Una de las causas judiciales que provocan mayor temor en Casa de Gobierno en los últimos tiempos, descansa en el despacho de la jueza Federal María Romilda Servini de Cubría. Es un expediente que está relacionado con la posible comisión del delito de lavado de dinero en la campaña del Frente para la Victoria que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia en el año 2007.

El gobierno ha hecho lo imposible para conocer los detalles de esas fojas y eventualmente frenar sus coletazos, pero jamás lo logró. Todos los “negociadores” enviados por Casa de Gobierno se encontraron con el feroz “ninguneo” de la magistrada y la presión debió culminar cuando Servini denunció públicamente que había encontrado un micrófono en su propio despacho.

A partir de ese momento, la jueza manejó el expediente con total reserva, sin informar siquiera a sus colegas respecto a las medidas a tomar de cara al futuro. Eso le permitió avanzar de manera tal, que llegó a acreditar casi por completo el delito de blanqueo de capitales por parte del FPV, siempre gracias al testimonio de media docena de empresarios que nunca pusieron un sólo peso y aparecieron en el listado oficial de aportantes.

En tal sentido, en las últimas horas, ocurrió un hecho que pasó casi inadvertido para los medios de prensa y que tiene una enorme relevancia. Es que el fiscal electoral, Jorge Di Lello “aconsejó” a Servini de Cubría no aprobar “por ahora” la rendición de gastos de la campaña del FPV, debido a las anomalías que aparecen allí.

Según consigna diario Clarín en el día de la fecha, “la aprobación o rechazo de este informe de campaña ya lleva un atraso enorme. La Cámara Nacional Electoral había intimado a Servini a que resolviera el caso antes de las elecciones del año pasado. Y todo indica que el trámite será siguiendo lento: la jueza se operó la semana pasada de los ojos y está de licencia”.

Un dato: es la primera vez desde que está en vigencia la ley de financiamiento electoral que el fiscal Di Lelo impugna un informe de gastos de campaña.

Como sea, el expediente avanza más rápido de lo previsto, especialmente después de la declaración de Gabriel Brito, uno de los “aportantes que no aportó” a la campaña del FPV. Es que, los documentos que presentó ante la Justicia y que demuestran el delito de blanqueo de capitales, son más que elocuentes.

Entre otras cosas, Brito aportó la factura del aporte "trucho" al FPV

El caso de Brito es idéntico al de otros empresarios que aseguran que, no sólo no aportaron dinero, sino que les daban el 7% de lo que firmaban como supuesto pago electoral. Algunos de ellos ya aportaron ante la jueza.

Ahora, sólo resta que, obedeciendo órdenes de la Cámara Federal, Servini termine de puntualizar las irregularidades del financiamiento K y avance hasta los más relevantes responsables políticos.

No es poco.

Christian Sanz