El día 10 de septiembre de 2009, luego de que diario Clarín denunciara un ilícito referido al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, las oficinas de ese mismo periódico fueron invadidas por más de 150 funcionarios que inspeccionaron el lugar escudados en la razón de una supuesta “visita rutinaria” (1).

El escándalo fue tal que, inmediatamente, el gobierno salió a asegurar que nada tenía que ver con ese acontecimiento. Al mismo tiempo, el titular de la AFIP denunció una operación oscura contra su persona, al tiempo que prometió que echaría a los supuestos responsables de lo sucedido. Nada ocurrió finalmente, y todo quedó en la más increíble pantomima.

Si bien en un principio el propio Echegaray aseguró que los inspectores  Sergio Mancini y Andrés Vázquez habían actuado por cuenta propia —y que por ello habría sanciones para ambos—, pronto se desdijo y admitió que el operativo había sido “irreprochable”, motivo por el cual no habría sanción alguna para ninguno de esos funcionarios.

Lo que nadie conoce es la historia detrás del sumario que salvó a Mancini y Vázquez. Es una historia con nombre y apellido: Pedro Roveda. Se trata del abogado que instruyó el paper que deslindó todas las responsabilidades —incluso la del propio Echegaray— en el marco del operativo mencionado.

Roveda es en la actualidad Jefe de División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas, pero está a punto de ser ascendido al puesto de Subdirector General de Legal y Técnica Aduanera, por orden del mismo Echegaray, como claro premio por haberlo "ayudado" en dicho sumario administrativo.

El dato es un molesto “secreto a voces” dentro de la AFIP.

El misterioso Sr. Roveda

Pedro Roveda es un conspicuo militante del Opus Dei y se encuentra fuertemente relacionado con las jerarquías eclesiásticas católicas de la zona norte del conurbano bonaerense. Asimismo, está vinculado con agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Policía Federal.

Su hermana, María Cristina, quien también trabaja en la AFIP, está procesada con auto firme en la Justicia Federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por contrabando en la Justicia en lo Penal Económico, pese a lo cual no ha sido siquiera suspendida en sus funciones, como hubiera correspondido reglamentariamente. Las conexiones de su hermano la han salvado.

Además, ambos son hijos de uno de los fundadores del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que actualmente conduce Carlos Sueiro. Dable es destacar la relación gremial y que en sede sindical se mueven como si fuera su casa.

Es en ese marco que debe entenderse el enorme poder de Roveda y su gravitación en el entorno de Echegaray.

Volviendo al tema del expediente: “Es evidente que hay, claramente, una compra de favores, mediante la cual el sumariante, Dr. Roveda, dio por finalizado el sumario disciplinario contra Vázquez, Mancini y Echegaray sin reproche de ningún tipo, lo cual —a estar por los dichos de los propios Vázquez y Mancini— no pudo tener tal final, al menos en lo que respecta a Echegaray, toda vez que ellos mismos dicen que la orden fue dada por él”, aseguró una importante fuente de la AFIP a este cronista.

Otro dato a tener en cuenta: el sumario de marras no debió ser instruido dentro del ámbito de la propia AFIP, porque se encontraba implicada su máxima autoridad, el Administrador Federal de Ingresos Públicos, cuya influencia y jerarquía no pueden dejar de afectar las conclusiones del sumariante. La realidad indica que el sumario debió haberse tramitado en la Procuración del Tesoro o en la Auditoría General de la Nación, organismos ajenos a la AFIP.

Esto último es un dato fundamental, que no ha sido tenido en cuenta por nadie y que muestra a las claras la manipulación que sufrió todo el trámite desde un principio.

Es la prueba más cabal de la mentira oficial.  

Christian Sanz

(1)   De la misma manera, Clarín reveló que sugestivamente, y de manera simultánea, se realizaron operaciones similares en “domicilios particulares de directivos, síndicos y apoderados del Grupo, que en cada caso llegaron a incluir hasta 8 personas”.