A fines de noviembre de 2008, fue detenido, entre pitos y matracas, el rosarino Mario Roberto Segovia, sindicado como el "mayor proveedor de efedrina de los carteles mexicanos" desde la Argentina, en el marco del expediente judicial que lleva adelante el payasesco juez de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez.

    Segovia fue señalado por  haber "trasladado" en los últimos años, desde Buenos Aires a Rosario, 8.171 kilogramos de efedrina, lo que, según se hizo trascender, equivaldría a 30 millones de dólares en el mercado mexicano. 

     A pesar de que el procedimiento se vendió como un "operativo exitoso", nunca fueron aclaradas tres cuestiones que pondrían aprietos a más de un funcionario kirchnerista de primera línea. 

    1-Si Segovia era investigado desde septiembre de 2006, como dijo el "todólogo" ministro Aníbal Fernández, ¿cómo es que está relacionado con la investigación de Faggionato Márquez, si esta se inició recién en 2007?

    2-¿Por qué se miente al asegurar que Segovia era el "mayor proveedor de efedrina" cuando los registros demuestran que otras droguerías han comercializado mucha más cantidad que él, como es el caso de Josué?

    3-Lo más importante: ¿quién le dio protección al rosarino durante tantos años? Es pueril imaginar que Segovia pudiera tener semejante organización a espaldas del poder político y policial más granado.

    Lo que se revelará en el presente artículo dará parte de las respuestas a estas preguntas.


El protegido

    Si bien el periodismo hizo una oportuna y exhaustiva descripción de Segovia, hablando de su "estilo de vida suntuoso" —posee cuatro autos último modelo y hasta dos camionetas Hummer, valuadas en unos 140 mil dólares cada una—, nadie habló de la descomunal posesión de armas que solía ostentar a sus más íntimos. Veamos:

    -Una carabina semiautomática Ruger, calibre 22, credencial 3278371, emisión 01/07/2009.

    -Una escopeta de repetición Maverick, calibre 12, credencial 3152499, emisión 24/02/2005.

    -Una escopeta de repetición Remington, calibre 12, credencial 3994035, emisión 27/03/2008.

    -Una escopeta semiautomática Franchi, calibre 12, credencial 3105205, emisión 12/03/2008.

    -Una pistola semiautomática Beretta, calibre 9, credencial 3594356, emisión 27/07//2006.

    -Una pistola semiautomática Glock, calibre 10, credencial 3479399, emisión 13/03/2006.

    -Una pistola semiautomática Glock, calibre 9, credencial 2246781, emisión 29/11/2001.

    -Una pistola semiautomática Glock, calibre 9, credencial 3041491, emisión 30/09/2004.

    -Un "pistolón" de un caño tiro a tiro marca Rexio, calibre 14, credencial 3221785, emisión 15/05/2005.

    -Un revolver de acción simple North América, calibre 22, credencial 39940036, emisión 27/03/2008.

    Como puede verse, tres de las armas mencionadas le fueron habilitadas en marzo de 2008, dos de ellas exactamente el mismo día. Ahora, si en esa fecha estaba siendo investigado por la Justicia, ¿cómo es que nadie le impuso trabas a la hora de darle los permisos pertinentes?

    Para que Segovia fuera habilitado a tener armas, tuvo que existir la certificación de dos profesionales: una contadora y una psicóloga. La primera para dar fe sobre los "medios lícitos" de subsistencia del rosarino, la segunda para ver su aptitud psicofísica. 

    La Justicia deberá pues indagar sobre las profesionales que extendieron sendos documentos. La contadora se llama Adriana Condolí y su matrícula es 50.235; la psicóloga es Mónica de Dios, matrícula 29.213. Ambas atienden en Capital Federal.

    Finalmente, un dato escalofriante: quien habría hecho la gestión para que Segovia obtuviera la portación es, ni más ni menos, que Martín Lanata, el mismo que le gestionó el oportuno permiso de tenencia de armas a Sebastián Forza, uno de los tres "empresarios" asesinados en Gral. Rodríguez en agosto de 2008.

    Lanata, es dable recordarlo, es una persona de enorme confianza del ministro de Justicia, Aníbal Fernández y trabajó con él cuando este ostentaba el cargo de ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.


Concluyendo

    Desde el preciso momento en que comenzó la causa de la ruta de la efedrina, este periódico anticipó que sólo se trataba de un circo que serviría para expiar culpas del kirchnerismo. Había dos fuertes connotadores para hacer semejante afirmación: por un lado, el juez a cargo del expediente iba a ser —y fue finalmente— Federico Faggionato Márquez, un enriquecido juez que arrastra una docena de denuncias ante el Consejo de la Magistratura; por el otro, dos periodistas de este medio fueron testigos involuntarios de cómo un funcionario del ministerio de Justicia salía del despacho del magistrado a poco de iniciarse la causa judicial.

    Ergo, era más que evidente que el expediente sería una payasada total. La realidad indica que los verdaderos narcotraficantes están bien lejos de ser perseguidos por la Justicia. Menos aún por el gobierno, el cual sólo persigue a los perejiles menores.

    No está mal que esto suceda, todo narcotraficante —sea grande o pequeño— debe caer en las garras de la Justicia, el problema es cuando los más chicos están presos y los más importantes no.

    Peor aún, el problema es cuando ocupan los lugares más altos del Poder Ejecutivo Nacional.

Christian Sanz