivo? Alberto Pérez, jefe de Gabinete del gobernador Daniel Scioli habría encontrado una serie de "desprolijidades" en torno a la gestión del interventor de Lotería, Luis Alberto Peluso. En tal sentido, se ha puesto a Cotignola en ese cargo a efectos de controlar de alguna manera al polémico interventor.
Es dable mencionar que Peluso posee una denuncia en la Justicia de La Plata por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Cotignola, el elegido por Pérez para controlar a Peluso, tiene larga militancia en Vicente López y respondería al presidente del PJ de Vicente López, Martín Cosentino, y al diputado Guido Lorenzino.
Por otro lado, en las últimas horas fue eyectado de su cargo el director de Mercado de Lotería, Carlos Héctor Luque, luego de la denuncia presentada por Tribuna de periodistas contra su persona y la de Peluso.
El expediente se inició el 21 de noviembre de 2008 y allí se señalaron diversos delitos: "abuso de autoridad (Art. 248 del C.P), incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 249 del C.P), negociaciones incompatibles con la función pública (Art. 265 del C.P), exacciones ilegales (Art. 168 y 266 del C.P) y presumible cohecho (Art. 256 del C.P)", en el marco de las tareas desarrolladas por Peluso y Luque.
Dice la denuncia de marras: "de acuerdo a diversas investigaciones periodísticas, especialmente del periodista Christian Sanz se habrían detectado elocuentes irregularidades en torno a la entrega de licencias de lotería a agencieros de la Provincia de Buenos Aires".
Entre los fundamentos, se asegura que "el día 20 de octubre de 2008 el periodista Christian Sanz publicó una entrevista al titular de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines bonaerense, Heriberto Castellaneta. En el marco de esa entrevista, El Señor Castellaneta admitió que varios agencieros se quejaron ante él, diciendo que los habían querido “cometear”, esto es, solicitarles exacciones ilegales desde Lotería bonaerense. A la hora de señalar a alguna persona en particular, en la entrevista de marras, el entrevistado Castellaneta menciona al aquí co-denunciado, Carlos Alberto Luque. En sentido similar, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, a través de la figura de Luis Alberto Peluso, otorgó de manera poco transparente, 176 permisos para la apertura de agencias de lotería y juegos en la Provincia de Buenos Aires".
Cachito, el cometero
Carlos Héctor Luque, alias "Cacho", DNI 16.353.790, vive en la calle 25 de Mayo 2380 de la localidad de General Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires y posee una jugosa cuenta en el banco Santander Río.
Nacido en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, nació el 12 de septiembre de 1969 y está casado con Marcela Elizabeth Martínez.
El gran secreto que esconde Luque es la causa 16.139 que tramita en la localidad de Tigre en su contra por "malversación de caudales públicos". Allí el funcionario fue procesado por el juez Alejandro de Korvez en el año 1990, aunque se encargó —Luque— de que no quedara registro alguno de ello, siquiera en Internet.
Para poder llegar a ese dato, este periódico debió hurgar profundamente en el departamento judicial de Tigre. Para los funcionarios de Lotería hubiera sido mucho más sencillo si se lo hubieran propuesto. Cabe preguntarse ¿no conocían acaso los antecedentes de Luque antes de contratarlo?
Como si no fuera suficiente, el mismo funcionario aparece involucrado en el mismo delito en una causa judicial (Nº 34.669) de la localidad de San Miguel. Así lo cuenta en su libro El entorno, el periodista Daniel Otero: "Se investigaron irregularidades cometidas en la distribución de la correspondencia municipal —reparto de impuestos a los contribuyentes—. Podría tratarse de una asociación ilícita. Uno de los involucrados, Carlos Luque, solicitó eximición de prisión, pero su pedido fue denegado. En el expediente figura un listado —emitido por computadora— firmado por el Dr. Enrique Marafetti, subsecretario de Hacienda de la Municipalidad de San Miguel, donde aparecen 61 agentes comunales, con su correspondiente número de legajo, quienes habrían cobrado por realizar el reparto de correspondencia municipal.
Se investigó una supuesta organización encabezada por el Director de Control de Gestión y de Acción Social, Educación y Cultura, Carlos Luque, por la que se distribuiría 'en negro' las boletas de las tasas municipales. Esta tarea se haría mediante punteros y manzaneras a un costo que se estimaría en 20.000 pesos. El dinero provendría de la retribución que recibirían 60 empleados municipales, muchos de ellos de alta jerarquía, por esa distribución que en realidad no realizarían. La recaudación habría alcanzado los 140.000 dólares mensuales.
Una vez más, el autor del derrumbe, fue un periodista. Al director del periódico La Ciudad, Ariel Sar, sus investigaciones le repararon una golpiza. Ocurrieron en pleno centro de San Miguel y en pleno mediodía del 14 de agosto de 1995. Sus autores —una vez más— fueron identificados, lo que no impidió que continuaran merodeando con naturalidad por los pasillos del municipio."
Concluyendo
Es más que oportuno que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires intervenga en los desaguisados del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, aunque más no sea para controlar lo que allí sucede.
Es realmente intolerable que un organismo de semejante relevancia haya sido cooptado por funcionarios de dudosa honestidad. Por caso, Carlos Gallo trabaja bajo las órdenes del oscuro Cristóbal López a la vez que lo hace en Lotería.
También es de destacar que se haya dado relevancia a las denuncias publicadas por este medio; habla a las claras de la celeridad con la que pueden manejarse ciertos temas cuando hay voluntad política.
Finalmente, no hay que perder de vista —siquiera por un momento— el siguiente dato: Cristóbal López está fuertemente sospechado de lavar dinero de negocios sucios, un dato no menor. Ergo, si no se trabaja ya mismo para revertir esta situación, habrá mucho que lamentar en el corto/mediano plazo.
No es poco.