La conformación del Fondo del Bicentenario a través del Decreto 2010 fue anunciado por la presidenta Cristina Kirchner el lunes 14 de diciembre de 2009, luego de una serie de reuniones acaecidas ese mismo fin de semana junto a sus funcionarios más cercanos. En una pomposa ceremonia, se aseguró entonces que el dinero se utilizaría para desendeudar al país a través del uso de reservas del Banco Central, algo que pronto se supo falaz.

La confesión respecto al real uso de los fondos la hizo el propio Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al admitir a mediados de enero pasado que serían para cubrir el creciente gasto público.

Un dato no menor: hasta las proyecciones más optimistas aseguran que durante 2010 habrá un preocupante incremento del déficit fiscal y que la economía se contraerá aún más que en 2009. Ante semejante panorama, el oficialismo intentó adelantarse a los hechos y manotear la bóveda del Central, la única fuente de dinero cuantioso que le queda, luego de haber saqueado los fondos de las AFJP.

No lo hizo de la mejor manera. Desde el preciso momento que empezó el culebrón por el manejo de esos fondos, el Gobierno no ha dado pie con bola: la Justicia inmovilizó el dinero del Central, reincorporó a Martín Redrado en su cargo al frente de esa misma institución y fustigó duramente a los Kirchner por avasallar las instituciones oficiales.

¿Cómo reaccionó a su vez el oficialismo ante tanta adversidad? De la peor forma: habló de complots, acusó a la oposición de conspirar y embistió a través de medios de comunicación afines contra los funcionarios que se opusieron a la descabellada medida del uso de reservas.

Esto no hizo más que aglutinar la crítica de toda la oposición contra el oficialismo y les puso en contra a importantes diarios locales y foráneos.

Ahora, en el marco de esa escalada, ocurrió lo peor que podía pasarle al kirchnerismo: la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó el fallo de la jueza de primera instancia María José Sarmiento, respecto a la no afectación de las reservas del Banco Central. Lo hizo al rechazar la apelación del Gobierno contra la medida que había suspendido los efectos del decreto 2010.

En el mismo sentido, el tribunal resolvió que decisión de la jueza Sarmiento de reponer a Martín Redrado al frente del Banco Central, fue acertada, lo cual provocó la ira del kirchnerismo a pleno. Un síntoma de ello es el silencio oficial de estas horas.

La verdad indica que el Gobierno no esperaba terminar una semana tan adversa con una noticia como esta, no al menos después de haber hecho tan fuerte presión a la Justicia a través del procurador Osvaldo Guglielmino, a la sazón operador “todoterreno” del oficialismo.

Frente a lo sucedido, el único camino legal al que puede apelar el oficialismo es intentar llegar hasta la Corte Suprema de Justicia a través de un Recurso Extraordinario, una medida que aparenta tener pocas chances de prosperar y que debe ser evaluada detenidamente por ese mismo cuerpo antes de ser admitida.

Mientras estas líneas son escritas, se ha convocado a una intempestiva nueva reunión en la Quinta de Olivos. Sólo unos pocos “afortunados” han sido invitados a participar allí: el matrimonio presidencial, Carlos “Chino” Zanini y un cuerpo de abogados pertenecientes a la secretaría General de la Presidencia.

Aún no se sabe cómo el Gobierno va a enfrentar este nuevo inconveniente, pero se especula con dos medidas concretas:

1-Que busque algún vicio de nulidad respecto al reciente fallo de la Cámara, lo cual sería de dudosa efectividad legal.

2-Que se opte por utilizar otra fuente de financiamiento para obtener el dinero que necesita.

Pase lo que pase, la Justicia ha aleccionado al kirchnerismo de manera concluyente, al confirmar que “el Poder Ejecutivo no puede nombrar definitivamente a ningún presidente del Banco Central hasta que el Congreso se pronuncie”. En buen romance, lo que dicen los jueces es que el Banco Central debe ser independiente.

Toda una lección de respeto a las instituciones ante tanto avasallamiento oficial.